El regreso de la impunidad

Joaquín Morales Solá
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18 de marzo de 2018  

La nación política es dual y paradójica. El viernes se alarmó porque el presidiario Cristóbal López, un exponente destacado de los tiempos de corrupción kirchnerista, recobró la libertad. Ayer, esa misma nación se sorprendió por el texto de la carta que el papa Francisco le envió a un grupo de personas, de procedencias diversas, de actuales afinidades distintas, que lo habían felicitado por el quinto aniversario de su elección como jefe de la Iglesia universal. En esos párrafos impecables pide perdón a los que pudo haber ofendido con sus actos, lo que es un puente tendido a los que lo critican. Y elogia a los que se unieron en la carta a él, desde María Eugenia Vidal hasta Pablo Moyano, porque demostraron que la cruel grieta que fractura a la sociedad argentina podría cerrarse si hubiera voluntad. Los trazos de esos párrafos tienen el estilo personal del Papa y contienen, fundamentalmente, sus ideas más constantes: la convicción de que todos tienen que pedir perdón, incluido él, y la necesidad social de colocar la unidad por encima del conflicto. Bergoglio puro.

Y, en efecto, un día antes en los tribunales se cocinó una mala noticia. Poco después de que Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, pidió una autocrítica de la Justicia y les recomendó a los jueces que no se olvidaran de los reclamos sociales, Justicia y jueces volvieron a sus andadas. Continúa en la página 23

La liberación de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, pero sobre todo el cambio de carátula de la causa que los tenía presos, constituye un verdadero escándalo político y moral. Los dos jueces que tomaron ambas decisiones son Jorge Ballestero, un viejo aliado kirchnerista que últimamente se había mimetizado con los magistrados independientes, y Eduardo Farah, que suele ir y venir entre los independientes y los dependientes; Farah mantiene estrechos lazos con viejos operadores del kirchnerismo en la Justicia. Los jueces resolvieron sobre lo que la AFIP llama un robo al Estado por valor ahora de 17.000 millones de pesos, casi 1000 millones de dólares.

Esa cifra, que comenzó siendo de 8000 millones de pesos, corresponde al dinero por el impuesto a las naftas que López y De Sousa cobraron a los consumidores de combustibles, pero que no transfirieron al Estado. Con ese monto en pesos, cuyo valor en dólares es mucho mayor que el actual porque fue creciendo durante los años de Cristina Kirchner, Cristóbal López construyó un imperio empresarial y mediático. Según fuentes de la AFIP, la acumulación de intereses y multas aumentó la deuda hasta los 17.000 millones de pesos actuales. La AFIP insistió siempre en que se juzgara a los dos empresarios por "defraudación al Estado" y no por evasión impositiva, porque con esta última carátula, más benigna, podían ingresar a una moratoria que incluye quitas, intereses muy bajos e interminables cuotas para pagar la deuda. "Son delincuentes, no evasores", decían (y dicen) en la agencia impositiva. Ballestero y Farah no solo les devolvieron la libertad a López y De Sousa; también cambiaron la carátula de la causa y eliminaron la de "defraudación al Estado". Resolvieron que se los juzgue por evasión impositiva, el camino más benévolo para que los empresarios salden sus deudas con la Justicia y con el Estado. Pero no cambiaron el fuero, porque ya había una decisión de la Cámara de Casación Penal que dejó el asunto en manos de la Justicia Federal Penal. El sentido común indica que si solo existió evasión impositiva, la causa debería ir al fuero penal tributario. La decisión es una mezcla rara, tal vez para maquillar el enorme favor que los camaristas le hicieron a Cristóbal López.

Uno de los argumentos más llamativos de Ballestero es que no existió robo al Estado porque ese dinero nunca estuvo en poder del Estado, y que se necesitan muchas más condiciones para llegar a la conclusión de que hubo una administración fraudulenta por parte de López y De Sousa. Ballestero y Farah sostienen que el dinero cobrado por las retenciones no integra el patrimonio del Estado por más que exista una expectativa de cobrarlos. Como el Estado no fue "desapoderado" de recursos, porque nunca los tuvo en sus manos, entonces no hubo robo. Con ese criterio, el resto de los argentinos podrían no pagar muchos impuestos, el anticipo de ganancias, por ejemplo, que es siempre un cálculo hipotético basado en expectativas. Desconocimiento básico del sistema de recaudación impositiva. Se ve que los jueces no pagan impuestos.

El rumor de un fallo a favor de López circuló con insistencia en los tribunales desde la renuncia del director general de la AFIP, Alberto Abad. Abad le mantuvo el pulso a López y, sobre todo, mantuvo la causa del empresario en el fuero federal penal, que lo puso preso. Abad, un funcionario incorruptible, utilizó una denuncia de Elisa Carrió contra López para que el empresario fuera preso. Esas dos personas, Carrió y Abad, de extracciones muy distintas y sin cercanías conocidas, mandaron a la cárcel a Cristóbal López. Ahora, dos camaristas de escaso prestigio tiraron por la ventana el trabajo de un juez, Julián Ercolini, que es, junto con Claudio Bonadio, uno de los dos magistrados con más prestigio en los tribunales federales. También destruyeron el trabajo del fiscal Gerardo Pollicita, igualmente respetado en la Justicia, y el de los veedores enviados por Ercolini a las empresas de López y De Sousa.

Otra consecuencia de esta decisión es que dejará sin efecto la inhibición de bienes y el embargo de propiedades personales de López y De Sousa, que solo eran aplicables en el caso de defraudación al Estado. Los dos empresarios vienen intentando vender el Grupo Indalo, casa matriz de todas las empresas de López y De Sousa, a un fondo de inversión liderado por Ignacio Rosner. Como no pudieron hacer la transferencia de acciones por la inhibición de bienes, terminaron dándole a Rosner un poder general para administrar todas las empresas. Rosner anunció varias veces la llegada de importantes inversores extranjeros (rusos, sobre todo) para invertir en las compañías de López, pero todavía no apareció ninguno.

La AFIP y la política sospechan que Rosner es solamente un testaferro de Cristóbal López, que ahora recuperó la libertad y hasta podría recuperar, aunque parezca un oxímoron, su buen nombre y honor. El propio empresario confirmó ayer que Rosner es un empleado suyo cuando lo calificó de CEO de sus empresas. López fue, junto con Lázaro Báez, el empresario más beneficiado por Néstor y Cristina Kirchner con negocios que nadie pudo explicar nunca. Tuvo la suerte de que lo juzgara Ballestero, un juez que durante el cristinismo votó siempre en la Cámara Federal a favor del entonces oficialismo, junto con el ahora destituido Eduardo Freiler. En medio del escándalo por la fortuna de Freiler, Ballestero cruzó hacia el lado de los jueces independientes. Pasó inadvertido, hasta ahora, que volvió a sus viejas lealtades, si es que es la lealtad la que influye en estos casos.

En ese contexto, la Corte Suprema benefició indirectamente a Cristina Kirchner porque apartó al tribunal oral que debía juzgarla por notables hechos de corrupción (el direccionamiento de la obra pública hacia las empresas de Lázaro Báez y la llamada "ruta del dinero K") y por el encubrimiento a los criminales que atentaron contra la AMIA. El tribunal oral carecía de habilitación como tal. La decisión fue por unanimidad del tribunal, aunque una mayoría de tres decidió no concederle la habilitación a partir de ahora.

En el Gobierno suponen que hay una mayoría "peronista" en el máximo tribunal (Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti) dispuesta a proteger a la expresidenta.

En algún momento, todos los gobiernos prefieren la precipitada versión conspirativa de la historia para descartar el análisis objetivo de los hechos. Según la Corte, los jueces de ese tribunal oral no habían pasado por el Consejo de la Magistratura ni tenían el acuerdo del Senado. Si fuera así, la mayoría de la Corte tiene razón. La designación de los jueces debe iniciarse con una selección de una terna por parte del Consejo de la Magistratura, con la elección de una persona por parte del Poder Ejecutivo y con el acuerdo del Senado para esa persona. No pueden permitirle a Macri lo que no le permitieron a Cristina.

Nada es tan llamativo y grave, de todos modos, como la decisión que dejó en libertad a Cristóbal López y cambió la carátula de la causa que lo tenía preso. Cuando parecía que la Justicia había cambiado y que la impunidad no sería en adelante una insistente anomalía, los mensajes de la Justicia son claramente decepcionantes. Lo que está en discusión no es el contenido de las leyes, sino los jueces que las interpretan.

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