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Cómo reaccionan las compañías ante la ley penal empresaria

Viejas prácticas muy peligrosas en el marco de la nueva ley
Viejas prácticas muy peligrosas en el marco de la nueva ley
Una encuesta de KPMG muestra que se conoce la normativa en general, pero no los detalles
Paula Urien
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4 de marzo de 2018  

"Vivimos en un país donde pagar una coima a un funcionario público era algo totalmente normal. Se trataba de una forma natural de hacer negocios, parte de la estructura de costos", dice Diego Bleger, socio de KPMG, firma que realizó una encuesta entre líderes de empresas para conocer cómo se adaptan a la nueva legislación.

Desde el 1° de marzo entró en vigencia la Ley 27.401, de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que se conoce como ley penal empresaria. A partir de la sanción de esta ley la empresa como tal puede ser penalizada en caso de corrupción pública privada. Con anterioridad, únicamente se hacía responsables a las personas en casos de delitos de corrupción.

Esta ley es uno de los requerimientos de la OCDE para formar parte de este selecto grupo de países del primer mundo. La Argentina se suma entonces a una gran cantidad de países que intentan frenar la corrupción apuntando, esta vez, a la otra parte responsable de sobornos: la empresa que los paga.

Cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y balances e informes falsos lleva a que, según la nueva ley, las personas jurídicas sean responsables "por los delitos previstos...que hubieran sido realizados directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio"

Tomar conciencia de que hay que poner en marcha (si es que todavía no existen) procesos para lograr el máximo estándar de transparencia es ahora vital para las empresas, que en caso contrario pueden afrontar: multas de dos a cinco veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener; suspensión total o parcial de actividades (que no puede exceder los 10 años); suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o de cualquier otra actividad vinculada con el Estado (con límite de 10 años); suspensión y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, entre otras penalidades.

Hoy también la empresa puede ser eximida de la pena cuando haya denunciado el delito después de una investigación interna, o en caso de que tenga un sistema de control y supervisión adecuado "cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito". En este marco, KPMG realizó una encuesta a 75 referentes corporativos con responsabilidades en áreas de Compliance, Auditoría Interna y Legal de distintas empresas de sectores como el industrial, financiero, servicios y consumo masivo, entre otros. El objetivo fue saber cuánto se conoce de la nueva ley y saber si se están tomando medidas para evitar acciones que puedan llevar a que la misma empresa sea penalmente responsable (ver recuadro).

En la práctica

"Esta ley eleva el grado de concientización sobre la importancia de la ética y la transparencia en el marco de las empresas", dice Diego Bleger, socio de KPMG a cargo de Risk Consulting. "Los directores de las compañías están interesados en tener más conocimiento sobre cómo va a funcionar, sus implicancias, las multas. La ley ya existe y hay que cumplirla".

Con respecto al cambio en la manera de hacer negocios que se intenta impulsar, Bleger recuerda que "antes las empresas americanas, cuando desde algún organismo público se les proponía el pago de un soborno como condición para que puedieran ingresar mercadería o hacer negocios en la Argentina, decían "no lo puedo pagar porque violo una ley de los Estados Unidos. Ahora las empresas argentinas van a poder responder lo mismo. Va a haber un cambio de paradigma con esta nueva ley. La forma de hacer negocios va a ser diferente".

Habrá que ver si además de negarse a llevar adelante un soborno, la empresa hará alguna denuncia... "Chile tuvo su ley anticorrupción en 2009, pero recién después de 4 o 5 años empezó a funcionar en forma correcta", afirma el ejecutivo de KPMG.

Por otro lado, está claro que esta nueva normativa va a crear cambios en el ámbito de la justicia laboral. No solo jueces, abogados y fiscales están capacitándose para llevar adelante los diferentes casos que se presenten, sino que se van a dar interesantes debates con respecto al derecho a la privacidad de los empleados.

Ante una situación de corrupción pública-privada, si la empresa se autodenuncia será atenuante para mitigar la pena. Pero para esto debe poner en marcha una exhaustiva investigación interna que podría incluir el análisis de computadoras, y celulares corporativos de los empleados de la empresa, y que puede llevar a la suspensión de una o mas personas.

¿Es esto legal? "Hay jueces que toman esta información como válida y otros que la toman como una violación de la privacidad del empleado. Es un debate que se va a tener que dar para que todo el mundo lo tenga claro", cierra Bleger.

Qué sucede dentro de las empresas

72% conoce la ley

Un alto porcentaje de los encuestados declaró que conoce la nueva normativa

40,5% desconoce las sanciones

No tienen claro específicamente cuáles son las penalidades que establece el régimen y tampoco agravantes y atenuantes.

42% tomó medidas

Para ajustarse a los nuevos requerimientos que establece la ley.

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