Buscan aumentar las penas para los responsables de delitos de corrupción

Mauricio Macri en la entrevista de anoche con Luis Majul
Mauricio Macri en la entrevista de anoche con Luis Majul Crédito: La Cornisa
Paz Rodríguez Niell
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19 de marzo de 2018  • 10:00

Una comisión creada por Mauricio Macri prepara un proyecto de un nuevo Código Penal que aumentará las penas para los responsables de hechos de corrupción, incrementará los supuestos considerados delito y permitirá que el Estado decomise los bienes antes de que haya una condena definitiva.

El presidente de la comisión, el camarista de Casación Mariano Borinsky, dijo a LA NACION que el castigo para hechos de corrupción no puede ser menor que el previsto para ataques a la propiedad individual. "Es necesario mantener la proporcionalidad de las penas de todo el código", explicó. En materia de corrupción, la idea es responder "a los intereses de la sociedad", recuperar los activos del Estado y "facilitar la sanción de los responsables" de los delitos con "penas de efectivo cumplimiento", dijo.

Anteanoche, en una entrevista con Luis Majul, Macri afirmó que estaba "indignado" por el fallo judicial que liberó al empresario Cristóbal López y modificó su procesamiento; sostuvo que López "se quedó con los impuestos" que debía entregarle al Estado y que la suya fue una "acción delictiva absoluta".

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La comisión que trabaja para reformar el Código Penal analiza también introducir modificaciones en materia de libertad. Estudia la posibilidad de limitar los beneficios al régimen de cumplimiento de pena para los condenados por delitos de corrupción, tal como la libertad condicional.

Además, en la comisión adelantaron que la idea es que se cumpla "íntegramente" la pena hasta los 35 años de prisión para los casos de delitos violentos. Si el condenado es reincidente, hasta los 40.

El Código Penal vigente fue sancionado en 1921 y tuvo unas 900 reformas parciales que afectaron su coherencia. ¿No es esto un nuevo fenómeno de leyes Blumberg, pero de la corrupción? Borinsky dice que no, que es todo lo contrario. "La ley Blumberg fue una ley particular por temas de seguridad [incrementó mucho un grupo de penas]. Este proyecto es sistemático. Además, no todas las penas se aumentan. En los delitos violentos, por ejemplo, lo que se busca es el cumplimiento total, como regla".

Creada por Macri en marzo de 2017, la comisión avanza, además, hacia una ampliación de la jurisdicción para investigar los delitos de corrupción, que le permitiría a la Justicia argentina intervenir en casos ocurridos en otros países, como por ejemplo en Brasil, cuando algún argentino haya participado de los hechos investigados.

Además se propondrán cambios en la redacción de algunos delitos, como el enriquecimiento ilícito, figura que abarcará también el enriquecimiento del funcionario entre la fecha de la "elección popular" y la toma de posesión del cargo. También, una vez dejada la función pública y durante los seis años posteriores (hoy son dos). Se ampliarían, asimismo, los sujetos que pueden cometer este delito, incluyéndose a todos los obligados por ley a presentar declaración jurada patrimonial; por ejemplo, los dirigentes de obras sociales. Podría ser el caso de uno de los principales enemigos del Gobierno: Hugo Moyano, presidente de Camioneros y de su obra social. Sin embargo, aún si se aprobara esta reforma, solo regiría a futuro. La ley penal no puede aplicarse con efecto retroactivo en contra de un acusado.

La comisión de reforma también planea proponer que se incorpore al Código Penal el delito de soborno entre privados y que se incluya como agravante del delito de lavado de dinero cuando esté involucrado un funcionario público, lo que implicaría una pena mayor para todos los responsables. En este punto, la comisión acordó introducir cambios, pero espera ahora que la Oficina Anticorrupción le acerque un proyecto con la letra chica.

Con respecto a la recuperación de bienes sustraídos del Estado, el anteproyecto agrega la posibilidad de decomisar los bienes de manera definitiva -antes de la condena penal- cuando se investiguen delitos de corrupción, siempre que se den determinados requisitos. También se prevé la posibilidad del decomiso del valor equivalente del bien decomisable, en caso de que esto no fuera posible. En la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez (la causa conocida como "la ruta del dinero K"), el juez Sebastián Casanello les asignó nuevos destinos a bienes de Báez -por ejemplo, sus aviones-. Lo hizo invocando convenciones internacionales. La idea -explicaron fuentes de la comisión- es que para casos como ese, ahora la ley lo regule expresamente.

Además, el anteproyecto contemplará la figura del "arrepentido" para delitos de soborno transnacional, asociación ilícita y corrupción. También modificará las reglas en materia de prescripción para evitar que se favorezca aquel que se profugue o tenga un pedido de extradición en curso. "El Código Penal está avanzado en un 80%", dijo ayer Borinsky a LA NACION. El plan es que en dos meses esté terminado.

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