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Las creencias religiosas son ajenas a la ciencia y a la ley

Aun si el Congreso no lo aprueba este año, el debate público ya torna la persecución más improbable y la legalización, más próxima
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19 de marzo de 2018  

¿A quién corresponde la decisión de tener un hijo, a la mujer embarazada o a un juez? En la práctica, a esto se resume el debate sobre la legalización del aborto. Pero el problema no debe resolverse en la práctica, sino en la ley, donde ambos campos tienen argumentos respetables.

"Las estadísticas disponibles sugieren que de cada tres argentinas fértiles, una abortó voluntariamente al menos una vez". El médico hace silencio, nosotros sacamos cuentas: si en la Argentina hay 15 millones de mujeres adultas (no contamos las adolescentes), al menos cinco millones deberían haber pasado por la cárcel. Entre ellas, la abuela, la madre, la hermana o la pareja de muchos de nosotros y una de cada tres de nuestras lectoras. La prohibición del aborto no es solamente injusta u opresiva: es una de las mayores hipocresías que hemos alimentado como sociedad.

La prohibición no siempre tuvo malas intenciones. Históricamente, se introdujo en varios países por tres razones: de salud pública, de planificación social y de índole moral. La salud pública resguardaba la vida de la mujer, ya que antes de la medicina moderna un aborto (incluso legal) resultaba riesgoso. La planificación social buscaba aumentar el poder nacional en tiempos en que la fuerza de un Estado dependía del tamaño de su población. La razón de índole moral, como ahora, concebía al feto como ser espiritual y el aborto, como pecado.

Hoy las condiciones cambiaron. La salud pública invirtió los riesgos, pues el peligro ya no reside en el aborto, sino en las condiciones clandestinas en que se realiza. Para quien tiene recursos, la interrupción del embarazo se efectúa por medios asépticos y seguros; quien carece de ellos está condenada al curanderismo o los remedios caseros, que muchas veces terminan mal. Y, más allá de los riesgos físicos, todas las mujeres, ricas o pobres, se ven sometidas al riesgo penal y el escarnio social, con los traumas y secuelas que eso implica. En democracia, la planificación social no es competencia de los Estados salvo en forma de incentivos: son las familias las que deciden cuántos hijos quieren tener y cuándo. El aborto es el último recurso y, como los demás (educación sexual y mecanismos anticonceptivos), debe ser garantizado por el Estado, pero decidido por cada familia. La moral, finalmente, no debe ser legislada mientras no altere el orden público o perjudique a terceros.

La ley de divorcio, la patria potestad compartida y el matrimonio igualitario fueron avances civilizatorios que hoy nadie discute. Su aprobación mejoró la vida de muchos y no empeoró la de nadie. Lo mismo ocurre cuando se despenaliza el consumo de drogas, según demuestran las experiencias de, entre otros, Holanda y Portugal. El aborto, sin embargo, es otra cosa. Mucha gente considera que en esta decisión hay un tercero involucrado, el embrión, y entre una vida y la libertad de la mujer optan por la primera. Esta posición merece respeto. El machista escandalizado por la homosexualidad es digno de mofa; el creyente que aspira a proteger a una persona tiene derecho a la empatía.

Aquí no discutimos la definición sobre vida humana: aceptamos que el feto tiene identidad genética propia, pero hasta los tres meses carece de sistema nervioso desarrollado y no tiene conciencia ni sufre dolor. La creencia en el alma responde a las convicciones de cada uno y es ajena a la ciencia y a la ley.

Actualmente, el 60% de la humanidad vive en países en que el aborto está permitido virtualmente sin restricciones. Estos países no tienen nada en común: incluyen democracias como las europeas y autocracias como Rusia, países desarrollados de inspiración cristiana como Estados Unidos y potencias emergentes de mayoría atea como China. La mayoría de los que restringen el aborto, en cambio, tienen algo en común: el subdesarrollo, predominante en América Latina, África y buena parte de Asia. Legalizar el aborto no genera desarrollo socioeconómico, pero el desarrollo impulsa la legalización. Lo sabíamos: existe una asociación histórica entre desarrollo y libertad.

En los países que nos son próximos, hay tres cuya experiencia es inspiradora. En Italia el aborto es legal desde 1978, lo que fue ratificado por referéndum popular en 1981. La mujer puede solicitar la interrupción del embarazo durante los primeros 90 días de gestación, pero también en el cuarto y quinto mes por razones terapéuticas. En Portugal, un referéndum antecedió la legalización en 2007. Lo más llamativo es que diez años antes, en 1998, otro referéndum había dado una leve ventaja al no: el tiempo juega a favor de la despenalización. Más cerca de casa, en Uruguay, el aborto fue legalizado en 2012 y se efectúa por medios exclusivamente farmacológicos.

En la Argentina, la única norma de rango legal que regula el aborto está compuesta por cinco artículos del Código Penal, sancionado en 1921. No existe otra legislación nacional que se refiera al tema: ni ley de salud pública ni de profilaxis o salud reproductiva.

Cuando la interrupción del embarazo se produce en forma espontánea, no tiene tratamiento legal. En cambio, si se produce por la acción humana, se encuadra en los tipos penales del código. Un tipo penal es la descripción que la ley realiza de una conducta para asignarle una sanción. Así, la conducta descripta en el artículo 85 es "causar un aborto" y la sanción asignada, si se lo causa con consentimiento de la mujer, es de uno a cuatro años de prisión tanto para el practicante como para la mujer. La sanción solo se exime en dos supuestos: riesgo para la madre y violación. Desde 2012, según decisión de la Corte Suprema, este último caso no requiere denuncia policial ni intervención judicial.

En su fallo, la Corte no declaró inconstitucionales las limitaciones al aborto; se limitó a interpretar uno de los supuestos de no punibilidad para posibilitar a las víctimas de violación la interrupción del embarazo sin revictimizarlas con una acción penal. Cabe recordar que la violación es un delito de instancia privada; el Estado no lo investiga de oficio, sino que requiere la denuncia de la víctima.

Con anterioridad al fallo, en 2010, el Ministerio de Salud distribuyó la "Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles", conocida como "Protocolo de ANP". Consiste en un instrumento técnico emitido por un organismo administrativo. La aplicación de este protocolo ha generado enorme confusión. Tanto es así que hay organizaciones que entienden que este instrumento "legalizó" el aborto, al que se refieren como ILE (interrupción legal del embarazo), sin comprender que la legislación puede modificarse por normas de igual o mayor jerarquía, o ser interpretada por los jueces, pero nunca modificada por funcionarios del Poder Ejecutivo. Ningún juez o fiscal dudará que la legislación vigente es la contenida en el Código Penal y puede perseguir a quien practique un aborto que no se encuadre en sus supuestos aun cuando invoque esta norma administrativa para justificarse.

En síntesis, el aborto en la Argentina sigue siendo ilegal. La única manera de alterar esta situación es cambiando la ley. La experiencia internacional enseña, sin embargo, que una opinión pública más tolerante desalienta el uso de la acción penal. Por eso, aun si el Congreso no legalizara el aborto este año, el solo hecho de debatirlo tiene dos efectos: torna la persecución más improbable y la legalización, más próxima. Porque sobre el aborto todos tenemos derecho a opinar y todas deben tener derecho a decidir.

Andrés Malamud es politólogo e investigador en la Universidad de Lisboa. Alejandra Malamud es abogada (UBA) y exdirectora de Medicina Legal de la Municipalidad de Olavarría

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