Los cambios que plantea el Consorcio Participativo

La plataforma buscará involucrar a los vecinos; les permitirá desde controlar los gastos hasta pagar las expensas; cuáles son los riesgos
La plataforma buscará involucrar a los vecinos; les permitirá desde controlar los gastos hasta pagar las expensas; cuáles son los riesgos Fuente: LA NACION - Crédito: Dante Cosenza
Jimena Barrionuevo
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3 de marzo de 2018  

Participar y votar de manera virtual en las asambleas, reservar el uso de espacios comunes, habilitar foros de discusión para resolver temas de convivencia, obtener el reglamento de copropiedad, controlar los gastos y realizar el pago de expensas, son algunos de los recursos a los que tendrán acceso los vecinos de los edificios de la Ciudad de Buenos Aires a través del nuevo sistema de gestión Consorcio Participativo. Se trata de una herramienta gratuita creada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de lograr la participación efectiva de los vecinos en los consorcios de los edificios de su propiedad.

Sólo interactúan los propietarios

Inicialmente la plataforma está solamente pensada para quienes son propietarios. "Si bien esto puede parecer un aspecto negativo para el público inquilino, que representa cerca del 35 por ciento de los habitantes de departamentos de la ciudad, la realidad es que para estos casos será beneficioso. Hoy los propietarios con departamentos alquilados se involucran poco y nada en la administración del consorcio. Las expensas son abonadas por los inquilinos y, salvo en los casos en que ellos trasladan una preocupación puntual, es raro que el propietario se involucre voluntariamente. Incluso en muchos casos los propietarios habitan en otras ciudades o países por lo cual es más improbable aún su participación en asambleas. De esta forma es mucho más sencillo para el propietario participar de la vida del consorcio,", asegura Sebastián Friedman, Socio de la desarrolladora BrodyFriedman.

Qué pasa con los inquilinos

Desde la Asociación Civil Inquilinos Agrupados -que busca representar los intereses del sector, defenderlos y ampliarlos- entienden que la aplicación ignora a los inquilinos. "El Gobierno de la Ciudad está ignorando al sector más desprotegido del consorcio y reduciendo toda problemática de expensas y consorcios a la transparencia y la participación de los copropietarios. Desde hace algún tiempo, para los inquilinos, las expensas representan entre 30 y el 50% del valor del alquiler. Además los inquilinos se hacen cargo de cualquier gasto del edificio, más allá de que por contrato le corresponda pagar únicamente las expensas ordinarias. Es decir, los gastos que hacen al día a día del edificio (salario del encargado, servicios, seguros, desinfección, etc.) La falta de control de las administraciones de consorcios es lo que permite esta situación. Actualmente, Defensa del Consumidor recibe cientos de denuncias por mes. Sin embargo, casi ninguna prospera. Informes de la Auditoría General de la Ciudad dan cuenta de esta situación", aclaran en la entidad.

Y eso no es todo. Desde la Agrupación enfatizan que hoy el inquilino no tiene voz ni voto en las asambleas del consorcio, por lo cual, la información le llega cuando las decisiones están tomadas. "Si se pretende generar políticas que regularicen el funcionamiento de los consorcios, es indispensable generar un sistema de control y de sanción de las administraciones y también, avanzar en legislaciones que tengan en cuenta las necesidades de los inquilinos, que destinan un alto porcentaje de su salario al pago del alquiler y de las expensas", aseguran sus miembros.

El rol del administrador

Otro de los puntos fuertes del sistema es la visualización de toda la información referida a las obligaciones del administrador (las cargas previsionales del personal dependiente del consorcio, presupuestos por reparaciones o pólizas de seguros, entre otras) quien deberá mantener actualizada la plataforma para garantizar a los propietarios el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus tareas. La implementación de la plataforma también se realizará a través del administrador del consorcio, que tendrá la obligación de gestionar un usuario para cada copropietario. Cada edificio tendrá un perfil único y un acceso exclusivo. En este sentido, desde la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (Caphai) advierten que " pretender centralizar los datos de la totalidad de los consorcios de edificios de la Ciudad de Buenos Aires en una sola plataforma manejada por el Estado violenta garantías constitucionales de los consorcistas, puesto que una cosa es el modo en que cada administrador o consorcio procesa su información, y otra muy distinta es que se nos obligue a cargar la totalidad de la misma en una web estatal on line".

La privacidad de los datos

El sistema garantizará la privacidad y protección de datos, conforme lo establecido por la Ley 5.454 de la Capital Federal. "Como abogado especialista en vivienda y seguridad pública creo que no afecta en lo más mínimo ninguna garantía Constitucional ya que la información tratada está habilitada solamente para los integrantes del consorcio y no del público en general. La norma cumple a rajatabla con los requerimientos de la ley de protección de datos personales y lleva un protocolo de resguardo de información", asegura Diego Migliorisi de Migliorisi Propiedades.

Por su parte, Mariano Oppel, presidente de Oppel Inmobiliaria entiende que resulta "sumamente peligrosa la concentración de información privada y de recursos financieros de toda la propiedad horizontal de la ciudad de Buenos Aires. Además, los que hoy supone ser gratuito, representará en el futuro algo costoso. Debe existir un límite y una clara diferencia entre la obligación de aportar información impositiva por parte de los ciudadanos o administradores, requerida por el Estado para ejercer un correcto control y la obligación de contarle al Estado las decisiones que la gente toma en sus casas para vivir mejor o para cuidarse más. Debería ser una propuesta optativa y", finaliza. El sistema estará activo en cuanto la Legislatura porteña vote una modificación a la Ley 941, que creó el Registro Público de Administradores de Consorcios como organismo de aplicación y control. El debate está abierto.

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