Fiscales rigurosamente descuidados

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27 de octubre de 1996  

En la jerga con que los gacetilleros de la policía suelen escribir sus informes para el mundo exterior, decir los federales es hablar de los policías de la Capital.

A veces, los federales cumplen funciones de vigilancia o seguridad. Si tienen que pasarse una noche entera cuidando a alguien, el lugar elegido siempre es el más incómodo: la mesa de la cocina, la del comedor, tres sillas duras una junto a otra o directamente el piso. Eso les garantiza despertar al menor ruido, un modo primitivo pero eficaz de prevenirse del sueño pesado.

Precauciones de esta índole tomaban los policías de seguridad que cuidaban al fiscal Pablo Jorge Lanusse, hasta que lo dejaron pasear solo una noche, hace algunas semanas, y dos desconocidos lo emboscaron y tajearon en la cara y la espalda, aprovechando la inexplicable falla en el sistema de protección armado por la policía.

Según el ministro de Justicia Elías Jassan, 67 efectivos componían la custodia de Lanusse en el momento de la agresión. Tenían la obvia función de evitar que ésta se produjera.

Pero Lanusse no es el único fiscal rigurosamente descuidado. Una licencia de dos semanas, un programado viaje al exterior y la proximidad del nacimiento de su segundo hijo, que se produjo pocos días antes de la nueva agresión, lo habían distanciado un tanto del trabajo tiempo antes del atentado. "En los últimos meses vino a trabajar cuatro o cinco veces", comentó a la Revista el desconcertado cotitular de la fiscalía número 10, Miguel Angel Osorio. "Las cosas fundamentales de la causa las encontrés yo y además... somos seis los fiscales que trabajamos en la causa, más todos estos chicos que usted ve acá..."

Como quiera que sea, lo cierto es que la noticia de la última agresión a Lanusse cayó como una bomba en el quinto piso del edificio de la calle Comodoro Py 2002, donde trabajan todos.

Doce fiscales de primera instancia y doce adjuntos, además de los empleados meritorios que, en su mayor parte, son estudiantes de derecho avanzados o abogados recién recibidos trabajan ahí todos los días, alternando sus horarios según las causas que lleven, desde las ocho de la mañana hasta que oscurece. Su función es llevar adelante las investigaciones -no juzgar- vinculadas con el ejercicio de la función pública y los delitos relativos a las cuestiones de Estado, por lo que se encuentran inevitablemente siempre en el ojo más político de las tormentas judiciales.

Hoy, la seguridad de esos fiscales es exactamente la misma que cuando se produjo el atentado contra la hermana de Lanusse. Y decir la misma es decir prácticamente nula, ya que por mucho empeño que una mujer policía -único oficial de guardia que tienen- ponga en controlar los pasos de las personas que circulan por el pasillo, poco y nada es lo que podría hacer en caso de otra agresión mafiosa.

Hasta hace algunos años, cuando las fiscalías eran seis, cada fiscal tenía un policía custodiando su despacho. Ahora, que los despachos son doce, hay una sola persona custodiándolos a todos.

Ninguna indicación para reforzar la seguridad de los fiscales recibieron los encargados del destacamento policial que se supone cuida la Cámara de Casación, ubicado a la vuelta del edificio. Rodeados de gatos que toman sol tirados en la entrada, los 150 policías de la guarnición pasan las horas con la misma pachorra tranquila que los mininos. Su única función claramente asignada es prevenir que los periodistas que van a cubrir la información tribunalicia no fastidien a los jueces federales más de lo que los jueces quieran.

"Lanusse debe haber recibido un refuerzo de guardia, sería lo lógico con lo que le pasó", supuso ante este redactor el subcomisario Víctor Quadro. "Pero no es nuestra responsabilidad". El trámite burocrático que los fiscales deberían haber seguido en caso de requerir más protección es el de una nota a la Corte para que ésta a su vez remita un pedido de refuerzos a la Policía Federal. Ni los fiscales hicieron ese escrito ni la policía informó, pese a las reiteradas consultas de la Revista, cuáles y de qué características son los recaudos que se tomaron para prevenir una nueva agresión.

La sensación que se palpa entre quienes trabajan en las fiscalías es que "el magnicidio no lo evitás nunca"; tales fueron las palabras empleadas por uno de ellos, con dieciocho años de antigüedad en la Justicia, que no quiso identificarse.

A los pocos días del primero de los atentados que sufrió Lanusse, todos los fiscales se ofrecieron como coadyuvantes en el caso del oro que su compañero estaba investigando. Fue una oferta más política que práctica, porque ninguno podía en verdad desprenderse de las sobredimensionadas causas que llevan (más de cuatro mil, según una fuente).

La falta de recursos con que cuentan los fiscales es increíble. Por más que ellos son discretos al buscarle explicación -"hay problemas estructurales", dicen-, sorprende enterarse de que cada fiscalía dispone de apenas 250 pesos "para gastos". "Se me van en los meritorios", señaló un fiscal junto a la computadora que él mismo tuvo que comprar, al igual que todos los demás.

La semana que siguió al atentado les quitó literalmente el apetito: ninguno de los que trabajan en el quinto piso fue visto en el comedor del noveno donde normalmente se reúnen a almorzar pasadas las dos de la tarde.

Para contrarrestar la presión externa, para vencer quizás la depresión de no contar con apoyo fehaciente de sus jefes (el procurador general de la Nación, Angel Agüero Iturbe no respondió a la requisitoria de la Revista) la mayoría se ha abocado compulsivamente al trabajo. La frase que más se escucha desde hace meses en sus despachos es: "el doctor está ocupado". Puertas cerradas, conversaciones en voz baja y miradas de desconfianza a cualquier desconocido que ande por el pasillo son fiel reflejo de su estado de ánimo.

"Cada vez me cuesta más rendir finales...", confesaba un estudiante de 23 años expresando con inocencia las dificultades de concentración que provoca trabajar así. El periodismo es visto como un enemigo en potencia, capaz de ponerlos torpemente en la mira de futuros ataques si se difunden datos personales o familiares.

"Sea lo que sea lo que quieras saber, la respuesta es no . Tengo por norma decir no", dijo otro de los fiscales, abroquelado en su despacho lleno de reproducciones en escala de barcos, aviones y otras iconografías de las fuerzas armadas. Como si hubiera percibido el escepticismo con que su interlocutor evaluaba las virtudes defensivas de esos objetos, enseguida agregó: "Esta es la forma de cuidarnos nosotros... No vas a encontrar una foto mía en ningún lado..."

A ninguno de los fiscales les interesa aparecer en los medios de comunicación. "No somos paladines de la Justicia, no es nuestra función", dicen buscando el perfil bajo que les eneñaron a mantener en la rigurosa Facultad de Derecho: los jueces hablan por sus sentencias; los fiscales, por sus presentaciones. "Acá no hay figuras. Las figuras somos todos. No me parece correcto salir a hablar, salvo si hablar sirve para la causa que estamos investigando. Pueden tomarlo como una falsa humildad, pero no lo es...", reiteran una y otra vez.

La actitud también tiene un trasfondo instrumental: el de "diluir" -tal la expresión oída en los pasillos-, la imagen excesivamente personalizada en Lanusse que la sociedad tiene del trabajo grupal. Sin embargo, y aunque no la alientan, tampoco pueden descartar así como así la hipótesis de que las agresiones a Lanusse son parte de una operación intimidatoria que viene desde hace tiempo, y que los afecta en su conjunto.

En mayor o menor medida, todos han sufrido amenazas telefónicas, cruces de auto y hasta artefactos explosivos, por correo, que los han habituado a esperar cualquier cosa. "A mí no me pagan para ser amenazado, me pagan para ser fiscal", decía hace algunas semanas el fiscal Carlos Stornelli, amigo personal de Lanusse en uno de los despachos más austeros, sólo decorado por un vistoso crucifijo. "A veces se les da importancia; a veces no. Que estemos más expuestos, tal vez es cierto...", relativizaba antes del último ataque.

Hoy la sensación es que los agresores atravesaron un límite: "ahora atacan a cara descubierta", observan algunos. Y si bien no pueden saber, no saben o no quieren saber qué hay detrás de todo esto, en el transcurso de la conversación se les escapan expresiones siniestras: "acordate que a la hermana de Pablo se la chupan en Pilar", ejemplificaba uno de ellos. ¿Sugería que están volviendo los mismos métodos de coerción utilizados por grupos de tareas durante la dictadura? "A mi criterio no; espero que no", responde quien lo dijo sin pensar en el efecto que provocarían sus palabras.

"A mí me cuesta mucho hablar de mafia; no sé qué hay detrás de todo esto", se sinceró el fiscal Carlos Alberto Rivolo, quien también se hizo cargo de la causa del oro. "Te voy a ser sincero; cuando tuve la causa por la restitución de los mellizos Miara, estuve 90 días con custodia permanente, hubo una bomba en el juzgado y no por eso dejé de confiar en los códigos".

Sin querer tentar al diablo, procuran pensar que a ninguno de ellos ni a sus familias les pasará algo. "Es una cuestión institucionalmente grave; lo hemos charlado entre todos", dicen unos en voz baja. "¿Seguridad? La seguridad es formal...", dicen otros, sin disimular el mal humor.

Nadie en el Gobierno parece tener en cuenta su más que justificada preocupación.

    ¿El regreso de los Centauros?

    Los centauros. Así bautizó la prensa a los fiscales del fuero de instrucción en lo criminal y correcional cuando estaban en su mejor momento.

    Con un promedio de edad idéntico a sus colegas del fuero federal -entre treinta y cuarenta años- comparten la responsabilidad histórica de ahondar en los casos que irritan al poder, en aras de la transperencia de la cosa pública.

    A diferencia de sus pares, reconocen en el fiscal de cámara Norberto Quantín a su mentor y modelo. Casado "con la misma mujer", sin hijos, Quantín tiene 50 años y 25 de trabajo en la Justicia. Se ha acostumbrado a hacer oír sus denuncias en los medios de comunicación masivos, lo que le valió más de una denuncia por calumnias e injurias.

    Quantín recibió a la Revista en el despacho que le fue asignado a mediados del año pasado, tras ser separado por el procurador general de la Nación, Angel Agüero Iturbe, de una decena de causas que venía siguiendo junto a ese grupo de fiscales. Las causas afectaban los intereses del Gobierno y de ex funcionarios públicos como Carlos Grosso, Juan Carlos Suardi y Matilde Menéndez, entre otros.

    -Usted formó un equipo poco permeable a las presiones del poder político. Le llevó casi tres años de trabajo y luego...

    -Habíamos armado un equipo: los centauros, los centuriones nos decían. Gracias a eso pudimos hacer, por ejemplo, diez o quince allanamientos juntos en la causa de Matilde Menéndez -recordó con gesto nostálgico mientras se quejaba del calor que hacía en el lugar, un galpón reacondicionado de apuro en el entrepiso del edficio que aglutina al fuero criminal y correcional, en la calle Viamonte entre Libertad y Cerrito.- Ser varios nos permitió movilizarnos, charlar los casos, ser más eficaces. Acá, que la computación no se usa seriamente, nunca hay tiempo para comparar un caso con otro. Bueno, nosotros habíamos empezado a hacerlo, pero me sacaron todo.

    -En el archivo encontré los nombres de sus colaboradores: la fiscal Teresa Colona, los fiscales Félix Crous, Martín Nikilson, Marcelo Munilla Lacasa, Adrián Giménez, Lucio Herrera, José María Campagnoli, Rodolfo Cudiccio, Horacio Amelotti...

    -Esos eran, sí. Pero ojo, no todos los que usted nombra tenían ese espíritu. De repente me encontré con un grupo de fiscales jóvenes con ganas de trabajar. Y conseguí lo que en quince, dieciseis años no había conseguido.

    -¿Los sigue viendo? ¿Les da consejos?

    -Pueden sacarme los casos. Lo que no pueden es prohibir que sea amigo de ellos... Esto tampoco quiere decir que los fiscales con los que trabajo ahora sean malos. Al contrario, me encontré con agradables sorpresas, y en especial entre los fiscales correccionales, que es un fuero de trocha angosta, que le dicen...

    -¿Trocha angosta? ¿Por qué?

    -Porque se investigan casos de menor entidad: delitos de hasta tres años de prisión.

    -Usted ha tenido bastantes problemas durante estos años. Denunció amenazas, teléfonos pinchados...

    -Empecé a tener problemas con la causa del PAMI. Se agravaron cuando hicimos la denuncia de Grosso y contra los concejales. Ahí se tocaron intereses muy grandes. Usted piense que las excepciones urbanas van desde el edificio de La Nación hasta la General Paz. El comentario general es que cada concejal ganó un dólar por metro cuadrado durante la gestión de Grosso.

    -¿Esto se llegó a probar?

    -Bueno, creo que tal vez nos equivocamos en investigar tanta gente con tan escasos medios, durante un período muy largo y con un sistema... ¿Le molesta si cierro la puerta? -dijo y se levantó. Mientras daba la vuelta al escritorio se acomodó un mechón de pelo rebelde que le caía sobre la frente. Luego volvió a sentarse.

    -V olvamos al tema de los fiscales...

    -Normalmente los cambios de fiscales los decidimos entre los tres fiscales de Cámara. Tenemos más poder que un juez. No hay apelación contra la decisión de un fiscal de Cámara. Apartarme de las causas fue una decisión verticalista. Agüero Iturbe lo decidió. Está dentro de sus facultades, no lo discuto... ¡Pero trabajábamos tan bien! Me acuerdo un viernes 23 de diciembre. Habíamos estado allanando toda la noche una inmobiliaria... Honestamente, no dábamos más. Entonces un fiscal llamó a otro, y otro a otro, y se armó una cadena. A los quince minutos teníamos veinte chicos investigando. Había una mística. Una sensación de hacer algo por la República.

    -¿Desapareció esa mística?

    -Bueno, ese equipo no está más. Es como en el fútbol. Si usted reparte a los once jugadores en clubes distintos... y con otro director técnico...

    -¿Había que pararlos en alguna forma y esta fue la elegida?

    -No lo sé. Lo que sé es que a muchos los molestamos. Tan es así que debimos sufrir una campaña de desprestigio precisamente en los medios oficiales. Concretamente, en ATC. Se mofaron de nosotros a la mañana, a la tarde y a la noche. Tengo los casettes.

    -¿Los grabó especialmente?

    -Para hacerles querellas.

    -¿Las hizo?

    -Al ex concejal Eliseo Roselló y al diputado Enrique Benedetti.

    -Usted también fue denunciado por ellos... ¿Tiene una batalla personal contra los dos?

    -La única batalla que hay es la de Carlos Corach contra mí.

    Con infraestructura reducida, los fiscales deben atender un promedio de dos juicios orales por semana. Los jóvenes fiscales del fuero correccional y criminal, en tanto, lamentan que las nuevas instrucciones hayan minimizado su acción

    Algunos días más tarde Quantín invitó a participar del reportaje, por pedido expreso de la Revista, a alguno de los fiscales que trabajaron con él, elegidos del total de quienes pertenecen al fuero correccional y criminal, que son 39.

    Reunidos en su despacho, así conversaron con la Revista María Paula Asaro (30), Graciela Gils Carbó (41), José María Campagnoli (35), Rodolfo Pociello Argerich (34), Alejandro Esmoris (36), Marcelo Munilla Lacasa (36), Horacio Rubén Amelotti (45), Marcelo Martínez Burgos (29) y Gabriel Nardiello (32).

    -De cada cien 100 causas que nos toca investigar, 75 son robos y hurtos calificados, 10 son homicidios y apenas 15 son contravenciones económicas y, digamos, políticas - aclaró en nombre de todos Graciela Gils Carbó a cuyo cargo estuvo la investigación, entre otras causas, del asalto a la casa del senador Eduardo Menem y varias denuncias de administración fraudulenta durante la administración del ex intendente Jorge Domínguez.

    -Cuando nos nombraron fiscales, en octubre de 1993, tuvimos algunas causas de trascendencia relativa, como las vinculadas con irregularidades en la calle Libertad, prostitución o la venta ilegal de autopartes en la calle Warnes -refirió enseguida Campagnoli-. En junio del 94, actuamos de hecho después de ver el programa Edición Plus en el que se hablaba de los ñoquis y se dejaba entrever el enriquecimiento ilícito de los concejales. Actuamos siguiendo la letra del artículo 196 del código de procedimientos, que establece que el fiscal que promueve una acción penal la siga hasta el final. Poco después, no sé si por lo nuestro o por qué, salió la instrucción de que el fiscal que inicia una causa no la puede seguir ni hacer investigaciones preliminares. Obviamente, eso ha minimizado nuestro proceder. -Coartado más que minimizado -inervino Piciello Argerich, el hombre que primero denunció al juez Francisco Trovato.

    -De todas formas, siempre hay uno de los 39 fiscales que podrá seguir esa causa -suavizó Amelotti.

    -Pero lo que puede suceder es que en ese caso le toque la causa a uno que no esté de acuerdo en seguirla, y entonces se pare la acción -insistió Campagnoli.

    -En ese caso, ¿queda detenida irremediablemente?

    -Depende del juez -dijo Esmori.

    -El juez puede elevarla a la Cámara, y entonces decide el fiscal de Cámara -agregó Gils Carbó.

    -Pero lo cierto es que si el fiscal sorteado pide la desestimación eso va a influir fuertemente sobre el juez... -volvió a la carga Campagnoli.

    -¿Hay una nueva camada de fiscales activos e investigadores? Digamos, ¿los Petrocellis de la Justicia?

    -Algo así -respondió Gils Carbó-. Ya no trabajamos tanto desde el escritorio.

    -El fiscal ya no es más el espectador de antes -dijo Esmoris y recordó:- Hasta 1992 el juez era quien investigaba como parte. Ese año se modificó el código procesal y, por ende, nuestro rol en la sociedad.

    Sobresaturados de causas al igual que sus colegas del fuero federal, los centuriones deben atender un promedio de dos juicios orales por semana con una estructura mínima; disponen (cuando disponen) de apenas un par de empleados, que casi nunca cobran, para resolver las casi 3000 causas que suelen surgir en un solo turno. También ellos debieron comprar sus propias computadoras y pagar, si los quieren, teléfonos celulares.

    -En concreto -intervino Quantín-, las medidas que puede tomar un fiscal son muy limitadas. En Estados Unidos toda la instrucción la hace el fiscal. A partir de Watergate, incluso se incorporaron fiscales ad-hoc, de afuera, para investigar causas de Estado. Acá eso es impensable. Mire lo que pasa con la policía, por ejemplo: no se han acostumbrado aún a obedecer la orden de un fiscal...

    -O a notificarnos. Nosotros no tenemos con qué penetrar esa barrera. No hay una policía judicial ni tenemos cuerpos policiales que nos acompañen -saltó Gils Carbó.

    -Ojalá pudiéramos investigar, allanar, meter presos... -se quejó Amelotti, y sus palabras reflejaron el sentir de todos.

    -Somos molestos, por eso nos traban el funcionamiento... -reiteró Quantín.

    -¿Han recibido ofertas de ascensos para neutralizar alguna de sus investigaciones?

    Se hizo un largo silencio.

    -Ha habido -dijo Gils Carbó.

    -Hay un lobby perverso de tanteos previos para ver si uno aceptaría -avanzó Camapagnoli-. Yo supe que habían pedido mis antecedentes en el ministerio de Justicia y me llegaron a pedir la actualización de mi título. Pregunté para qué y me dijeron: "un posible ascenso". Me dio la sensación de que era porque ya estaba comprometido con muchas causas. Aceptar ese ascenso sería, para mí, como aceptar una coima en cuotas.

    -¿Cuánto ganan los fiscales?

    -Mucho depende de la antigüedad -sintetizó Lacasa-, pero andamos entre los 3500 y los 3900 pesos. Un ascenso puede significar 1000 pesos más. Atendemos causas desde 5 a 30 millones de pesos, y a veces más.

    -¿Cómo hacen...?

    -¿Para no tentarnos, decís? Yo sería hipócrita si digo que no aceptaría un ascenso. Sería una diferencia económica que realmente la necesito. Yo vivo ahorcado... -dijo entonces Pociello Argerich; y ante el cerrado silencio de sus compañeros, aclaró:- Pero si ocurriera, no lo tomaría como un ascenso mío sino como la obligación de investigar más a Trovato. Campagnoli dijo: -Es una cuestión de honestidad. Del respeto que tengas por vos mismo.

    Y el aire quedó cargado de tensión.

    ¿

    Alejandro Margulis

    Fotos: Rubén Digilio

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