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Cuestionan el contrato de una consultora ligada a un funcionario

Fuente: Archivo
Margarita Stolbizer pidió a la Justicia que se investigue si hubo negociaciones incompatibles
Maia Jastreblansky
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7 de marzo de 2018  

El Gobierno benefició a una consultora que tenía como socio a un funcionario del Estado al momento de la contratación. Mediante un concurso privado, el Ministerio de Modernización le otorgó un contrato por $1.206.000 a Labcom SA, una firma que entre sus accionistas contaba con un integrante de la gestión de Mauricio Macri .

Según los registros públicos, el presidente de Labcom SA es el académico y exbecario del Conicet Luciano Elizalde Acevedo. En noviembre de 2016, al momento de la contratación, como accionista de la empresa figuraba el por entonces director titular de Nación Fideicomisos Juan Pablo Peredo. El tercer fundador de la empresa, Alejandro Alonso, había vendido sus acciones antes de la adjudicación de Modernización para dar el salto a la público y comenzar a desempeñarse en el Ministerio de Justicia de la provincia.

Esta contratación fue denunciada esta mañana ante la Justicia Federal por la exdiputada Margarita Stolbizer y por la abogada Silvina Martínez, que consideraron que podría tratarse de un caso de "negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"Labcom SA, a pesar de resultar ganadora de concursos privados y licitaciones impulsadas desde el Gobierno y desde la Ciudad, no posee empleados y sus únicos ingresos en los períodos 2016 y 2017 se originarían en los contratos que recibe de la administración pública", señalaron en su escrito a los tribunales.

En tanto, desde el Ministerio de Modernización señalaron a LA NACION: "Se cumplieron todos los pasos legales de la contratación". "En la declaración jurada de habilitación para ser contratada por el Estado, Labcom SA y el presidente del directorio declararon bajo juramento no tener incompatibilidad ni impedimento alguno para prestar el servicio contratado. De todos modos enviamos toda la documentación a la Oficina Anticorrupción para que nos señale las acciones o medidas a tomar al respecto", agregaron.

El presidente de Labcom, Elizalde Acevedo, tiene además una inversión en común con Macri: coincide con el Presidente en un predio en la provincia de Salta, a través de la empresa familiar Los Tykey SRL. Se trata de la Finca Pluma de Pato, en la localidad de Coronel Solá, un terreno que el jefe de Estado informó en su declaración jurada. Respecto de este punto, Labcom SA aclaró en un comunicado remitido a este medio: "La compra del campo en Salta se realizó en 2006 y fue un negocio de inversión familiar de Elizalde Acevedo realizado con su padre y sus hermanos. No tenía, no tuvo ni tiene relación directa con el presidente Macri y es ajeno a su compra del terreno".

Sobre la situación de Peredo, la empresa señaló: "La Oficina Anticorrupción encontró que la función de director en Nación Fideicomisos era compatible con su cargo de socio gerente de Labcom SA. Por otro lado, en ningún momento Labcom SA prestó servicios de consultoría en Nación Fideicomisos".

El decreto 1023/2001 del régimen de contrataciones con la administración pública establece que no podrán contratar con la administración nacional "los agentes y funcionarios del sector público nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social". Sin embargo, la ley de ética pública indica que es incompatible con el ejercicio de la función pública "prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades". Es decir, que cuestiona solo los contratos otorgados por la dependencia donde el funcionario ejerce su función.

Según los registros públicos, el Ministerio de Modernización llamó en agosto de 2016 a un concurso privado para contratar un "servicio de consultoría de especialización: seguimiento de la evolución proyectos centrales". Según el pliego, el objetivo del servicio de consultoría era ordenar, analizar y realizar un seguimiento general de los proyectos fundamentales del ministerio.

"El 14 de octubre de 2016, seis proveedores habían participado, pero solo se había confirmado la presentación de una única oferta, correspondiente a la empresa Labcom SA", denunciaron Stolbizer y Martínez.

El 2 de noviembre de 2016, mediante dictamen de evaluación de ofertas, se aconsejó la adjudicación a la oferta presentada por la firma Labcom SA. Se concluyó que se acreditan trabajos vinculados estricta y directamente con los objetivos planteados, y se valoraron los trabajos que la empresa ya había desempeñado para la administración pública. El 22 de noviembre de 2016 se adjudicó el contrato por $1.206.000. La empresa debió culminar su tarea en un lapso de 18 meses.

"A pesar de ganar licitaciones en el ámbito nacional y de la ciudad de Buenos Aires, esta empresa no registra empleados, información que puede comprobarse al analizar los estados contables de la empresa en los cuales no existen rubros que estén destinados al pago de cargas sociales o salarios", resaltó la denuncia.

"El procedimiento de contratación, enmarcado en los términos del decreto 1023/2001 de contrataciones públicas, se llevó a cabo cumpliendo todos los pasos legales correspondientes", abundaron en Modernización.

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