18 provincias usarán software local para el registro nacional de violadores, pero siguen las demoras

El software argentino de código abierto GENis se usará en 18 provincias, pero el Ministerio de Justicia apuesta por CODis, provisto por el FBI, para el banco nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual
El software argentino de código abierto GENis se usará en 18 provincias, pero el Ministerio de Justicia apuesta por CODis, provisto por el FBI, para el banco nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual
Sebastián Davidovsky
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8 de marzo de 2018  • 00:42

El registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual viene con algunas demoras. Si bien la Ley 26.879 de 2013 fue reglamentada en julio del año pasado, todavía faltan varios pasos necesarios para que finalmente se ponga en funcionamiento.

El objetivo del registro es facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual , con el objetivo de proceder a individualizar a las personas responsables.

Tal como marca la ley, el Ministerio de Justicia es el encargado de la aplicación del mismo. Cuando todo esté en órbita, las muestras de material genético que se extraigan de prueba (tanto de un hecho como de una persona) les permitirá a los investigadores determinar si un mismo acusado participó de algún hecho similar en el pasado de manera inmediata. Lo sabrán a través de un software especial, que verificará la coincidencia de ADN encontrado o descubrirá si una muestra NN corresponde a algún reincidente.

La elección del software del FBI

Según el Ministerio de Justicia, el software que se utilizará a nivel nacional en un principio para procesar y buscar coincidencias será CoDIS. Se trata de un equipamiento provisto por el FBI, e impulsado por el Ministerio de Seguridad, que parece haberle ganado la pulseada al menos en el inicio al desarrollo nacional, llamado GENis e impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto a la Fundación Sadosky y la empresa argentina Baufest desde 2014; el proyecto argentino cuenta con una inversión de más de 10 millones de pesos, que "serán duplicados este año", aseguran en Ciencia.

El desarrollo local es un software de código abierto, que puede ser eventualmente auditado ante un resultado controversial. CoDIS, por su lado, es un sistema cerrado, que brinda una información con una conclusión. Está controlado por el FBI, que es quien se encarga de las actualizaciones del sistema. Se utiliza en 150 países alrededor del mundo. CoDIS no tiene costo para el país, aunque sí se abonan los capacitadores, los kits para las muestras y requiere determinadas licencias y equipos para su utilización.

El rol del software en este proceso es fundamental: permite comparar los registros obtenidos en un caso con los ya cargados en el sistema, en muy poco tiempo. Fuentes de Justicia (en definitiva, el Ministerio que tiene en sus manos la decisión), señalaron que "GENis no está científicamente comprobado que funcione. No hay protocolos que lo validen. Le falta ensayos clínicos: no tienen casos". Pero aclararon: "lo vamos a seguir probando, incluso vamos a ver si tienen equivalencias con los resultados de CoDIS para ir validándolo. A la vez hay que decir que es un software mucho más amplio que el del FBI".

El proceso para el correcto funcionamiento es el siguiente: primero, se realiza la recolección de huellas en la escena; un laboratorio (autorizado) se encarga de procesar los datos y digitalizar el perfil genético (ese número único e irrepetible que define a cada persona); el software permite exportar los datos para analizarlos y compararlos, y buscar coincidencias con otros perfiles cargados en el sistema. Por último, el juzgado es informado de los resultados. Al final, en caso de encontrar coincidencias, se repite el examen como una contraprueba.

GENis, en 18 provincias

Hay 19 provincias que ya tienen leyes locales que les permiten crear registros de este tipo, incluso para delitos comunes, y aún antes de la Ley 26.879. Por eso, tanto CoDIS (en Mendoza) como GENiS ya se están utilizando en algunas justicias provinciales. Como muestra de apoyo al desarrollo argentino, el miércoles de la semana pasada, 14 provincias adhirieron al uso de GENis. En total serán 18 las que lo utilicen en junio de este año. El convenio llevó la firma de los procuradores de cada uno de esos distritos. El Banco Nacional de Datos Genéticos, focalizado en la recuperación de los hijos de desaparecidos durante la dictadura, lo testeó con resultados satisfactorios. "GENis está probado y aprobado. Pero además lo seguimos perfeccionando. Como todo sistema, si se lo deja de mejorar, comienza su obsolescencia", argumenta Gustavo Sibilla, coordinador del proyecto en Fundación Sadosky.

Por su lado, el Ministerio de Seguridad junto al de Justicia mantienen reuniones periódicas en la Embajada de Estados Unidos. En mayo llegarán los instructores del FBI, confirmó Fernando Soto, funcionario de la cartera de Patricia Bullrich, a LA NACION, para empezar la implementación del registro nacional, con información que envíen los juzgados provinciales y el software provisto por la agencia de inteligencia de ese país.

Allí también hay debate interno: la duda es si pese a no ser un delito federal, las provincias debieran enviar esos perfiles genéticos al registro nacional.

Un proceso lento y un posible problema

Más allá del software: ¿cuándo empezaría a funcionar el registro nacional de de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual en Argentina? En países como Chile, que también usa CoDIS, su implementación llevó 6 años. En nuestro país, desde la Ley, ya pasaron cinco. Desde la reglamentación, 8 meses. "No es algo rápido. Lo que se demora es la carga de los perfiles genéticos. La carga es humana, basada en procesos que tardan por la burocracia", señala Soto.

Otros también dudan de su constitucionalidad y critican la ley que originó todo. "Cada vez que hay una investigación, tenés un perfil genético ahí cargado y lo volvés a investigar cada vez que hay una causa de violación, aunque ya haya cumplido su condena. Eso puede generar conflictos en la Justicia", alertan.

Más allá del software, la logística

Una de las primeras medidas para alimentar el registro es la extracción de muestras a los condenados por delitos contra la integridad sexual. Según la Justicia, esos números ya fueron relevados (y cruzados con información del Renaper) y se trata de 18 mil condenados en los últimos 10 años. De ellos, un tercio está en prisión (porque cumplieron la condena, o tienen prisión en suspenso, entre otros motivos). El Servicio Penitenciario será el encargado de que se les extraigan muestras; el proceso incluye también identificar a los que están en sus respectivos domicilios para obtener sus muestras. "Requiere mucha logística", aseguran desde Justicia. Y tiempo.

Los registros que se obtengan deberán ser procesados en laboratorios homologados por el Ministerio de Ciencia. Esos laboratorios digitalizarán el perfil genético, una especie de DNI de las células. Hasta el momento, son 3 los autorizados, pero existe una comisión de certificación técnica dependiente del MinCyt que avanza en las homologaciones. Ya hay un equipo trabajando en las oficinas de Sarmiento y Cerrito, lo que eran las oficinas de la UIF (ahora en Economía) y de Protección de Datos Personales (ahora en manos de Jefatura de Gabinete). Su director, aún no nombrado oficialmente, será Jorge Dotto, médico patólogo (UBA) y genetista.

Pero falta. "La implementación es más compleja de lo que la ley presume", explican desde el Ministerio de Justicia.

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