Avanza la causa por las dos muertes en Olavarría

El fiscal cree que los productores fueron responsables
Darío Palavecino
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9 de marzo de 2018  

AZUL.- La acusación principal del fiscal contra los productores del fatídico show del Indio Solari es por estrago doloso, delito que estipula penas de hasta 20 años de cárcel. Los acusados niegan responsabilidad y acaban de pedir su sobreseimiento. A punto de cumplirse un año del último show del Indio, a la causa judicial, que tiene principal foco en los dos muertos y varios heridos que hubo entre los más de 200.000 asistentes, le quedan pocas pruebas por incorporar y se empieza a definir si están dadas las condiciones para que el caso pase pronto a juicio oral y público.

Los hermanos Marcos y Matías Peuscovich, responsables de la productora En Vivo SA, que organizó el espectáculo que se realizó en Olavarría, hicieron su descargo la semana pasada en los tribunales de Azul, donde afrontaron la declaración indagatoria ante el fiscal del caso, David Carballo. Junto a Gustavo Zurita, el tercer acusado, aportaron más documentación -escritos, fotos y videos- para insistir en su inocencia en el delito que se les imputa.

Carballo, que hace más de diez meses que trabaja en la causa y se encargó de tomar la mayoría de las declaraciones testimoniales, considera que los empresarios son los únicos responsables de la organización del show y, por ende, de las consecuencias fatales. "Entendemos que no se controló como se debía y es un hecho que ingresó más gente de la que estaba autorizada", dijo a LA NACION.

La hipótesis que sostiene la acusación vincula las muertes de León y Bulacio con avalanchas de público en cercanías del escenario y en un contexto de saturación del espacio físico. La defensa de los hermanos Peuscovich desestima esa opción y cita, por ejemplo, que las víctimas habían consumido estupefacientes, según surge de las autopsias.

En cuanto a la cantidad de público que hubo, otro punto de máximo debate entre las partes, los productores sostienen que vendieron 196.032 tickets (también se liquidó a Sadaic sobre esa cifra) porque el propio intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, autorizó el evento para 200.000 personas.

Pero el fiscal cree que hubo mucha más gente, lo que es posible porque se permitió ingreso sin entradas. El estudio encargado al Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) estima una concurrencia de 225.000 personas. La Unidad Criminalística de la Policía Federal Argentina considera que en La Colmena entraron casi 245.000. La defensa le resta valor científico a este último informe.

Para el caso en que el tribunal de juicio desestime el estrago doloso, Carballo incluyó como acusación alternativa el estrago doloso agravado por los homicidios culposos. La pena prevista es menor (hasta cinco años de cárcel) y en el proceso a esa instancia no se prevé privación de libertad para los imputados ni causa penal para Solari ni el intendente Galli.

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