Retrasos e impunidad en las causas por corrupción

Comodoro Py se ha transformado en un perverso centro de poder donde duermen, se traban o prescriben causas vinculadas con el poder político
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5 de marzo de 2018  

Si no hay cambios y se cumple con lo anunciado, próximamente el Consejo de la Magistratura debería difundir los resultados de una investigación de enorme trascendencia sobre el funcionamiento de la Justicia. Se trata de los resultados de la auditoría sobre las causas de corrupción en la Justicia Federal durante los 20 años transcurridos entre 1996 y 2016.

De todos modos, los pocos datos que han trascendido parecen pintar un panorama bien sombrío de la labor judicial debido al bajo nivel de condenas que contabilizó la auditoría en los casos de corrupción y al elevado nivel de sobreseimientos, muchos de ellos debido a la prescripción determinada por el paso del tiempo, sin que se registren avances en el trámite de un expediente.

A raíz de esos resultados, y por el hecho de que el informe se difundirá en un portal de libre acceso, existe una lógica preocupación en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la iniciativa de la auditoría fue muy mal recibida en junio de 2016, cuando el Consejo de la Magistratura la aprobó con el voto unánime de los 11 consejeros presentes en la sesión. El pedido de la auditoría había sido efectuado en abril de aquel año por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y, luego, se sumaron 30 prestigiosas organizaciones de la sociedad civil.

Si bien es cierto que no se necesita un estudio para confirmar la extrema lentitud -cuando no la complicidad- de ciertos jueces federales si se trata de investigar hechos de corrupción, la verdad es que, por primera vez, se contará con una certera radiografía de la labor llevada a cabo por cada juzgado en un período que comienza durante la segunda presidencia de Carlos Menem.

Antes de divulgarse los resultados, los magistrados auditados pueden hacer su descargo. Es de esperar que los jueces no recurran nuevamente, como lo hicieron tantas veces en el pasado, al remanido y por lo general falso argumento de que carecen de los medios necesarios para llevar adelante causas complejas. Los jueces federales, y en especial los de la Capital, cuentan con los recursos para llevar adelante las investigaciones, y si no disponen de ellos, puede solicitarlos, como ocurre habitualmente con los peritos contables e informáticos. En la actualidad, hay 2264 sumarios por corrupción en trámite en el fuero federal, y 714 de ellos corresponden a los juzgados de la Capital, que concentran los casos más importantes y resonantes. No pocos de ellos comprometen a exfuncionarios del kirchnerismo, incluida Cristina Kirchner.

Miguel Piedecasas, presidente del Consejo, adelantó dos casos ilustrativos del panorama hallado: el de un juzgado federal porteño en el que el 28% de los sumarios por corrupción demoraba entre cinco y diez años, y en la mayoría de esos expedientes no se llamó a indagatoria a los imputados. El otro caso fue el de un tribunal oral federal del interior del país, en el que solo el 25% de las sentencias eran condenatorias.

En diciembre del año último, una investigación de LN Data sobre la base de información recolectada por el Consejo de la Magistratura con vistas a la auditoría por presentarse arrojó como resultado datos preocupantes:

Sobre más de 1000 casos de corrupción, el 46%, que involucra a funcionarios públicos y empresarios ya acusados e indagados, estaba pendiente de resolución.

El porcentaje trepa a 77 cuando se trata de causas en trámite, con varios imputados, en las que los jueces no dispusieron siquiera la citación a declaración indagatoria.

Se crean así expedientes que navegan en un limbo jurídico.

En noviembre de 2016, cuando se tomó aquella muestra analizada por este diario, los expedientes llevaban un trámite de cinco años en promedio, en Comodoro Py.

Con el paso del tiempo y la ausencia de condenas, la corrupción se ha extendido y consolidado en nuestro país, al tiempo que tejía una enorme red de complicidades que le permitió expandirse y crecer. Algunas de esas complicidades se encuentran en la Justicia, pues es bien conocida la forma en que algunos jueces duermen las causas en las que están involucrados los funcionarios del gobierno de turno, y las activan cuando se produce el cambio de gobierno, pero mientras tanto el tiempo transcurrido actúa en contra del esclarecimiento, la memoria de los testigos no se mantiene incólume y hay valiosos elementos de prueba que se han destruido o se han perdido para siempre.

Por otra parte, la responsabilidad por la extrema lentitud de esos sumarios no es siempre exclusiva de los jueces, pues en muchas ocasiones son las cámaras las que también demoran los expedientes.

Como dijimos, la auditoría echará luz sobre lo que ocurre en los tribunales federales, y eso será de por sí todo un logro. Pero también servirá como punto de partida para adoptar una serie de medidas que modifiquen el estado actual de las cosas no solo para el bien de la sociedad que así lo reclama, sino también de la propia Justicia.

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