Guiño de la Auditoría al Gobierno en el caso del Correo Argentino

Fuente: Archivo
Laura Serra
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9 de marzo de 2018  • 19:17

A un año desde que estalló el escándalo, la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió finalmente el dictamen sobre el acuerdo que suscribió el Gobierno con el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino. El dictamen de los auditores, aprobado ayer en el más absoluto sigilo y al que tuvo acceso La Nación, significa todo un alivio para el Gobierno ya que allí se eximen de emitir opinión sobre aquel acuerdo, el cual fue denunciado de "abusivo" por Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Boquín había reclamado que se rechace dicho acuerdo pues iba a implicar una virtual condonación de la deuda que el Correo Argentino con el Estado, con una quita de 70.000 millones de pesos a 2033.

El hecho que la AGN no se hubiese pronunciado explícitamente contra el acuerdo por la deuda del Correo es visto, por el Gobierno, como una muy buena noticia. "En el dictamen de la AGN se hace hincapié en que la empresa Correo Argentino no tenía bienes al momento del concurso, sólo bienes contingentes, que eran los juicios que le hizo el Estado. Por lo tanto, era imposible pretender cobrarle toda la deuda; la única solución era llegar a un acuerdo con un plan de pago, que es lo que hicimos nosotros", indicó a La Nacion una encumbrada fuente de la Casa Rosada que tuvo acceso al informe de auditoría.

El dictamen fue suscripto por cinco de los siete auditores: su presidente, Oscar Lamberto; Javier Fernández y Gabriel Mihura Estrada, todos ellos enrolados en el peronismo no kirchnerista. Acompañaron, también, los radicales Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez. Los kirchneristas María Graciela De la Rosa y Juan Ignacio Forlón rechazaron, en cambio, el dictamen de mayoría.

En sus fundamentos, el informe sostiene que "en todo trabajo de auditoría es fundamental precisar cuál es la materia auditable. En este sentido, un proceso concursal queda fuera de la competencia de la AGN porque se trata de un acuerdo entre privados. Tampoco es materia auditable la valorización de activos y pasivos que están sujetos a las reglas concursales. La AGN no debe opinar sobre la razonabilidad de propuestas rechazadas o retiradas en el marco de una negociación concursal bajo la tutela de un juez".

"La intervención de la AGN a los fines de pronunciarse sobre hipótesis tales como 'revisión de mecanismos de actualización' resultaría improcedente ya que el reconocimiento de los efectos de la inflación, así como la aplicación de cualquier otro mecanismo de actualización de las deudas se encuentra prohibido por las leyes 23.928 y 25.651", enfatizaron los auditores.

"Este es un tema que debe resolver la Justicia, no la AGN. El Gobierno no sabía qué hacer cuando estalló el escándalo, nos tiraron la brasa caliente y nosotros resolvimos abocarnos. De hecho, elaboramos un amplio informe sobre todos los antecedentes del caso. Pero en realidad la AGN no es competente para resolver sobre este acuerdo entre el Gobierno y el Correo: es un conflicto entre privados que no se resolvió en los últimos 12 años. Lo debe resolver la Justicia", explicó una fuente segura a La Nación.

El informe de la AGN se remitirá en las próximas horas a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso; sus miembros deberán resolver si lo aprueban o lo devuelven a la AGN. Todo indicaría que se avanzará en la primera opción, teniendo en cuenta la AGN el PJ no kirchnerista ya acercó posiciones con el oficialismo en el seno de la AGN.

La causa judicial por la deuda que Correo Argentino mantiene con el Estado se inició en septiembre de 2001, momento en el que la empresa, por entonces en manos del Grupo Macri, entró en concurso de acreedores. Sin embargo, a lo largo de la gestión kirchnerista no se arribó a ningún acuerdo con el Estado; en junio de 2016, ya con Mauricio Macri como presidente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia de la empresa con los acreedores para lograr un acuerdo. Fue entonces cuando la empresa propuso un plan de pagos que fue aceptado por el Ministerio de Comunicación: consistía en un plan de pago de 15 cuotas anuales y consecutivas y una más de intereses, y el monto total que terminará de pagar en marzo de 2033 será de $ 1436 millones de pesos.

Boquín, luego de revisar el acuerdo, concluyó que lo acordado "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva" en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por la DAFI, una quita de más de $ 4000 millones de pesos en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033.

Una vez que estalló el escándalo por estar su familia involucrada, el presidente Macri decidió dar de baja el acuerdo y remitió el caso a la AGN. Después de un año de trabajo, los auditores resolvieron que ese órgano de control no debía entender en una materia que le resultaba ajena, es decir, en un juicio entre privados. Si bien no le dio la plena razón al Gobierno, lo cierto es que al menos no lo condenó por el acuerdo que había suscripto con el Correo Argentino, motivo de infinidad de críticas de la oposición e, incluso, de una presentación judicial ante el juez federal Ariel Lijo.

"El dictamen de la AGN es un alivio", insistían, ayer, en el Gobierno.

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