Procurador general de la Nación, una elección trascendente

Se trata de la decisión más importante en el plano institucional que deberá tomar el presidente Macri en lo que resta de su mandato
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28 de febrero de 2018  

Desde estas columnas, hemos advertido en más de una oportunidad sobre las dificultades que encerraba para el Gobierno encarar el reemplazo de la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien politizó burdamente su gestión al privilegiar la actuación de la agrupación Justicia Legítima, de la que es dirigente. Esa partidización afectó seriamente el carácter técnico de una institución de la trascendencia de la del procurador general de la Nación.

Gils Carbó, junto con un séquito de funcionarios igualmente politizados, fomentó la división entre sus integrantes y trabajó afanosamente por convertir el ejercicio de la acción penal en un bastardeado instrumento de política partidaria. Se perdió así el sentido de la función que le asignó al Ministerio Público la reforma constitucional de 1994, al diseñarlo como un órgano independiente de los poderes Ejecutivo y Judicial, cuya función es "promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad".

El procurador general debe ser y actuar de manera independiente, no como un apéndice del Poder Ejecutivo o un representante de una facción política, que desde un cargo de tal relevancia abogue por profundizar grietas en una comunidad pluralista como la nuestra, tal como ocurrió con quien cesó en el cargo el 31 de diciembre último. Por el contrario, la función impone construir puentes que permitan superar esas grietas abiertas a través de su sólida actuación técnica ante la Justicia, en coordinación con los otros poderes del Estado. Esta tarea adquiere una relevancia aun superior en una época en que la acción judicial debe contribuir a la paz social, contra cualquier expresión o alternativa de violencia.

En ese contexto, y desde el papel que por mandato constitucional se le ha asignado cumplir, el Ministerio Público Fiscal debería ser uno de los principales arietes en la lucha contra el extendido flagelo del narcotráfico, coordinando su actuar con la gestión de los cuerpos de seguridad nacionales y con gobernadores que, como la bonaerense María Eugenia Vidal, administran zonas calientes de nuestro país.

Otra herencia dejada por la exprocuradora es el absurdo crecimiento de nombramientos en el organismo durante los últimos años, muchos de ellos valiéndose de burdas estratagemas burocráticas que permitieron, por ejemplo, designar fiscales en algunas jurisdicciones para cumplir funciones en otras, casualmente en los domicilios de los así designados. Pero no es solo el aspecto cuantitativo -cuenta con más de 5000 integrantes-; se realizaron, además, infundadas aperturas del organigrama que se extienden a múltiples ramas del derecho. También en este aspecto la situación actual impone un diagnóstico preciso para soluciones que la ley prevea y una flexibilidad en los criterios de aplicación por ser consideradas por un nuevo procurador general.

La actividad de los fiscales se extiende por todo el territorio nacional y son ahora vastas las materias federales que los ocupan, por lo que debería ser notoria su contribución para un auténtico federalismo de concertación. La lucha contra el narcotráfico y la trata de personas y el mayor acceso a la Justicia están estrechamente entrelazados con los derechos a la vida, a la salud y al ambiente, entre otros, por lo que es muy posible que se deba modificar el despliegue territorial de los fiscales en diversas zonas sensibles del país, en particular, en las de frontera. Urge analizar las funciones esenciales que cumplen los fiscales dispersos en el territorio y el apoyo técnico que necesitan, evitando la excesiva burocratización y politización actuales.

Existe un nuevo proyecto de ley promovido por senadores de los principales bloques, dirigido a encarar la reforma de ese órgano de un modo más limitado que el que se propuso en la Cámara de Diputados en 2016. Entre otros objetivos, se buscaba corregir las amplias facultades que se concedió a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, evitando que lesionaran la independencia y la autonomía funcional previstas en la Constitución.

Resulta destacable que los proyectos, pese a sus diferencias, sumen voluntades de legisladores de varios bloques en ambas cámaras, lo cual denota que existe consenso parlamentario para adecuar la ley vigente a la nueva realidad de esa institución.

A título de ejemplo, existe un extendido acuerdo en reducir el mandato del procurador general, desterrando su carácter de inamovible, a diferencia de lo fijado para los demás fiscales, aspecto constitucionalmente más apropiado para las cabezas del Ministerio Público, que deben actuar en defensa de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la república. Definir el contenido de esos intereses y las prioridades bajo las cuales deben atenderse en cada momento histórico conforma una operación de neto carácter político que corresponde a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación, correspondiéndole al procurador general actuar coordinadamente con ellos.

El referido consenso parlamentario de adaptar la ley de Ministerio Público a las actuales circunstancias debería trasladarse también al modo de designación del procurador general requiriéndose mayorías calificadas para que el Senado preste acuerdo al candidato propuesto por el Poder Ejecutivo. En este sentido, los consensos políticos, el tan mentado "arte del acuerdo", en palabras del presidente Macri, son imprescindibles cuando la coalición gobernante no posee mayoría propia en ambas cámaras.

La designación del procurador resulta una cuestión de principios, porque la persona elegida debe asegurar, como fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fiel cumplimiento de la Constitución en todos los ámbitos del derecho, lo cual, junto con la defensa de la legalidad por la vía judicial, representa la garantía primordial para asegurar la paz en nuestra sociedad.

Lamentablemente, esos acuerdos de palabra de los legisladores de distinto signo no se han visto aún plasmados en una sanción concreta. Se espera que ello ocurra a partir de mañana, tras la inauguración del nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso. Se requiere también que el Poder Ejecutivo avance en el análisis de quienes podrían ser los candidatos a ocupar ese cargo. Da la sensación de que las autoridades se sienten conformes con Eduardo Casal como procurador interino desde la renuncia efectiva de Gils Carbó. Más allá de las condiciones profesionales y técnicas de ese funcionario, es un grave error mantener ese interinato. Hay medidas que no se están tomando y cuestiones que no se están resolviendo, por lo que es menester completar la titularidad del organismo con quien tendrá la autoridad y la fuerza para encarar esas tareas.

Son muchos los nombres en danza de candidatos, pero muy pocos los postulantes que tienen las capacidades necesarias para un cargo de semejante trascendencia institucional y, especialmente, teniendo en cuenta la función que el nuevo Código Procesal Penal les ha asignado a los fiscales.

En síntesis, se requiere una ley que reforme la del Ministerio Público para adecuarlo a las necesidades de nuestro tiempo, despolitizándolo a fin de transformarlo en un órgano eficiente, capaz de combatir la violencia de cualquier naturaleza, de reafirmar el derecho y la justicia como condiciones de la paz y de contribuir al mejor funcionamiento de una sociedad pluralista y democrática.

La designación de un nuevo procurador general, con una integridad moral y técnica que garantice su independencia, resultará un instrumento clave al servicio de un programa acordado legislativamente para consolidar la defensa y el desarrollo institucional que fija la Constitución. Y será, sin dudas, la decisión más trascendente que tome el Presidente en materia institucional en lo que resta del cumplimiento de su mandato.

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