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El país mejora en el ranking mundial

Nicolás Durrieu
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15 de marzo de 2018  

Amnistía Internacional recientemente difundió su índice de percepción de la corrupción (IPC) de 2017, en donde se aprecia que la Argentina no solo mejoró su puntuación en comparación con la de 2016, sino que también es la mejor marca obtenida desde al menos 2012, fecha en que se modificó la metodología. Algo más para destacar es que el país superó a Brasil por primera vez desde 1996.

Obtuvimos una puntuación de 39 sobre 100, lo que ubicó a nuestro país en el puesto 85 entre los 180 analizados (siendo el 1 el menos corrupto). El IPC es la medición más prestigiosa y conocida en el mundo relativa a la corrupción del sector público y se basa en diversas fuentes y estudios de especialistas de cada país.

Aunque el puntaje obtenido sigue siendo preocupantemente alto, y eso se evidencia en que estamos por debajo de la puntuación media mundial (43), puede apreciarse que vamos por el buen camino si tomamos los datos históricos obtenidos por ese índice. Cabe destacar que en los últimos dos años -casualmente con el actual gobierno- se revirtió la tendencia negativa de la última década.

En comparación con América Latina, en 2017 estuvimos mejor que nuestros pares, siendo superados ampliamente solo por nuestros vecinos de Uruguay y Chile y, en menor medida, por Costa Rica, Cuba, Trinidad y Tobago y Jamaica.

La mejora en el índice obtenida en los dos últimos años no es fortuita, ya que el actual gobierno ha tomado medidas en concreto para atacar este flagelo, con excepción de algún caso en particular que se le pueda reprochar. Es importante tener en cuenta que la corrupción que padece la Argentina es estructural y se encuentra arraigada en la gente, por lo que los resultados significativos solo se darán en el largo plazo, siempre y cuando sea constante el esfuerzo.

Fuente: LA NACION

En concreto, en línea con los estándares internacionales en la materia -Convención Interamericana y de la ONU contra la Corrupción de 1996 y 2003, respectivamente, así como la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros de la OCDE de 1997-, a fines del año pasado se sancionó la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica por hechos de corrupción (27.401).

También se sancionaron diversas normas en la materia, como los lineamientos de buen gobierno corporativo para empresas estatales (85/2018), la reglamentación del artículo 18 de la ley de ética pública (1179/2016) -que regula los regalos a los funcionarios públicos-, la ley del arrepentido por hechos de corrupción (27.304) y la ley sobre herramientas de investigación contra el crimen organizado (27.319), entre otras provenientes de los organismos de control (CNV, BCRA, etc.).

Asimismo, al cabo de dos años de gestión se redujeron la burocracia y la discreción de la administración pública -ámbito propicio de corrupción- y se revitalizaron los roles de organismos centrales en la lucha contra este flagelo, tales como la función de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción. En el orden de la provincia de Buenos Aires, se limitó la reelección indefinida de los intendentes y se creó una oficina anticorrupción.

Se espera que en 2018 se siga con esta tendencia positiva, ya que en la actualidad el PEN está impulsando diversos proyectos de ley en la materia, como la que regula el lobby, una reforma integral de la Oficina Anticorrupción que le provee mayor independencia y la modificación de la ley de ética pública que equipara al sindicalista a su condición de funcionario público, ya que administra fondos públicos a través de las obras sociales, con la consecuente obligación de realizar la declaración jurada pública .

Más allá de las motivaciones éticas que pueda tener una persona o gobierno, desde un punto de vista utilitarista se encuentra demostrado que la corrupción hace ineficiente al Estado y ahuyenta a los grandes capitales internacionales que quieren invertir y generar trabajo en el país.

La Argentina se encuentra en un proceso de apertura al mundo, por lo que debe adoptar los estándares internacionales en materia económica, pero también en calidad institucional. Las dos van de la mano y así lo entiende el gobierno actual, lo que se ve reflejado en la mejora en la puntuación del índice de Transparencia Internacional.

Magíster en Derecho Internacional Penal por la Universidad de Georgetown y exconsultor de las Naciones Unidas contra las drogas y el Delito

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