Caso Próvolo: el enviado del Vaticano quiere reabrir la escuela investigada por abusos sexuales

Padres y maestros también reclaman la reapertura del instituto
Padres y maestros también reclaman la reapertura del instituto
Pablo Mannino
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14 de marzo de 2018  • 12:36

MENDOZA.- En medio de la investigación judicial y a la espera del juicio por los casos de abusos sexuales a niños sordomudos en el instituto Próvolo de Mendoza, el Vaticano quiere reabrir el colegio del escándalo, ubicado en Luján de Cuyo, luego de que la Justicia le restituyera el espacio físico de seis hectáreas.

Así lo expresó Alberto Bochatey, obispo y comisario instructor designado por el papa Francisco en la controversial causa, que tiene casi una treintena de hechos denunciados. En tanto, desde la Dirección General de Escuelas, en diálogo con LA NACION, intentaron poner paños fríos a la intención religiosa y aseguraron que el establecimiento se encuentra suspendido e inhabilitado, hasta tanto concluya el proceso penal.

En las últimas horas, Bochatey encendió las alertas y la preocupación entre los familiares de las víctimas al asegurar que se busca volver a abrir las puertas de la "Casita de Dios", como la llamaban los ex alumnos, luego de que el fiscal que instruye la causa, Gustavo Stroppiana decidiera devolverles el inmueble. En tanto, hay un grupo de padres y docentes que bregan para que las actividades se restablezcan en el Próvolo.

De esta manera, según el obispo, quien llegó el año pasado a la provincia para realizar la pesquisa eclesiástica del conmocionante caso, resta esperar que la Dirección de Personas Jurídicas del Gobierno de Mendoza apruebe la nueva Comisión Directiva de la Asociación Obra San Jose, miembro de la Congregación Compañía de María para la Educación de los Niños Sordomudos.

"Es el único colegio en Mendoza donde hubo denuncias de abuso sexual y se cerró. En los otros separaron a docentes o al que fuera sospechado, pero la institución continuó, y, eso es lo que pedimos", indicó Bochatey, y agregó: "Queremos ver hasta dónde tenemos permitido avanzar. La intención es volver a abrir por el pedido de varias de las familias de los alumnos. De entrada, pedimos que se separara la paja del trigo pero que no se cerrara el colegio".

Monseñor Alberto Bochatey
Monseñor Alberto Bochatey Fuente: Archivo

En el Gobierno escolar entienden que no tendrá asidero el planteo que llega desde la Santa Sede. El director de Asuntos Jurídicos de la DGE, Francisco Fernández, explicó a LA NACION que no sólo se debe respetar la resolución 093/2017 que suspende e inhabilita preventivamente a la Congregación y a las asociaciones que la componen, más allá de sus directivos, hasta tanto se dicte sentencia penal, sino que existe un proceso administrativo que puede demorar aún más. "En cuanto a las irregularidades administrativas, sobre todo del personal directivo, hay elementos de convicción, por lo que más allá de la decisión penal, es posible que nunca más se pueda prestar servicio educativo en el Próvolo", manifestó Fernández, y explicó que no hay una presentación judicial contra la normativa oficial, la cual considera "quedó firme".

Así las cosas, mientras se analiza la intención de la curia, Bochatey quiso dejar en claro que "el hecho que se investiga es condenable desde todo punto de vista. Este es un momento en el que debemos estar abocados a la búsqueda de la verdad".

Los abogados, Carlos Lombardi, de la Red de sobrevivientes de abusos sexuales eclesiásticos en Argentina, y Sergio Salinas, representantes de las víctimas, coincidieron en rechazar el pedido de la Iglesia. "Se están moviendo porque quieren seguir lucrando y blanquear la imagen. No les importan las víctimas", expresó Lombardi al diario local Los Andes; en tanto, Salinas, indicó: "Más que preocuparse por reabrir el instituto, deberían preocuparse por indemnizar a las víctimas, y no por esquivar los derechos como han hecho durante toda la historia".

Por su parte, en diálogo con LA NACION, un grupo de docentes y padres de chicos que asistían al colegio y que tuvieron que ser reubicado en otras escuelas, con menor experiencia en el tratamiento integral de personas hipoacúsicas, vieron con buenos ojos la intención de la Santa Sede y se mostraron expectantes de que sus hijos puedan volver al establecimiento. "Cuando ocurren casos de abusos no se cierra una escuela, por eso, esperamos que se dé marcha atrás y nuestros hijos puedan volver a tener una educación de calidad y completa. Queremos que el Próvolo siga funcionando con la intervención del Estado y con mayores controles", expresó el papá de una nena hipoacúsica que vive en Valle de Uco. "Los chicos han sido reubicados, pero la educación que ofrecen las demás escuelas no es especializada. En el Próvolo se hacía un trabajo muy bueno y se veían los avances", comentó una mamá de otra estudiante.

Imputados

Solo cuatro de las 14 personas imputadas permanecen tras las rejas. El cura Nicola Corradi (82) goza del beneficio de prisión domiciliaria, por su avanza edad, pero los detenidos en la cárcel, acusados de cometer las ataques sexuales, son el sacerdote Horacio Corbacho y los ex administrativos Jorge Bordón y Armando Gómez. A ellos se suma la detención a comienzos de este año de la cocinera de la institución, Noemí Paz, quien se encuentra en el penal de Agua de las Avispas, en Cacheuta, imputada como "partícipe primaria en abuso sexual agravado", aunque se espera que obtenga la prisión domiciliaria. Los otros acusados, como las dos monjas, Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, se encuentran con ese beneficio, al igual que otros directivos y personal del colegio.

En tanto, uno de los primeros acusados quedó desligado de la causa tras ser declarado inimputable. De acuerdo a los pericias de salud mental realizadas por la Justicia, el hombre no comprende la criminalidad de sus actos, ya que no sólo es hipoacúsico sino que padece un retraso psicológico, además de haber sido víctima de abusos sexuales en la infancia por parte de sacerdotes durante sus años en la sede del instituto en La Plata. De ahí que uno de los curas imputados, Corradi, también está señalado de agredir sexualmente al hombre.

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