Pérez Volpin: el abogado de la familia se queja por el accionar del juez

A 20 días de su muerte, su abogado reclama que se tomaron pocas medidas de prueba
A 20 días de su muerte, su abogado reclama que se tomaron pocas medidas de prueba Fuente: Archivo
María Ayzaguer
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26 de febrero de 2018  • 19:00

A veinte días de la muerte de Débora Pérez Volpin, ocurrida el 6 de febrero, nadie ha sido citado a declarar aún. Así confirmaron a LA NACION fuentes cercanas a la querella, que dice que no ha tenido grandes avances hasta el momento.

Según los abogados de la familia, resta aún citar a declarar a todos aquellos que tuvieron contacto con la paciente desde que ingresó a la clínica (médicos, enfermeros, administrativos), y más específicamente a los tres profesionales presentes en el procedimiento endoscópico en el que la periodista falleció. "Ya tendría que haberlo hecho, es el ABC de la investigación", dijo en diálogo con LA NACION, Diego Pirota, abogado de la querella. Resta aún reconstruir qué sucedió en esos fatídicos minutos.

La familia de Pérez Volpin está confiada de que hubo mala praxis y siente malestar con la demora en realizar medidas de prueba y citar a testigos. En concreto, el pasado miércoles 21, la querella solicitó que se perite el endoscopio secuestrado y otros equipos médicos, que la clínica presente la nómina de todos aquellos que trabajaron los días 5, 6 y 7 de febrero y que se certifique si los profesionales que atendieron a Pérez Volpin están inscriptos en el registro de Salud Pública. La fiscal Dora Nancy Olivieri, a cargo de la investigación, hizo lugar a este pedido que le transmitió al juez Gabriel Ghirlanda.

Desde la fiscalía mantienen total hermetismo y no contestaron los llamados de LA NACION. Se cree que comenzarán a llamar a declaraciones testimoniales una vez que tengan los resultados finales de la autopsia.

Para la querella es importante dar con todas las personas que intervinieron en la atención de la paciente, porque, según cuentan, de la historia clínica no se desprende que haya habido un médico aglutinando toda la información, sino más bien una recopilación de lo que hacía cada profesional por separado. "Esto tiene que ver con la responsabilidad que van a tener todos los profesionales, más allá de los dos médicos imputados; hubo un mecanismo que funcionó mal desde que la paciente ingresó a la clínica", detalló Diego Pirota, abogado de la familia. "Débora fue pasando de mano en mano y nadie se detuvo a diagnosticarla, todos tienen participación necesaria", agregó.

En la historia clínica no figura ningún diagnóstico de la paciente, cuentan fuentes con acceso a la causa. "Motivo de ingreso: epigastralgia" (dolor abdominal), se repite en cada página haciendo más referencia un síntoma que a un diagnóstico presuntivo. Las versiones que circularon sobre una posible hepatitis no se pudieron comprobar ni figuran en la historia clínica.

Molestias por una carta de lectores en LA NACION

En diálogo con TN, el abogado de la familia Pérez Volpin se mostró descontento con las declaraciones que el encargado de Neumonología y Endoscopía Respiratoria del Sanatorio Trinidad publicó en el diario LA NACION. En la carta, publicada ayer, el profesional médico dice: "Los errores, si es que los hubiese habido no deben ser sinónimos de culpa". Al respecto, Pirota le contestó que su declaración es "cuanto menos lamentable", y que el Código Penal está para determinar si un error es punible o no. Y agregó: "A la muerte de Débora no hay que enterrarla dentro de un margen de error, al profesional le digo que había 9 lesiones en el estómago".

Dudas respecto al endoscopio secuestrado

En los últimos días trascendió que desde el entorno de la familia de Débora Pérez Volpin desconfían que el endoscopio secuestrado del Sanatorio de La Trinidad sea el que efectivamente se usó para el estudio del 5 de febrero. "Parece un endoscopio de los que se usan en hospitales de frontera, imposible que ese equipo estuviera en un quirófano", dijeron. La querella pidió que lo periten porque consideran que se secuestró tarde -3 días después de la muerte- y por eso puede haber sido cambiado. El juez Ghirlanda rechazó hoy estas medidas.

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