El oficialismo da marcha atrás con el embargo de las cuentas sueldo

Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio
Laura Serra
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19 de marzo de 2018  • 17:40

Ante el rechazo unánime de la oposición, el oficialismo de la Cámara de Diputados decidió dar marcha atrás con la iniciativa del Poder Ejecutivo que permitía a los bancos embargar, con límites, las cuentas sueldo de los trabajadores.

Este proyecto, reflejo del megadecreto 27/2018 de desburocratización y simplificación del Estado, permite a los bancos a trabar embargos a partir de aquel excedente de dinero por encima de tres veces el salario promedio de su titular. En su oportunidad, el Banco Central explicó que esta medida facilitaría el acceso al crédito, ya que expondría a los bancos a un menor riesgo crediticio, además de permitir ofrecer montos mayores y tasas menores para sus clientes.

Sin embargo, la cerrada oposición del peronismo no kirchnerista y del Frente Renovador a este artículo dejó al oficialismo sin alternativa.

"No será incluido en el dictamen", indicó a LA NACION el presidente de la Comisión de Finanzas, Eduardo Amadeo (Cambiemos), quien lamentó el rechazo opositor.

"Hay miles de personas que, por no poder acceder a un crédito bancario, se ven obligadas a contraer préstamos a tasas usurarias. Esta iniciativa iba a corregir esto", enfatizó.

Sin embargo, el peronismo no quiso ceder y estimó que era "un riesgo" y un "negocio para los bancos" el cederles la posibilidad de embargar las cuentas sueldo.

Esta iniciativa formaba parte del megadecreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Mauricio Macri en enero pasado. La oposición reaccionó con fuertes críticas, por lo que el oficialismo, temeroso de que el decreto fuera rechazado por el Congreso, accedió a desdoblarlo en tres proyectos de ley.

Su tratamiento ya se inició en la Cámara de Diputados y el oficialismo confía en llevarlos al recinto antes de fin de mes.

Sin embargo, la oposición mantiene sus reparos hacia otro de los proyectos de ley: el que permite flexibilizar el manejo de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La iniciativa autoriza a la Anses a recurrir a instrumentos financieros antes vedados, como los fideicomisos.

"El objetivo de esta modificación es que el FGS pueda invertir el dinero del sistema previsional con la mayor eficacia posible", explicaron en el Ministerio de Producción. Sin embargo, el argumento no convence a la oposición, que pretende limitar el uso de los fondos de la Anses por parte del Gobierno.

Otro de los puntos resistidos por la oposición es el que permite que los campos, los inmuebles y el ganado que se encuentran en manos del Ejército pasen a la tutela de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

"Van a terminar rifando todo", se escuchó entre los diputados del bloque Argentina Federal, integrado por los diputados peronistas no kirchneristas.

Más allá de los puntos en discordia, los proyectos de ley habilitan una serie de medidas que, en sintonía con el mega DNU presidencial, proponen una mayor desburocratización del Estado. Por caso, las licencias de conducir tanto para conductores comunes como profesionales, que antes eran emitidas por dos organismos distintos, se unifican en la Agencia de Seguridad Vial.

Además se autorizan "en algunos corredores viales" los llamados "bitrenes", formaciones compuestas por un camión y dos remolques, que permiten transportar entre un 30% y un 75% más de mercadería sin la necesidad de incorporar más choferes. Este punto es resistido por el sindicato de camioneros.

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