Citan a indagatoria a Daniel Scioli por sus negocios con una proveedora de la Provincia

El fiscal Garganta lo citó tras determinar que una empresa que recibió $117 millones en obras públicas le garantizó alquileres millonarios en La Ñata
El fiscal Garganta lo citó tras determinar que una empresa que recibió $117 millones en obras públicas le garantizó alquileres millonarios en La Ñata Fuente: Archivo
Maia Jastreblansky
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16 de marzo de 2018  • 14:50

El frente judicial contra Daniel Scioli se ensombreció ayer como nunca antes. El fiscal platense Álvaro Garganta citó por primera vez al ex gobernador bonaerense a indagatoria en el marco de una causa de corrupción. La investigación acreditó que la ex gestión provincial benefició con contratos por $117 millones a una empresa que, a su vez, le garantizó alquileres millonarios al exmandatario dentro del predio de Villa La Ñata.

La causa se inició por una denuncia de Elisa Carrió. La presentación originó una megacausa que puso bajo la lupa presuntas "cajas negras" de la gestión provincial de entonces. En este tramo del expediente, Garganta investiga las contrataciones del Ministerio de Salud para la construcción de ocho unidades de pronta atención (UPA), un "caballito de batalla" de la administración sciolista.

El escrito judicial describe un flujo de dinero circular bajo la figura de presuntas "dádivas": según el fiscal, la provincia contrató siempre a la firma Miller Building de manera irregular. Esta empresa, a su vez, hizo obras y le alquiló a Scioli un inmueble dentro del predio de La Ñata, el lugar donde vivía el exgobernador en la zona de Benavídez, a la vera del río Luján. "Scioli mantenía una relación personal y comercial con Ricardo Miller [titular de Miller Building] antes, durante y aun después que el empresario fue beneficiado irregularmente con el otorgamiento de las obras públicas", señaló el escrito del fiscal. Garganta investiga también al entonces ministro de Salud Alejandro Collia.

A través de un comunicado, los abogados de Scioli aseguraron que "todas las licitaciones y contrataciones " fueron "regulares, y aprobadas por los organismos de control".

Citan a indagatoria a Scioli

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La maniobra

De acuerdo con el auto de citación a indagatoria, en julio de 2013 Ricardo Miller le alquiló el inmueble de Villa La Ñata a Capanone SA (sociedad de la que Scioli posee el 99% de las acciones) para un emprendimiento hotelero. Primero lo hizo por medio de una socia y luego, a partir de octubre de 2014, a través de una nueva sociedad, Multiespacios La Posada SA. Se pagaron $4.464.960 en 60 cuotas mensuales.

Pero el complejo nunca funcionó y solo se utilizó para realizar fiestas familiares. Así lo supo la Justicia tras la declaración testimonial de un encargado del espacio que detalló que "entre junio de 2014 y diciembre de 2017 se realizaron entre 4 y 5 eventos". Y enumeró: "El cumpleaños de Ricardo Miller, el festejo de cumpleaños de su hijo, un agasajo a proveedores y un casamiento".

Los nexos entre Scioli y Miller Building fueron más allá: la empresa se encargó de la construcción de las instalaciones del microestadio de La Ñata Sporting Club, donde juega el actual diputado del Frente para la Victoria con su equipo de futsal. El exgobernador, en tanto, se subió más de una vez a los helicópteros Robinson R-44-II y Robinson R-44 Raven-II propiedad de Ricardo Miller, según los registros de la ANAC.

Miller, en tanto, realizó onerosas mejoras que valorizaron el inmueble que pertenecía a Scioli. "Tal como surge del informe catastral de ARBA, para 2013 el inmueble tenía 1890 metros cuadrados cubiertos terminados y para 2017 la superficie ascendía a más de 3000 metros cuadrados", detalló el escrito. El alquiler se había firmado "con opción de compra" y finalmente Multiespacios La Posada SA adquirió el inmueble con dinero que ingresó a través del blanqueo, de acuerdo con datos de la UIF.

"A medida que avanzaba el empresario en las adjudicaciones públicas, ello tenía su correlato en el avance de las significativas mejoras ejecutadas en el predio del ex primer mandatario", señaló Garganta. Para el fiscal, las contrataciones para las UPA tuvieron "múltiples irregularidades" como la elusión de la ley de obras públicas (que prevé mayor competencia entre los proveedores) y la reducción de plazos que hizo que otras empresas no pudieran presentar sus ofertas en tiempo y forma. La audiencia será el próximo 3 de mayo.

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