El Lava Jato, un modelo posible

Rodolfo Rodil
Rodolfo Rodil MEDIO:
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14 de marzo de 2018  

La demanda de transparencia, que atraviesa todos los sectores sociales, parece haber sido escuchada tanto por el Gobierno como por el Poder Judicial. Importantes funcionarios del Ejecutivo han denunciado hechos de corrupción y proclaman que esta gestión se ha impuesto terminar con las mafias que han colonizado al aparato estatal, los sindicatos, las organizaciones políticas, las fuerzas de seguridad y algunos organismos autárquicos. Al mismo tiempo, los jueces federales han acelerado la tramitación de las denuncias, en especial aquellas que afectan a funcionarios de la gestión kirchnerista; en algunos casos han decretado prisiones preventivas y han trabado embargos millonarios a los patrimonios de los imputados.

Este importante avance se nota, fundamentalmente, en relación a la investigación y condena de exfuncionarios o dirigentes que se sirvieron de los recursos públicos para su enriquecimiento personal. Sin embargo, excepto los casos de los connotados empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López, poco se ha avanzado respecto de la participación empresaria en la trama de sobornos que, desde hace años, encarecen la obra pública y cartelizan las licitaciones en nuestro país.

Para desarrollar una investigación integral que permita descubrir a todos los implicados bien podría tomarse, como ejemplo de ejecutividad, la operación Lava Jato en Brasil, que investiga el mayor caso de corrupción pública/privada de América Latina.

Salvando las distancias y contemplando las diferencias del proceso penal entre un país y otro, la Justicia brasileña, con el impulso decisivo del juez Sergio Moro, ha procesado y condenado a empresarios, funcionarios y dirigentes de distintos colores políticos que urdieron (o formaron parte de) un plan para apropiarse indebidamente de dineros públicos.

Para morigerar sus penas, algunos empresarios presos en Brasil han declarado haber participado de transacciones ilegales en la Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, entre otros países.

Como consecuencia de estas revelaciones, en Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa, juntamente con los empresarios José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña, de la firma Graña y Montero; Fernando Camet Piccone, de la empresa JJCamet, y Fernando Castillo Dibós, de la compañía Iccgsa, fueron detenidos, mientras una orden de captura pesa sobre el expresidente Alejandro Toledo. A su vez, en Ecuador, Jorge Glas, vicepresidente en ejercicio al momento de la investigación, fue condenado a seis años de prisión acusado de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y formar parte de una asociación ilícita con su tío, el empresario Ricardo Rivera, también detenido. En Colombia fueron detenidos el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y los empresarios Enrique Ghisays Manzur, César Hernández y Andrés Cárdona Laverde, entre otros, todos vinculados con sobornos pagados por Odebrecht.

En nuestro país estamos ante una situación bien diferente: aún no se ha producido prácticamente ningún avance. Cabe señalar que la empresa Odebrecht, que ha reconocido haber pagado 35 millones de dólares en coimas en la Argentina, se asoció a empresas constructoras de nuestro país, de primera línea, para ejecutar las obras que le fueron otorgadas.

Urge que la Justicia avance en la investigación sobre las eventuales conductas delictivas de algunos sectores del establishment empresarial que, en colusión con funcionarios corruptos, defraudaron al Estado obteniendo enormes ganancias a través de licitaciones amañadas o sobrefacturaciones vergonzosas. De este modo se logrará hacer justicia con quienes hayan permanecido por fuera de estas complicidades, evitando que las sospechas recaigan sobre el conjunto.

Para restaurar la confianza de la sociedad en sus instituciones es necesario medir a todos con la misma vara y juzgar a quienes participaron del saqueo de los recursos públicos, sin que importe la actividad que desarrollen, el estatus social que tengan ni las ideas políticas que profesen.

Ex vicepresidente de la Cámara de Diputados

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