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Por una política criminal coherente

Julio Conte-Grand
Julio Conte-Grand PARA LA NACION
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5 de marzo de 2018  

El modelo de unidad sustancial que inspira la conformación orgánica del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires (con asesores tutelares, curadores, defensores y fiscales reunidos en una sola institución) facilita el diseño de una política criminal integral, que no se ordene sesgada por la visión meramente persecutoria del ilícito y contemple como pauta liminar el conjunto de la problemática y los fines comunes.

Las singulares perspectivas de las distintas áreas, lejos de forzar sectores conceptualmente aislados, enriquecen con sus improntas, objetivos y métodos propios la formulación de una nómina de aspectos indiscutibles que operan como base y contexto de la política criminal de un Estado en un tiempo y un espacio determinados. Se constituyen de tal modo en postulados comunes ineludibles, entre otros, el resguardo de la dignidad de la persona; la garantía de los derechos humanos; la protección de las víctimas como sujeto eminente de la tutela y vértice de la pirámide de resguardo; el acceso irrestricto a la Justicia y la tutela judicial efectiva -en tiempo y forma-; la búsqueda de la verdad en el proceso; la aplicación justa de las normas al caso; la concreción de las finalidades de la pena, y la preservación de la seguridad y la paz social.

La formulación de la política criminal, en cualquier supuesto, debe definirse en un ámbito desapasionado, reconociendo el valor del respeto a la ley como estructura de convivencia y garantía de la continuidad social y la readecuación periódica del complejo normativo en función de las necesidades que impone la dinámica histórica y no de coyunturas efímeras ajenas a políticas públicas serias y profesionales, apartándose así de los vaivenes epidérmicos del momento.

No pueden obviarse, además, aspectos en apariencia periféricos a la política criminal, pero que son en rigor centrales, como la definición de los perfiles y aptitudes de jueces, fiscales, defensores y asesores, que deben ser consecuentes con las necesidades sociales e históricas y los objetivos de la política pública, y los mecanismos de selección y remoción de funcionarios y magistrados, preservando la autonomía y la independencia de los organismos responsables de esta faena.

Adoptar líneas aisladas en la configuración de la política criminal conspira contra su eficiencia y facilita la acción del crimen individual u organizado. Por el contrario, respetar las autonomías institucionales conjugando una política criminal articulada y en definitiva única en esencia constituye un aporte insustituible para garantizar la seguridad, reclamo legítimo de la sociedad.

De otro lado hay que ponderar que las estructuras normativas conforman subsistemas de política criminal y paradigmas de unidad de concepción. Así entendidos, por ejemplo, ni el Código Penal (único y común a todas las jurisdicciones en nuestro formato constitucional) ni los códigos procesales penales (no delegados a la Nación) pueden ser esquemas fragmentados que atiendan a intereses u objetivos particulares o sectoriales, sino que tienen que constituir una estructura abarcativa que los trascienda. En otras palabras, estos ordenamientos normativos no deben estar orientados a postergar a algunas de las partes de un proceso o ser meras disposiciones alternativamente inquisitivas o abolicionistas, por imperio de actitudes tan proclives al péndulo entre tesis extremas permeadas por las minucias de una ideologización impropia que al final concluye en la descomposición cultural del sistema de derecho y, por añadidura, de la sociedad toda.

El respeto y la valoración de las diferentes perspectivas y su íntima vinculación en un proyecto único son la materialización, en el caso específico de la planificación de una política criminal, de una pauta metodológica válida para la apreciación de cualquier fenómeno de naturaleza social y política y la consecuente concreción de un plan de acción adecuado.

La política criminal es un aspecto prioritario del listado de materias de gobierno y de todo proyecto institucional y, por tanto, un aporte fundamental para afianzar las mejores condiciones de vida de los integrantes de una sociedad y asegurar el desarrollo pleno y la vigencia histórica de una nación.

Por tal razón, la política criminal que en definitiva se implemente ha de estar configurada en relación sustancial con la política pública general. La unidad y la coherencia de la política criminal responderán sin dudas a la unidad y la coherencia de la política de Estado que integra. Otra demostración del valor de la unidad.

Procurador general de la provincia de Buenos Aires

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