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La atención a extranjeros, eje de un nuevo debate

PARTE I. Se necesita una discusión seria y profunda que nos permita arribar a una verdadera política de Estado frente a un sistema sanitario al borde del colapso
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18 de marzo de 2018  

La decisión del gobernador jujeño, Gerardo Morales, de cobrar un arancel por la atención médica en su provincia a ciudadanos extranjeros no residentes derivó en proyectos presentados en el Congreso nacional por un grupo de diputados de Cambiemos para regular el acceso gratuito a los servicios de salud y educación de los inmigrantes sobre la base de criterios de reciprocidad.

Se reabre así un tema de muy vieja data y enorme sensibilidad. Por mandato constitucional, nuestro país ampara la promoción del bienestar general para todos los que quieran habitar el suelo argentino y sostiene que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano, pudiendo ejercer su industria, comercio o profesión y ejercer libremente su culto, entre otros legalmente reconocidos.

Históricamente, hemos sido siempre una nación receptora de flujos migratorios de las procedencias más variadas. De eso no hay ninguna duda. ¿Cuál es entonces el punto que nos lleva a replantearnos esa política de brazos abiertos? En principio, porque es necesario definir un programa sanitario, un plan de acción coherente y sostenido que nos permita conocer el verdadero estado de la salud pública y cómo asignar mejor los siempre escasos recursos que a ella se destinan.

El sistema atraviesa una crisis muy profunda: muchos hospitales están colapsados por la sobredemanda, son vetustos, no llegan siquiera a atender en forma adecuada a la población local. Recargarlos con requerimientos de ciudadanos extranjeros obviamente profundiza esas falencias y determina que la atención no sea buena ni para unos ni para otros.

Hace un año, y en oportunidad de reunirse en Jujuy el Consejo Federal de Salud (Cofesa), en el que se encuentran representados los ministros del área de los 24 distritos del país, el entonces ministro de Salud, Jorge Lemus, fue contundente al cuantificar el gasto que implica la atención de ciudadanos de otros países en nuestros hospitales públicos: "Es una carga económica muy importante para nuestro sistema de salud, no solamente en Jujuy, sino también en otras tantas provincias de frontera y en la ciudad de Buenos Aires. Existe un flujo de pacientes que no vienen a residir, sino que llegan al país sencillamente a atenderse. Solamente en trasplantes para extranjeros, la Argentina puede llegar a erogar 1000 millones de pesos por año", había dicho el entonces funcionario.

En ese punto, son para destacar los convenios firmados entre autoridades gubernamentales. Chubut y Chile, por ejemplo, suscribieron, en 2004, un acuerdo para que pobladores chilenos puedan atenderse en el hospital de Esquel, una vez por semana, con turno prefijado y con orden de derivación de un centro de salud de referencia. Son ciudadanos chilenos que están más cerca de ese hospital patagónico que de cualquier otro centro de salud de su país. El gobierno chubutense factura al Estado vecino esas prestaciones, mientras que las urgencias se siguen atendiendo en forma gratuita.

Otro caso es el de la provincia de Salta, cuyo gobernador, Juan Manuel Urtubey, acaba de sellar un acuerdo de reciprocidad con Tarija, Bolivia. Urtubey entiende que no se trata de cobrar tasas -como pretende su par jujeño-, sino de trazar un método de facturación de todo el sistema de salud provincial y poder otorgar así una mejor atención tanto a salteños como a extranjeros en su distrito.

Una gravosa situación que ha ido creciendo en el ámbito sanitario es el llamado "turismo médico", es decir, cuando ciudadanos extranjeros eligen nuestros hospitales públicos por su gratuidad, siendo que las mismas prestaciones se ofrecen en los de sus países, pero de manera arancelada. En esos casos, nuestro sector público de salud realiza transferencias sin contraprestaciones al extranjero, que viaja pura y exclusivamente para atenderse en nuestro país y no solo para el caso de enfermedades preexistentes, sino muchas veces por cuestiones no vitales, muchas de ellas, estéticas.

Son harto conocidos los "tours médicos", explotados por particulares o grupos que ofrecen a personas de otros países atenderse en nuestros hospitales de manera gratuita, pero haciendo un negocio de los traslados, el hospedaje y demás servicios para quienes cuentan con los mismos tratamientos en otros destinos, pero por los cuales deben pagar el valor que aquellos tienen.

No se trata, como muchas veces se ha querido hacer ver, de un caso de xenofobia ni de trato inhumano hacia quienes eligen los servicios médicos de la Argentina. Todo lo contrario. Lo que se reclama es una reciprocidad de los otros Estados para cuando un argentino viaje al exterior y deba ser atendido, o para que esos servicios que se prestan aquí a extranjeros sean compensados económicamente por los países de donde esas personas provengan.

Es más: nuestra propia ley migratoria, de diciembre de 2003, establece como condición del ejercicio de los derechos de reciprocidad que "el Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios otorgados por la ley respecto de los súbditos de aquellos países que tengan establecidas restricciones para los ciudadanos argentinos allí residentes que afecten gravemente el principio de reciprocidad". Desde ya que eso no incluye situaciones de emergencia, en las que el acceso a los centros de salud públicos resulta sin costos en la Argentina.

De lo que se trata es de evitar, además del colapso del sistema, los abusos que muchas veces se cometen.

La atención de extranjeros y ciudadanos de otros distritos del país en hospitales públicos de la ciudad de Buenos aires configura otro hecho clarísimo de saturación sanitaria. Muchísimos porteños que sostienen los hospitales de la Capital con sus impuestos se ven postergados en su atención o, en el mejor de los casos, obligados a contratar servicios de medicina privada por la sobredemanda en los hospitales, duplicando así sus erogaciones personales. Muchos extranjeros se atienden aquí por dolencias graves y crónicas, que demandan internaciones muy prolongadas, diagnósticos de alta tecnología y medicaciones costosas.

Por otro lado, son muchos más los extranjeros que se atienden en nuestro territorio que los argentinos que concurren a tratarse en el exterior. Y quienes lo hacen se encuentran con que deben pagar de sus propios bolsillos cifras muchas veces cuantiosas cada vez que deciden atenderse en otro país.

Es necesario discutir esta situación seriamente y en profundidad. Seguir poniendo parches al sistema de salud nos pone cada vez más cerca del colapso.

Debemos continuar siendo un país respetuoso de los derechos de todos, ciudadanos o no, pero también, una nación previsora.

Mañana:

La atención a extranjeros, en busca de un amparo legal

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