La atención a extranjeros, en busca de un amparo legal

ÚLTIMA PARTE. Determinar el recupero de costos para el vapuleado sistema sanitario de nuestro país es un debate que debemos darnos sin más dilaciones
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19 de marzo de 2018  

Suele decirse que la atención en nuestros hospitales públicos es totalmente gratuita. Sin embargo, gratuito es solo el acceso a ella. Alguien debe pagar por los gastos que demanda esa atención. Y es obvio que ese alguien es el Estado, que financia el sistema mediante los impuestos y las contribuciones de los ciudadanos.

Lo que constituye una verdad de Perogrullo para la mayoría pareciera no serlo en opinión de quienes consideran al Estado un donante tan poderoso como elástico para solventar las necesidades de todo el mundo e, incluso, las de quienes se aprovechan de él en beneficio privado.

Como comentábamos ayer en estas columnas, el tema de la atención sanitaria a extranjeros en nuestros hospitales públicos ha reabierto una polémica que no podemos soslayar. Es hora de que tengamos una verdadera política sanitaria y de contar con amparos legales respecto de cómo proceder cuando quienes demandan nuestra atención son ciudadanos de otros países.

Como bien dicen los doctores Alejandro y Eloísa Malbrán, en un trabajo que ambos realizaron hace un par de años, "el tema genera hondos conflictos entre la filosofía hipocrática y el principio de justicia. El principio hipocrático sostiene que los médicos deben hacer lo que es mejor para el paciente sin tomar en cuenta los costos. El de justicia refiere a cómo debe distribuirse la riqueza. Como el recurso es escaso, hay que decidir qué se puede pagar y qué no".

Por esa disquisición transita hoy el debate. Los diagnósticos, los procedimientos terapéuticos y la medicación tienen costos elevados. Es cada vez más gravoso llevar adelante una atención médica en cualquier centro de salud y más problemático aún cuando ese establecimiento se encuentra colapsado o sus recursos son escasos.

Sin dudas, esta problemática, que no es nueva, pero que se ha venido agudizando, puede ser de gran utilidad para que el público en general conozca el estado real de la salud pública en nuestro país y para que los propios Estados -nacional, provinciales y municipales- empiecen a elaborar medidas acordes con las necesidades de los sistemas de salud, que cuentan con personal altamente capacitado, pero que trabajan en condiciones muchas veces lamentables.

En un trabajo realizado por la doctora Fernanda Ledesma, magíster en Bioética, se apuntaba a otro aspecto también muy importante: "Diferentes estudios -decía la especialista- han demostrado que una mayor inversión en atención sanitaria no siempre se traduce en una mejoría en la salud de una sociedad; por lo tanto, el problema no siempre radica en aumentar los fondos, sino en administrarlos correctamente".

A partir del caso jujeño, en que el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, anunció que se requerirá a los Estados que se hagan cargo de los costos que demande la atención de sus connacionales en los hospitales públicos de ese distrito, un grupo de diputados y senadores de Cambiemos presentó un mismo proyecto en ambas cámaras legislativas.

Impulsado por la diputada nacional por Jujuy Gabriela Burgos y por el senador y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta, Mario Fiad, el proyecto de ley establece la necesidad de definir un marco jurídico del acceso al sistema de salud de nuestro país por parte de extranjeros "que revistan la condición de residentes transitorios" y en un contexto de "reciprocidad e igualdad". Para ello, proponen:

Que las instituciones sanitarias públicas no podrán negarse a prestar atención de urgencia y emergencia por cuestiones de nacionalidad o condición migratoria.

Que en caso de extranjeros residentes transitorios cuyos países de origen no tuvieran la cobertura de un servicio de asistencia, la reglamentación de la ley definirá los mecanismos de compensación o recupero.

Que, en todos los casos, la atención de los servicios de salud se realizará en las condiciones en las que los prestan las jurisdicciones locales.

En los fundamentos de esa iniciativa se ejemplifica que los argentinos que hoy viajan a Chile deben contratar un seguro obligatorio de accidentes personales causados por vehículos motorizados con matrícula extranjera, exigible al ingresar a ese país. También se recuerda que la "ley orgánica de movilidad humana" de Ecuador dispone que los extranjeros que ingresan en ese país deben contratar un seguro público o privado por el tiempo que dure su estada allí.

Son procesos normales, que no deben ser vistos como recortes de derechos ni, como hemos dicho en otras oportunidades, como un tema de xenofobia. Nuestro país ha hecho siempre un culto de la inmigración. Se trata ahora de medir nuestras propias fuerzas para brindar el servicio que corresponde, tanto a ciudadanos como a quienes temporariamente nos visiten, garantizando buenas prácticas y previniendo posibles abusos.

Como acertadamente concluyen los doctores Malbrán en el informe citado, "la Argentina no es un país rico, tiene una enorme deuda de salud con su población y tiene escasos recursos para asistir gratuitamente a los extranjeros". De ahí la necesidad de involucrarnos más activamente en el análisis de la economía de la salud, dado que la caridad, bien entendida, debe comenzar por casa.

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