Una ley que ayudará a las empresas

Nicolás Vinuesa
Nicolás Vinuesa PARA LA NACION
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12 de marzo de 2018  

Con la entrada en vigor de la ley 27.401, referente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas podrán ser condenadas por los siguientes delitos: cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con la función pública; concusión; enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, y balances e informes falsos agravados. Cabe recordar que en nuestra legislación las personas jurídicas ya eran susceptibles de ser penalizadas por los delitos previstos en la ley penal tributaria y el lavado de dinero.

Las empresas se hacen así punibles a través de un sistema de responsabilidad penal por transferencia. Los hechos delictivos realizados por sus representantes se considerarán transferidos a ellas en razón de la íntima relación funcional existente entre ambos, ya sean cometidos en forma directa o indirecta. Esto permitirá imputarlas penalmente de diversos delitos cualquiera sea el modo en que se hayan perpetrado, sin discriminar en grados jerárquicos ni responsabilidades, siempre y cuando hayan tenido su intervención o utilizado su nombre, obteniendo para ella algún tipo de interés o beneficio.

También, y a raíz de la independencia de las acciones penales, la persona jurídica podrá ser condenada aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la persona física (en ese caso se deberá determinar que el delito no se podría haber cometido sin la necesaria tolerancia de sus órganos).

La nueva ley prevé también la posibilidad de que la empresa inmersa en la investigación de un delito pueda someterse a un acuerdo de colaboración, a cambio de información relevante y sujeto a ciertas condiciones, con el Ministerio Público Fiscal.

Por otro lado, la ley introduce formalmente en nuestro país los comúnmente llamados compliance programs, o programas de integridad. Si bien la obligación de contar con un oficial de cumplimiento ya se encontraba presente en diversos campos -principalmente el de las finanzas y la prevención del lavado de activos-, con la sanción de la reciente ley, su obligatoriedad se ampliará a distintos sectores de la economía, fundamentalmente aquellos vinculados a la contratación estatal.

Estos programas son todas aquellas acciones que una empresa puede llevar a cabo para prevenir, detectar y corregir irregularidades vinculadas a hechos ilícitos o incumplimientos normativos, y deberán guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realice, como también con su dimensión y capacidad económica.

La flamante ley establece ciertos requisitos mínimos que los programas de integridad deberán necesariamente contener, tales como la creación de un código de ética o de conducta que guíen la actividad de la empresa; reglas y procedimientos para prevenir hechos delictivos en el ámbito de la relación comercial con el sector público; la capacitación de directivos y personal de la empresa, y un buen canal de investigación y denuncias interno.

La correcta implementación de la ley hará la diferencia entre un programa de cumplimiento efectivo, que pueda detectar delitos e incumplimientos normativos a tiempo, y uno simplemente cosmético.

Finalmente, la nueva ley se aplica en dos supuestos: aquellos contratos que, según su monto, deben ser aprobados por los correspondientes ministros, como también aquellos contratos celebrados dentro del marco de lo dispuesto por los distintos regímenes de contratación pública. Por eso, si bien su implementación será obligatoria únicamente para ciertos contratos vinculados al Estado, lo concreto es que estos programas pueden traer importantes beneficios no solamente en el ámbito del derecho penal, sino también en sus finanzas y su imagen reputacional.

Un programa de integridad mejorará la actividad financiera de la empresa y su rentabilidad, otorgándole así un valor agregado importante a la hora de realizar sus actividades principales.

Protegerá a la empresa y le permitirá acceder a beneficios penales en caso de resultar condenada.

El programa logrará detectar riesgos susceptibles de indemnizaciones económicas y/o sanciones penales, como también dará la posibilidad de realizar una evaluación y un seguimiento continuos de la actividad y la calidad ética de sus directivos y empleados.

Abogado penalista

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