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Anulan la absolución de tres policías por la muerte de un joven en una comisaría

Carmen Cuomo y Teófilo Blanco, padre de Gabriel, esperan justicia en un nuevo juicio por el crimen de su hijo
Carmen Cuomo y Teófilo Blanco, padre de Gabriel, esperan justicia en un nuevo juicio por el crimen de su hijo Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno
Habían dicho que Gabriel Blanco se había ahorcado dentro de una celda, pero la autopsia reveló que antes le habían dado una paliza
Gastón Rodríguez
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19 de marzo de 2018  

Gabriel Blanco tenía 21 años cuando lo detuvieron, el 1º de marzo de 2007, en el barrio Borgward, de Isidro Casanova. Lo que siguió fue el hallazgo del cuerpo sin vida de Gabriel en un calabozo de la comisaría de San Carlos, también en La Matanza. Dijeron que se había suicidado, pero la familia nunca lo creyó y denunció el crimen. En 2006, los policías acusados fueron absueltos en un juicio. Pero ahora la Casación anuló la sentencia: consideraron que se habían desestimado pruebas importantes, entre ellas, la segunda autopsia, que reveló que Gabriel, antes de morir, fue brutalmente golpeado.

"A mi hijo lo velamos en casa y yo vi que estaba todo golpeado en la cabeza, que tenía el hueso de la nariz desplazado y que hasta le faltaban dientes. Todo eso lo declaré en el juicio. Pero no lo decía solo yo: en la segunda autopsia salió que a Gabriel le faltaban siete piezas dentales y que tenía hundimientos en la frente. Esta decisión de la Justicia [la anulación del primer juicio] demuestra que yo siempre dije la verdad", recuerda a LA NACION Carmen Cuomo, madre de la víctima.

Aquel 1° de marzo, Gabriel bajó de la moto en la puerta de su casa, sobre la calle Edison, en el barrio que tomó el nombre de la antigua fábrica Borgward. No llegó a entrar porque un grupo de policías que lo estaban siguiendo lo subieron a golpes a un patrullero. Él había tenido problemas de adicciones y antecedentes. Y los agentes querían que robara para ellos. Pero él ya no quería. Se negó y lo fueron a buscar.

Según los registros de la comisaría de San Carlos, Gabriel ingresó a las 17. Cerca de la medianoche fue trasladado al Hospital Paroissien. Lo único que pudieron hacer los médicos fue confirmar la muerte.

La explicación que dieron los policías a la familia de Gabriel fue que el joven estaba muy deprimido por la detención, a tal punto que se había suicidado dentro de la celda ahorcándose con un cable.

Luego del velatorio, cuando se descubrieron los vestigios del cuerpo maltratado, la familia se acercó a la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. El organismo puso a disposición de los Blanco a un abogado, que, como primera medida, solicitó una nueva autopsia. En ella surgió que Gabriel había sido golpeado cuando todavía estaba vivo.

La APDH entrevistó a los otros presos alojados ese día en la comisaría, que confirmaron la paliza. La versión de los policías se terminó de derrumbar cuando el peritaje sobre el cable que decían que Gabriel había usado para colgarse concluyó que se cortaba a los 54 kilos. Él medía 1,84 metros y pesaba 85 kilos.

A partir de estas pruebas, en febrero de 2013, el juez de Garantías Ricardo Alí, por pedido del fiscal, ordenó la detención preventiva del subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena por el delito de tortura seguida de muerte.

"Nos costó mucho probar la responsabilidad de la policía -repasa Pablo Pimentel, titular de la APDH-. Antes de su asesinato, Gabriel había sido víctima de un "reclutamiento" de la policía para robar para ellos. Lo hostigaban porque él había estado preso por robo y tenía problemas de adicción, pero cuando lo detuvieron la última vez estaba trabajando y había sido padre. Como Gabriel se negó, la policía cumplió su promesa de matarlo, creyendo que el crimen quedaría impune como el de tantos jóvenes pobres del conurbano".

"Ni a un animal se lo mata así"

El juicio por la muerte de Gabriel fue llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de San Justo, en marzo de 2016. En una de las siete jornadas del debate Carmen, mirando a los policías acusados, declaró: "Ellos se creen que porque llevan uniforme son más que la otra gente, porque nosotros vivimos en la villa, somos negritos y pobres; si no que me expliquen entonces cómo creen que a un chico que se ahorca le pueden faltar todos los dientes".

Finalmente, los jueces Matías Mariano Deane, Gabriela Silvia Rizutto y el subrogante Guillermo Lucero dictaron la absolución de los agentes. Consideraron que los argumentos de la fiscalía de juicio habían sido "insuficientes" y, además, pidieron al Ministerio Público que revisara la actuación del fiscal.

"El juicio estuvo viciado. El tribunal subestimó los testimonios de los otros detenidos, que dijeron que habían escuchado los gritos de Gabriel pidiendo que no le pegaran más, y no tuvo en cuenta elementos importantes como la reconstrucción del hecho, a cargo de Gendarmería, y la segunda autopsia. Por suerte, la familia Blanco decidió seguir adelante y apeló la sentencia", destacó Pimentel, a quien uno de los defensores de los acusados denunció por "armar" causas contra los policías.

La fiscalía y la querella recurrieron al Tribunal de Casación Penal bonaerense, que ordenó retrotraer los efectos de la sentencia absolutoria que benefició a los tres policías imputados por la "arbitrariedad valorativa de los testimonios" y por haber dado credibilidad solo a los peritajes de las defensas, realizados por médicos policiales, es decir, colegas de los propios acusados.

"Ni a un animal se lo mata como lo mataron a mi hijo -dice Teófilo Blanco-. Estaba todo lastimado, fue una muerte horrible. Ahora tendremos otra oportunidad. Sabemos que nuestro hijo no va a volver, pero por lo menos queremos que se haga justicia para que él y nosotros podamos descansar en paz".

Una "Valoración arbitraria", según Casación Penal

"Las reglas internacionales sobre investigación de tortura claman esencialmente por un sistema construido sobre la base de la objetividad y la independencia. Por lo que, a la luz de lo expuesto, resulta notorio que el sentenciante haya decidido considerar preferencialmente el informe efectuado por un miembro de la misma fuerza acusada, negando enfáticamente la existencia de lesiones que fueran catalogadas como de carácter vital por un especialista independiente en la materia".

Eso manifestaron los jueces de Casación Ricardo Maidana y Daniel Carral al hacer lugar al recurso presentado por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, y por el abogado querellante Alejandro Bois, que exigían la impugnación de la absolución de los policías Rubén Darío Suárez, Ariel Emiliano Gómez y Pablo César Balbuena por el delito de tortura seguida de muerte.

Además de considerar infundada la valoración de los peritajes de las defensas en detrimento de los realizados por la parte acusadora, Casación señaló que el TOC N°5 de La Matanza "ha incurrido en una arbitrariedad valorativa de los testimonios" de los testigos, los presos que estaban en la comisaría.

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