La extradición de Jones Huala

Los hechos de violencia provocados por seguidores del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche resultan tan injustificables como repudiables
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10 de marzo de 2018  

La decisión del juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, de habilitar la extradición a Chile del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Jones Huala, provocó injustificables incidentes promovidos por activistas, en un nuevo capítulo de violencia y atentados contra el orden público y las instituciones.

Resulta condenable que, arengados desde la cárcel por el propio Jones Huala, sus radicalizados seguidores reaccionen con ese nivel de agresividad cuando lo que se está haciendo es sometiendo al derecho a una persona acusada de un gravísimo delito en el país trasandino, cuya extradición se solicitó y corresponde que sea decidida por la Justicia argentina.

La extradición en sí misma constituye un requerimiento de colaboración penal internacional para proceder al juzgamiento de un presunto delito en el país en el que este se habría cometido. Dándose los supuestos legales de doble incriminación en ambos Estados, le corresponderá una pena mínima de un año por los delitos sobre la base de los cuales se solicita dicha medida y el cumplimiento de recaudos formales en el país requirente. Por su parte, el país requerido no debe pronunciarse sobre la cuestión de fondo, ya que ello corresponde al país requirente, conforme a lo que establece el sistema judicial.

Jones Huala fue detenido en la Argentina en marzo de 2015 por la supuesta comisión de los delitos de incendio, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, además de violación de la ley de extranjería, cometidos en 2013 en el fundo conocido como Pisu Pisué en la zona chilena de Valdivia, en el marco de acciones contra compañías madereras e hidroeléctricas en memoria de un joven mapuche asesinado en 2008 durante el desalojo violento de tierras que habían sido ocupadas.

En el Juzgado de Esquel, a cargo del doctor Guido Otranto, con fecha 6 de septiembre de 2016, se decidió la nulidad de su detención por deficiencias en el procedimiento atribuidas a la Dirección de Investigaciones de la policía provincial y se procedió al archivo de las actuaciones, motivo por el cual el citado juez nunca llegó a pronunciarse sobre el pedido de extradición.

Lo antedicho permitió una nueva detención del dirigente mapuche en junio de 2017 y la radicación de dicho pedido de extradición ante el juez federal subrogante en el Juzgado de Bariloche, el doctor Villanueva. La detención de Jones Huala, junto a la de otras personas, tuvo lugar en un control vehicular realizado por la Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 40, sector Paraje Río Villegas, a 30 kilómetros de El Bolsón, en las afueras de Bariloche, verificándose allí el pedido internacional de captura pendiente y pasando el acusado a quedar a disposición del Juzgado Federal de Bariloche. El lunes pasado se dictó la sentencia de extradición en relación con los delitos que así lo permitían y de los que fue excluida la violación de la ley de extranjería, que no constituye delito en nuestro país.

Contra la sentencia que concedió la extradición, la defensa de Jones Huala presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá la decisión final sobre el caso. Así, se resolverá en sede judicial la aceptación o el rechazo del pedido y el Poder Ejecutivo Nacional, una vez notificado, tendrá un lapso de diez días para analizar la situación y resolver si procede o no al envío del detenido a Chile.

El caso Jones Huala sirve para esclarecer a la opinión pública sobre los alcances de una figura legal como la de la extradición. Los países colaboran entre ellos conforme a las reglas que impone el Estado de Derecho para que los hechos ilícitos sean sometidos a juzgamiento de manera efectiva en el país en el que se cometieron.

Está claro que, en cualquier caso, recibir un pedido de extradición no implica para el país requerido un pronunciamiento penal sobre los delitos por los que un acusado es requerido. El juicio contra Jones Huala por los delitos que se le imputan se realizaría en Chile, 60 días después de producirse su extradición desde la Argentina.

Las voces de quienes escuchamos alzarse, llegando incluso a ejercer la violencia, parecen no comprender este punto. No corresponde a nuestra Justicia determinar la culpabilidad o no del acusado por los delitos que se le imputan. Nuestros tribunales tramitan exclusivamente la cuestión de la extradición.

Los hechos que se le imputan en el país vecino al líder de la RAM son lo suficientemente graves como para justificar su pedido de extradición y para desacreditar el argumento de que el acusado es simplemente un "perseguido político", un calificativo que vienen utilizando sin fundamentos desde sindicalistas detenidos por escándalos de corrupción hasta la expresidenta Cristina Kirchner.

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