Una marea de mujeres por el derecho a la igualdad

La movilización de hoy reclama por las deudas pendientes y recuerda que no alcanza con dictar leyes, se necesita voluntad política para cumplirlas
Natalia Gherardi
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8 de marzo de 2018  

Pocas personas piensan hoy que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una forma a destiempo de recordación de la primavera. Creo que pocas personas sostendrían que obsequiar flores o distribuir halagos cargados de galantería son la manera de "celebrar" el día de conmemoración de los derechos de las mujeres.

Una marea de mujeres de todas las edades, con diversas realidades personales y familiares, junto a miles de personas comprometidas con la igualdad de género, vienen inundando las calles en forma reiterada desde hace casi tres años. Fue entonces cuando la consigna #NiUnaMenos comenzó a crecer como respuesta social frente al horror de los femicidios reiterados y se convirtió en síntesis del reclamo por la igualdad.

El movimiento de mujeres y las luchas feministas son infinitamente más antiguas, ricas y diversas que la superficie que se ha instalado masivamente en los medios de comunicación. Pero su expansión, su permeabilidad y su presencia en las conversaciones familiares, en las sobremesas, en las reuniones con adolescentes y jóvenes y hasta en los chats de los grupos más diversos contribuyeron a uno de los grandes anhelos de las luchas feministas: que las desigualdades de género que impactan en las posibilidades concretas de mujeres muy diversas de alcanzar la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía política sean visibilizadas y cuestionadas más allá de las leyes que nos prometen la igualdad.

Este 8 de marzo, por segunda vez, se convoca a un nuevo Paro Internacional de Mujeres, en el que se espera que más de 60 países alrededor del mundo se unan al clamor de consignas que recuperan la idea del valor de las vidas y del trabajo de las mujeres. "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras", se advirtió en la marcha de 2017. Esta consigna reúne en una frase múltiples demandas. Por un lado, denuncia la persistencia de distintas formas de violencia que atraviesan las experiencias vitales de las mujeres en el mundo público, en el mundo privado, en los espacios laborales, en los medios de comunicación, sin que el Estado haya logrado avanzar en formas eficaces para evitarlas.

Por otro lado, la denuncia del tiempo, el esfuerzo y los recursos emocionales y simbólicos que demanda principalmente a las mujeres el trabajo de cuidado no remunerado: esa cantidad invisible y cotidiana de tareas que sostienen no solo la vida familiar, sino la reproducción de la sociedad, y que descansan en el trabajo que no es ni remunerado ni reconocido de las niñas, adolescentes y mujeres, que les dedican más del doble del tiempo que sus pares varones. El peso del mandato social que atribuye a las mujeres una cierta "disposición natural" para el cuidado no sólo tiene consecuencias en el desarrollo de su autonomía y la libre elección de un plan de vida, sino que además tiene consecuencias muy concretas en su educación, en sus perspectivas de empleo, en las condiciones para vivir su sexualidad y en su propio bienestar.

Hace pocos días recordamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a Haydée Birgin, una abogada feminista que contribuyó a la instalación de los temas de género en el análisis del derecho y de la práctica jurídica. Haydée sostenía que no existen los "problemas de las mujeres", sino problemas de la sociedad que atraviesan a las mujeres: temas que deberían interpelar a la base misma de la democracia analizando la intersección entre el derecho y las políticas públicas, y su impacto en las vidas de las mujeres, consideradas siempre en plural. Las mujeres, decía, porque "no tenemos una entidad homogénea mujer enfrentada con otra entidad homogénea varón, sino una multiplicidad de relaciones sociales en la cual la diferencia sexual está construida siempre de muy diversos modos".

Las movilizaciones y acciones del movimiento de mujeres buscan visibilizar en las calles, en los medios de comunicación y en las agendas cotidianas la tensión entre el reconocimiento normativo de la diferencia para la conquista de derechos (que deben promover efectivas condiciones de igualdad para las mujeres) y la cristalización de las relaciones sociales actuales.

Las relaciones sociales de género muestran que los trabajadores varones rara vez asumen su parte de responsabilidad en tareas de cuidado hacia el interior de sus hogares, no solo respecto de los hijos e hijas en la primera infancia, el aspecto seguramente más visible y que comenzaría a ser abordado de manera muy incipiente con una licencia de paternidad extendida. Pero no hay igual conciencia sobre esa necesidad de avanzar en responsabilidades de cuidado compartidas más allá de ese brevísimo período inicial: las tareas del hogar, el cuidado de personas mayores, el cuidado de la salud de una familia más extendida siguen referenciando a un universo femenino, en forma directa o gestionando las ayudas pagas de terceras partes, que también suelen ser mujeres, más empobrecidas, en peores condiciones de empleo.

La agenda pública tiene muchas deudas pendientes con la igualdad de género y los derechos de las mujeres que deberán abordarse con prontitud: la igualdad en el ámbito del empleo, la cobertura de servicios integrales de cuidado para todas las personas considerando, especialmente, a las mujeres con trabajo informal; la prevención de la violencia en la vida pública y privada; la prevención del femicidio, así como la reparación de sus víctimas directas y secundarias; los derechos sexuales y reproductivos, garantizando que la maternidad pueda ser elegida, con un acceso igualitario al derecho a la interrupción legal del embarazo.

La presidencia del G-20 a cargo de la Argentina invita a mostrar la adhesión a una agenda moderna que incluye la igualdad de género. En muchos países del mundo resuenan los ecos de las movilizaciones masivas de mujeres que reclaman igualdad de derechos y liberación de las opresiones de la violencia pública y privada, reconocimiento de su valor como seres humanos plenos y redistribución de los recursos económicos, políticos y simbólicos. En esa agenda, la libertad y la autonomía de las mujeres ocupan un lugar predominante, ya que las cargas que impone su restricción pesan exclusivamente sobre ellas.

Pero no hay que confundir el avance en las normas con la mejora en las condiciones de ejercicio de los derechos. Sin compromiso político firme y sostenido, sin presupuestos asignados o mecanismos efectivos de monitoreo, sin políticas públicas diseñadas en forma integral y aplicadas por organismos jerarquizados capaces de coordinar las obligaciones asumidas por el Estado con un verdadero alcance federal, difícilmente puedan las leyes llegar a impactar en las vidas de las mujeres, en diversas circunstancias, en las distintas geografías de nuestro país.

Es auspicioso que diversos actores hoy se muestren activos en abordar las deudas pendientes con las mujeres y con una forma más robusta de la democracia. Pero para asegurarlo no basta con la sanción de normas: se deben implementar los mecanismos de control institucional necesarios para que alguna vez el derecho en los libros toque la realidad de las personas concretas. Para garantizarlo, para denunciarlo y exigirlo, las mujeres salen a la calle una vez más este 8 de marzo. Así se mantendrán activas y vigilantes, todos los días del año.

Abogada, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

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