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La gran apuesta de Vidal: poner orden en el caos

El gesto resuelto y concentrado de la gobernadora, en una imagen reciente
El gesto resuelto y concentrado de la gobernadora, en una imagen reciente
La gobernadora de Buenos Aires se lanza tras sus objetivos de bajar el déficit, racionalizar las cuentas de los municipios e invertir en obras; quiere demostrar que, además de transparente y carismática, puede ser la mejor administradora, y está dispuesta a enfrentar las resistencias
Francisco Olivera
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11 de marzo de 2018  

Felipe Solá, gobernador bonaerense entre 2002 y 2007, estalló una medianoche en los estudios de América. Era marzo de 2016 y, en el programa Intratables, acababa de deliberar con el panel sobre declaraciones de Franco Macri acerca de la gestión de su hijo el Presidente. "Mauricio ha puesto a una mujer increíble que es Vidal. Vidal va a hacer lo que no se ha hecho en la provincia en 50 años, 40 años, 20 años", había dicho el empresario. El sayo le cabía a todo el peronismo. Solá no cuestionaba en realidad a María Eugenia Vidal, pero sí la opinión del fundador de Socma sobre el pasado reciente, y así se lo hizo saber momentos después fuera del aire a este cronista, que había juzgado acertado el repaso histórico. "El problema es que los periodistas no conocen el conurbano", protestó. Momentos antes, sin embargo, delante de las cámaras, había graficado el distrito con una metáfora sugestiva: "Es muy complejo: si ahí sacás un empate tenés que festejar".

La provincia de Buenos Aires es el mito de Sísifo argentino: la piedra vuelve siempre hacia abajo. Con una política que se hizo más explícita a fines de año con el pacto fiscal y la ley previsional, Mauricio Macri pretende desafiar la historia: dotará el territorio de recursos con el objetivo de sacarlo de ese lugar de emblema del fracaso nacional y esa apuesta será, al mismo tiempo, la vara con que probablemente lo mida la sociedad. La oposición conoce el paño y, en general, le augura un fracaso.

Es cierto que la estrategia con que el Presidente reasignó los recursos hacia la provincia parece más propia del peronismo que de la campaña de Cambiemos. Se la recordará en una foto: la que se sacaron el 6 de noviembre pasado la gobernadora María Eugenia Vidal y Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, el tribunal que en ese momento estaba en condiciones de saldar, con un fallo que se suponía inminente, el conflicto entre Buenos Aires y el resto de las provincias por el Fondo del Conurbano, aquellos famosos 650 millones de pesos anuales (10% de la recaudación de entonces del impuesto a las ganancias) con que Menem convenció a Duhalde de ser gobernador en 1995. El fondo fue incluido en el acuerdo fiscal de 1996, pero la suma nunca se actualizó y terminó de diluirse con la pesificación de 2002 y la subsiguiente inflación.

Vidal renunció a ese juicio luego de pactar con los gobernadores. En el camino hasta concretarlo, fue más Vidal que nunca: inflexible. Había intentado una actualización con un proyecto de ley que no prosperó, por lo que resolvió a mediados de 2016 reclamarla en la Corte. Era una movida fuerte: con un fallo favorable, esos 650 millones se convertirían en 50.000 millones. O incluso más, porque la gobernadora le agregaba a la cuenta el retroactivo. "Estoy pidiendo lo que nos corresponde. Es un presupuesto entero, alrededor de 460.000 millones de pesos. Me voy a pelear con todos los que haga falta para defender a los bonaerenses", dijo en ese invierno.

Meses antes, acompañada por Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo había planteado en una reunión con gobernadores en el Salón Norte de la Casa Rosada. Tenía en ese momento dos alternativas: esperar la decisión de la Corte y elevar la cifra a 50.000 millones o renunciar al fondo y recuperar el reparto por coparticipación, unos 21.000 millones de pesos adicionales a lo que estaba recibiendo. Eran dos maneras de ganar. Algunos de los jefes provinciales presentes ese día, como Carlos Verna (La Pampa) y Juan Schiaretti (Córdoba), le dieron la razón, pero agregaron que la suma debía salir en todo caso de la Nación, que les debía a todos montos no coparticipables de impuestos internos, al cheque y a los combustibles, monotributo e IVA.

Vidal estaba dispuesta a esperar que lo resolviera la Justicia. Y, como tenía grandes posibilidades de ganar, gobernadores como Schiaretti, Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) empezaron a buscarle al asunto una solución política. Perder habría sido catastrófico para varios de ellos. Córdoba o Santa Fe, por ejemplo, quedaban expuestas a duplicar sus respectivos déficits al año siguiente.

La foto con Lorenzetti, muy cuestionada en algunas provincias, impactó en la negociación. ¿Era un gesto del presidente del tribunal al Gobierno? ¿Un mensaje para los gobernadores? "Soy optimista en que la Corte contribuirá para alcanzar una solución al reclamo por la actualización del Fondo del Conurbano", dijo Vidal en el Palacio de Justicia.

"Esa imagen cambió todo: no había mucho margen", dijo a este diario un operador del noroeste. Era además una sorpresa, porque Lorenzetti venía de cierta tensión con Cambiemos. No solo por los recurrentes sablazos de Elisa Carrió, que estaba a dos votos de habilitar el juicio político en su contra con denuncias de presunto enriquecimiento ilícito, sino por rencores que venían de fines de 2015 con todo el Gobierno. Apenas ganó Macri, entre el ballottage y la asunción, la Corte lo recibió con un fallo inesperado: le dio lugar a una presentación de tres provincias que reclamaban fondos millonarios que les correspondían del 15% del impuesto a las ganancias que, por un acuerdo firmado por Néstor Kirchner, iban a la Anses.

Fue un recibimiento explosivo. El tribunal no sólo les reconocía a San Luis y a Santa Fe el stock adeudado de cinco años por ese concepto, y a Córdoba, el flujo, sino que además habilitó a Cristina Kirchner a despedirse con un DNU que lo generalizaba: les devolvió ese 15% a todas las provincias. Casi en simultáneo, Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, y Axel Kicillof, ministro de Economía, completaron el paquete: en la última renegociación de deuda con varios distritos, instaron a los que habían desistido en 2006 de demandar al Estado por recursos impagos a un acuerdo que les permitía volver a reclamar. "Desistieron de haber desistido", recuerdan con horror en el Palacio de Hacienda.

Era una cuenta impagable. Por eso Macri, no bien llegó, congeló el fallo de la Corte mediante otro DNU. Y así estaba la relación con Lorenzetti a mediados del año pasado, mientras la Corte tenía en sus manos la demanda de la provincia de Buenos Aires. Fueron meses en los que se hizo difícil no mezclar los tantos. Hasta Carrió recibió, pocos meses antes de las elecciones de octubre, instrucciones de ser mesurada. "¡Ya me saqué el bozal de la campaña!", escribió despúes la diputada en su cuenta de Twitter.

La foto persuasiva

Una semana más tarde vino la foto de Vidal y Lorenzetti, que convenció a los gobernadores de que la vía menos costosa era la política. Fue el inicio del acuerdo que, diez días después, con excepción de San Luis, aceptaron todos. Alicia Kirchner, que estaba de viaje, envió a su vice, Pablo González. Y en lugar de Peppo, otro ausente, firmó por Chaco su segundo, Daniel Capitanich, hermano de Jorge, ex jefe de Gabinete. "Hoy es un día histórico", celebró Vidal. "Este es el día más importante de nuestra gestión", completó su ministro de Economía, Hernán Lacunza.

La situación estaba destrabada. Según el pacto, que incluía el respaldo de los gobernadores para las reformas tributaria y previsional que debían tratarse en el Congreso, la Nación le debía girar a Buenos Aires 40.000 millones de pesos este año y otros 65.000 millones el próximo. Fue el primer argumento que Roberto Baradel llevó este año a la paritaria. "Deberíamos ir con la mejor predisposición: la provincia cuenta con 40.000 millones de pesos más", se entusiasmó.

En La Plata dicen que la conclusión es engañosa: no hay aumento real en el presupuesto porque, en rigor, el año pasado se cubrió un monto idéntico con transferencias del Tesoro Nacional. Lo que en todo caso se hizo, insisten, fue reemplazar aquel envío discrecional por recursos genuinos. La mejora, agregan, es sólo institucional para 2018, porque las futuras administraciones bonaerenses no deberán depender de la buena voluntad de la Casa Rosada.

Lo que sí se agrega es un monto mayor el año próximo, otros 65.000 millones. Que, si no se administran bien, serán una tentación electoral. Ya ocurrió el año pasado con las legislativas: 40 de los 135 municipios cerraron con déficit. En 2016 habían sido solo 15. La maldición de los años impares argentinos: venían de ser 109 en 2015.

Vidal intentará evitar esos desajustes sumando municipios a la ley de responsabilidad fiscal, sancionada a fines del año pasado y a la que adhirieron hasta ahora 60 distritos. La norma, resistida todavía por algunos, obliga a los intendentes que pretendan recibir autorización para endeudarse o asistencias de la provincia en casos de emergencia a cumplir cuatro requisitos: los gastos corrientes no pueden subir más que la inflación; la plantilla de empleados no debe exceder el crecimiento vegetativo de la población; la deuda no tiene que ser superior al 8% de los recursos corrientes; y, por último, durante los últimos seis meses del mandato ningún intendente puede dejarle una herencia complicada a su sucesor con el aumento del gasto corriente mediante la contratación de empleados o servicios.

Ese último punto apunta a erradicar un viejo ardid territorial: los contratos de basura, que exceden los mandatos, suelen incluir por debajo de la mesa financiación para campañas. Coimas al contado que terminan pagando el sucesor y el contribuyente. Travesuras bonaerenses.

El gasto público se transformó así en una obsesión para Vidal. "Hay un seguimiento exhaustivo, casi persecutorio en los ministerios", dijeron en una dependencia, donde sacan una conclusión de orden psicológico: Vidal quiere demostrarle a Macri que, además de una dirigente carismática y transparente, puede ser la mejor administradora. Tal vez ésa sea la razón de dos desvelos concretos: Moreno, donde gobierna el camporista Walter Festa, y Mar del Plata, conducida por Carlos Arroyo, de Cambiemos. Esos dos distritos, los de mayor déficit de la provincia, muestran debilidades similares: estructuras tributarias que no recaudan ingresos propios, gastos elevados y salarios públicos superiores al promedio provincial.

"El Estado es así: si yo no reviso cada tanto la plantilla, los empleados tienden a crecer", admitió a este diario un jefe comunal. Nada que no esté en el manual del intendente bonaerense. Los números oficiales indican que en los ocho años de la gestión de Scioli, por ejemplo, el empleo público se expandió al 4,2% anual, tres veces más que el privado. Un informe de la consultora Idesa describe algo similar con la educación: entre 2004 y 2015 se agregaron 41.000 cargos docentes en la escuela primaria de la provincia, que pasó de tener 244.000 a 285.000, mientras el número de alumnos matriculados se desplomaba de 3,66 a 3,31 millones, es decir, 350.000 menos.

Son inconsistencias que obligan a la gobernadora a ejercer una relativa ortodoxia. En la mañana del 15 de diciembre, en Quilmes, con Martiniano Molina como anfitrión, exhortó a 69 jefes comunales de Cambiemos a bajar el gasto. No puede ser que municipios con déficits enormes, planteó, le pidan a la provincia fondos para inaugurar un polideportivo.

Quejas desde la otra vereda

La oposición no se lo toma tan mansamente. "Yo calificaba a la gestión de Scioli como mala, pero ahora no he visto ningún avance", dijo a este diario Francisco Durañona, intendente de San Antonio de Areco, que se queja de que en 2016 y en 2017 los distritos habían logrado coparticipar del 10% del endeudamiento de la provincia. "Pero, este año, no solo se vuelven a endeudar, sino que además reciben la compensación por el Fondo del Conurbano, se elimina el Fondo de Infraestructura Municipal y el Fondo de Seguridad. Es decir, se redujo en dos tercios lo que debíamos recibir este año en coparticipación".

Durañona no está dispuesto a adherir a la ley de responsabilidad fiscal. Él y otros 13 intendentes peronistas del interior bonaerense le enviaron el 16 de febrero a Vidal una carta en la que le proponen rever la ley porque, dicen, pone en juego la autonomía de los municipios.

Será una discusión larga. El martes, once intendentes de Cambiemos -entre ellos Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Nicolás Ducoté (Pilar)- se reunieron en el Banco Provincia para discutir el segundo paso del plan, que Vidal prepara para algún momento del año: modificar el modo en que la provincia reparte internamente los recursos.

La iniciativa, que debe hacerse por ley, pretende terminar con una vieja distorsión relativa: hay comunas que, por tener menos habitantes, acaban recibiendo más fondos per capita que otras de mayor densidad, que en general son las que más los necesitan. Habrá mucho por discutir porque se trata de un juego de suma cero en que no todos ganan. En su libro Conurbano infinito, el jesuita Rodrigo Zarazaga cita contrastes interesantes. La Matanza, por ejemplo, donde gobierna la kirchnerista Verónica Magario, otra de las que no adhirió a la ley de responsabilidad fiscal, recibió en 2015, a precios corrientes, apenas 1361 pesos por habitante. Y en el otro extremo, Pila, conducido por el peronista Gustavo Alfredo Walker, obtuvo 14.863 pesos. El 55% de la coparticipación de la provincia va al conurbano, dice el informe, pero en ese área vive nada menos que el 74% de los bonaerenses y la pobreza llega al 82%.

Salga o no la ley, Vidal promete concentrar los nuevos recursos en tres objetivos: bajar el déficit, reducir impuestos e invertir en obras hidráulicas, rutas y cloacas. Ahí está el núcleo del programa entero del Gobierno y, al mismo tiempo, su patriada personal. Si se repasa la historia, no deja de ser una apuesta por la utopía.

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