Persisten los gestos sutiles y las tensiones en la relación del Gobierno con la Corte

Ricardo Lorenzetti, junto a Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda
Ricardo Lorenzetti, junto a Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez
Cerca de Macri interpretan en clave política la decisión que ordenó volver a sortear el tribunal que juzgará a Cristina Kirchner
Paz Rodríguez Niell
(0)
19 de marzo de 2018  

La relación del Gobierno con la Corte Suprema atraviesa un momento de tensión, alimentada por un cruce de gestos, algunos más sutiles que otros. El año pasado, nada sutil, Mauricio Macri acusó al Poder Judicial de trabajar poco y con privilegios. La Corte, con Ricardo Lorenzetti como el gran promotor, respondió con un plan para que la Justicia se "autorreforme", por lo que ya se vislumbra que abundarán los reclamos al Poder Ejecutivo.

En plenas sesiones de las comisiones organizadas por Lorenzetti para proponer reformas, Mauricio Macri, por decreto, creó él también una comisión. Funcionará dentro del Ministerio de Justicia y tendrá como objetivo hacer modificaciones en el nuevo Código Civil y Comercial vigente, del que fueron autores los jueces de la Corte Lorenzetti y Elena Highton, junto con Aída Kemelmajer de Carlucci. Cerca de Lorenzetti dicen que no es nada importante, que son solo ajustes menores. En el Gobierno, en cambio, aseguran que al presidente de la Corte no le gustó nada.

El último gesto que el Poder Ejecutivo lee en clave política fue la acordada de esta semana que volteó el Tribunal Oral Federal 9, que se había federalizado gracias a una ley promovida por la Casa Rosada. Al Gobierno le cayó muy mal esta decisión de la Corte.

El TOF 9 era el tribunal que iba a juzgar a la expresidenta Cristina Kirchner, por primera vez, por corrupción, y que también había recibido, por sorteo, la denuncia de Alberto Nisman por el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA. La Corte no solo ordenó que se volvieran a sortear todas las causas; además, rechazó la federalización: una mayoría integrada por Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda se negó a habilitar al nuevo tribunal, integrado por jueces que nunca habitaron Comodoro Py, un dato que en el Gobierno destacaban como un mérito.

Más allá del destino de las causas contra Cristina Kirchner, esta parte de la acordada golpea el plan del ministro de Justicia, Germán Garavano, de tener más jueces federales. Detrás del TOF 9 venían otros cuatro tribunales, que el Consejo de la Magistratura, con mayoría oficialista, planeaba federalizar en los próximos días. La ley sancionada por el Congreso habilita al Consejo a hacer los traslados con el mero voto de la "mayoría simple" de sus miembros. Además, el caso del TOF 9 podría haber sido una avanzada de la resurrección del "proyecto Beliz", de darles competencias federales a más juzgados de primera instancia y licuar, así, el poder de los actuales, los doce jueces que concentran las causas más sensibles para el poder político.

Traslados de jueces

Otro efecto de esta acordada es que deja en una situación muy endeble a otros jueces trasladados. El caso más notable es el de Carlos Mahiques, exministro de María Eugenia Vidal que fue nombrado juez en la Casación ordinaria y trasladado después a la Casación federal, el máximo tribunal en materia penal, revisor de las causas de corrupción. Mahiques es, además, el padre del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo. Si este criterio de la Corte se le aplicara, él debería dejar la Casación federal.

El Gobierno recibió el aviso de la acordada poco antes de que fuera pública. Admiten que hasta entonces no la habían visto venir. Tampoco el Consejo ni los propios jueces del TOF 9, a quienes Lorenzetti había recibido en febrero -la Corte tenía el pedido de habilitación del tribunal desde el 12 de diciembre- y les había dicho que les daría toda la colaboración para los nuevos juicios que afrontarían. Dentro de la Corte fue un tema muy discutido. Tres semanas seguidas se trató en las reuniones de los ministros.

Hoy el Gobierno no solo ve detrás de esta acordada el fantasma de un Comodoro Py que quiere blindar su poder; acusa también al peronismo, porque la Corte destacó que es ineludible que cada traslado tenga el acuerdo del Senado, donde el PJ es fuerte.

Lo curioso de esta lectura del macrismo es que la ley que habilitó los traslados fue sancionada por el Congreso, con la sola oposición del kirchnerismo y de la izquierda.

El argumento de la mayoría de la Corte fue que la "transformación" de un tribunal ordinario en federal implicaba, en realidad, la "creación de un nuevo tribunal" integrado por los jueces trasladados. Sostuvo, así, que el traslado era inconstitucional, porque no se había respetado el proceso de designación de jueces de la Constitución, que exige una terna vinculante del Consejo, el nombramiento del Presidente y el acuerdo del Senado.

El Consejo trabaja ahora en una adecuación del sistema que venía usando. Ya no puede trasladar jueces sin más, con el voto de una mayoría simple. Planea a partir de ahora enviar los trámites al Poder Ejecutivo y que este remita los candidatos al Senado para su acuerdo. Estudian hacer lo mismo con el TOF 9 y con Mahiques. Confían en que al final del camino, si los jueces cuentan con el acuerdo del Senado para el nuevo cargo, el máximo tribunal no les reproche que no hubo concurso.

Mientras tanto, la Corte tiene a estudio las propuestas que salieron de las comisiones de jueces para reformar el Poder Judicial. Está sistematizando los proyectos para elaborar un plan de nuevas "políticas de Estado", informaron fuentes oficiales. La idea de Lorenzetti -hablada con Macri en su última visita a Olivos- es que, como algunas reformas requerirán la intervención del Congreso, el Consejo y el Poder Ejecutivo, el último paso sea una conversación interpoderes en busca de "consensos".

La Corte espera presentar las propuestas en un acto del que participe Macri. En el máximo tribunal aseguran que la relación con el Gobierno atraviesa un buen momento y que la prueba está en que el Presidente, en la apertura de las sesiones legislativas, no hizo una sola crítica a los jueces. Públicamente, el Gobierno dice que celebra y apoya la iniciativa de la Corte. Por lo bajo, advierten que Macri solo va a "acompañar" si ve que el plan incluye lo que ellos llaman reformas "serias". Por el momento, dicen dudar de que los jueces tengan una real intención de cambiar su forma de trabajar.

ENVÍA TU COMENTARIO

Ver legales

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.