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Una disputa que neutraliza el prejuicio de que se gobierna para los ricos

Carlos Pagni
Carlos Pagni LA NACION
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8 de marzo de 2018  

Primero, sindicalistas. Después, Iglesia. Ahora, industriales. Que pase el que sigue. El Gobierno ha lanzado una nueva contradicción. Esta vez, con el empresariado. El incendio parece haberse iniciado por casualidad. Francisco Cabrera, el ministro de la Producción, respondió a algunos quejosos hombres de negocios pidiéndoles que inviertan y dejen de llorar. Ese comentario ingresó al canon oficial cuando Mauricio Macri elogió a Cabrera en una reunión de gabinete. E hirió un poco más: "A muchos de esos tipos [Guillermo] Moreno les rompió la cabeza. Algunos empresarios se merecen un Moreno".

La tensión entre Macri y la industria no es novedosa. Es habitual que el Presidente se refiera a ese sector como un obstáculo, más que como un motor, para alcanzar el objetivo central de su programa: impulsar el crecimiento a través de la inversión en un marco de mayor competitividad. Algunos líderes de grandes compañías lamentan la estrategia oficialista. Uno de ellos, que viene de realizar caudalosas inversiones energéticas, comentaba así las declaraciones de Cabrera: "Este es un gobierno que, como necesita inversiones, tiene que cuidar a las empresas como yo cuido a mis clientes. Pero ellos no convocan. Y eso impide que nos digan qué pretenden y que les digamos qué pretendemos nosotros".

Para Macri la contradicción es conocida. Su padre ha sido un emblema dentro de su clase. Su tío, Jorge Blanco Villegas, a quien él recuerda con veneración, fue presidente de la UIA. Y su "hermano de la vida", Nicolás Caputo, es un ensamblador de electrónicos superprotegido por la escandalosa promoción de Tierra del Fuego. Macri sabe de qué habla.

La discusión echa luz sobre males viejos y nuevos. Muchas grandes fortunas argentinas se han construido sobre decretos oficiales. Pero, con independencia de ese vicio, el Gobierno carga con otro inconveniente. Si la política económica es gradual, la inversión también será gradual. Más allá de estas razones objetivas, el oficialismo aprecia este conflicto por su rentabilidad simbólica. Con una caída de 10 puntos en las encuestas, y en medio de una batalla antiinflacionaria que apuesta a la moderación de los aumentos salariales, confía en que la puja retórica con la UIA neutralice el prejuicio que más lastima al Presidente: "Gobierna para los ricos".

La pretensión oficial de producir un movimiento hacia la izquierda domina todas las iniciativas de estos días. El inventario de reformas progresistas expuesto por Macri ante la Asamblea Legislativa hace una semana y, sobre todo, la habilitación del tratamiento de la despenalización del aborto en el Congreso. Una jugada que aun rivales ideológicos acérrimos del Presidente consideran ventajosa. El Gobierno correría un solo riesgo: tentarse con intervenir en la dinámica legislativa. ¿Y la relación con la Iglesia? Antes que a Macri, Jorge Bergoglio deberá reclamar a Cristina Kirchner: entre los firmantes del proyecto hay cinco legisladores de Pro y 38 del Frente para la Victoria. Aquellos escarpines polisémicos que el Papa regaló a la expresidenta cuando la convirtieron en abuela sirvieron de muy poco.

El corrimiento del Gobierno hacia la izquierda recibió un respaldo, hay que suponer, inesperado. En pleno entredicho con los industriales, el juez Luis Rodríguez, que tanto se había resistido a pedir el desafuero de Julio De Vido, metió preso a Juan Carlos Lascurain. Es el titular de la cámara de empresas metalúrgicas (Adimra) y fue presidente de la UIA. Fue detenido por haber cobrado por una avenida que no se realizó. Era una de los trabajos contratados para esa caja negra llamada Río Turbio. En el sector de la obra pública siempre se afirmó que los adelantos financieros solían destinarse al pago de retornos. Eso explica tantos desembolsos para emprendimientos que nunca comenzaron.

Sin embargo, Lascurain fue durante el kirchnerismo mucho más que el adjudicatario de una ruta imaginaria. A su empresa, Fainser, le cedieron en 2009 la ampliación de una central eléctrica en Villa Gesell. Debía estar terminada en 300 días, pero se alargó más de 27 meses. También consiguió en 2012 el contrato para la central Vuelta de Obligado, por US$700 millones, en asociación con Duro Felguera y General Electric. Lascurain participaba de las reuniones de Roberto Baratta, la mano energética de De Vido, con empresas petroleras. Baratta explicaba: "Muchas veces las inversiones se traban por problemas con empresas de servicios, y como Juan Carlos tiene una, tal vez puede ayudar". La apoderada de la firma de Lascurain es Romina Mercado Kirchner. Hija de Alicia, sobrina de Néstor.

Lascurain fue agradecido. Desde 2004 publicó solicitadas alabando las decisiones de De Vido. En 2008, cuando Hugo Chávez estatizó Sidor, la empresa de Techint, explicó que para que haya inversiones tiene que haber confianza mutua entre la Argentina y Venezuela. Aplaudidor nato, se le enrojecieron las palmas de las manos con la estatización de los fondos previsionales y de YPF. Pero no tuvo el protagonismo de un Lázaro o un Cristóbal. Para Macri puede ser un beneficio. Lascurain es un empresario, no un kirchnerista. "Y, en el reino Macri, para los empresarios tampoco hay impunidad". Así sería el fraseo.

Las declaraciones cruzadas de funcionarios e industriales, igual que la prisión de Lascurain, no dejan de ser escaramuzas. El plan de Macri para el empresariado también es gradualista. Su instrumento principal es el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Presidente desea ver firmado cuanto antes. Este acuerdo, que inauguraría un proceso de apertura a lo largo de una década, fue el tema principal de la reunión de Macri con Emmanuel Macron el 26 de enero pasado.

Macri salió convencido de que la reticencia francesa había declinado. Ahora mira hacia Brasilia. Cree que la única demora está originada en la intransigencia del sector automotor brasileño, sobre todo autopartista. A fines de la semana pasada, Macri habló con su colega Michel Temer sobre esta preocupación.

¿Habló también sobre la situación de Gustavo Arribas, señalado por la policía brasileña como receptor, en 2013, de US$850.000 como parte de una operación de lavado de dinero? Las acusaciones contra Arribas, que no ha sido imputado en causa alguna, son una de las mayores mortificaciones del Gobierno.

Cuando los comisarios brasileños Víctor Hugo Rodrigues Alves Ferreira y Milton Fornazari afirmaron que el actual jefe de la AFI aparecía en la operación Descarte, una ramificación del proceso Lava Jato, la primera reacción de los funcionarios argentinos fue inusual. Anunciaron que hablarían con el gobierno de Brasil. Una gestión que tal vez no harían por otro ciudadano señalado en una pesquisa. El canciller Jorge Faurie realizó la comunicación, con pocos resultados. Era previsible. En noviembre pasado, Temer designó a Fernando Segovia director general de la Policía Federal. El 27 de febrero, designó nuevo ministro de Seguridad a Raul Jungmann. Al asumir su cargo, Jungmann desplazó a Segovia. ¿La razón? Se sospechaba que había sido promovido por políticos imputados en el Lava Jato. Moraleja para argentinos: si Temer no puede poner a salvo de la policía a sus principales aliados, menos podrá dar explicaciones sobre Arribas.

Las acusaciones contra Arribas son un misterio. El cambista Leonardo Meirelles, que declaró primero haber girado los fondos, había dicho que solo operaba para Odebrecht. Pero ahora las acusaciones hablan de retornos de una empresa de limpieza. Y las cifras también fueron variando. La defensa de Arribas también es un misterio. Juró a los funcionarios del Gobierno ser víctima de infamias. Pero sus explicaciones se fueron modificando. Primero habló de un cobro por la venta de un departamento. Después, de obras de arte. Al final, eran muebles. Dicen en los tribunales que el juez Rodolfo Canicoba Corral le dijo: "Yo lo puedo ayudar. Deme la explicación que quiera. Pero que sea una sola". Un amigo. En un comienzo Arribas dijo que no podía revelar la identidad del comprador. A pesar de que era una operación por solo US$70.000. Ahora que aparecieron detalles en Brasil, dijo que se trata de Atila Reys da Silva. Arribas tiene mala suerte. Justo le vendió los muebles a un empresario al que la policía señala como colaborador del cambista Meirelles en maniobras de lavado. El jefe de la AFI pidió al juez Claudio Bonadio que investigue si alguna vez recibió fondos ilegales en cuentas argentinas. En Brasil anticipan que la investigación avanzará y tal vez involucre a otros países.

El caso Arribas inquieta al oficialismo. Es lógico. Una administración que tiene como objetivo combatir al narcotráfico no hace juego con un jefe de inteligencia señalado por traficar dinero negro. Sin embargo, hay un perjuicio menos específico. En el Gobierno se multiplican los funcionarios que deben explicar conductas empresariales del pasado. Lo mismo sucedió con Berlusconi y con Piñera. Ocurre con Pedro Pablo Kuczynski y con Donald Trump. Es el karma de los gobiernos de hombres de negocios. Hacen falta muchos Lascurain para disimularlo. Se gobierne o no para los ricos.

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