Imputaron en Córdoba al sindicalista Cavalieri por un posible fraude en Osecac

La Justicia lo investiga por haber "inventado" prestaciones médicas, por las cuales utilizó cheques por $53 millones
La Justicia lo investiga por haber "inventado" prestaciones médicas, por las cuales utilizó cheques por $53 millones Fuente: Archivo
Gabriela Origlia
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20 de marzo de 2018  

CÓRDOBA- El titular del Sindicato de Empleados de Comercio y presidente de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac), Armando Cavalieri, fue imputado por administración fraudulenta, en una causa paralela a la que investiga la quiebra de la financiera Cordubensis (CBI) que generó un escándalo y de la que se desprendieron otras investigaciones.

La imputación fue promovida por el fiscal federal Enrique Senestrari y alcanza, también, al resto de la mesa directiva de la obra social. La semana pasada, el juez federal 3 de esta ciudad, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó el allanamiento a la sede central de Osecac, en la ciudad de Buenos Aires, por lo que no se descarta que cite a declarar a Cavalieri.

Senestrari explicó a LA NACION que Osecac "inventó" prestaciones médicas a través de intermediarias -en algunos casos, fundaciones, y en otros, gerenciadoras de salud- y usó cheques por $53 millones para pagar esos "servicios supuestamente dados". La investigación determinó que algunas entidades "directamente no existen" y que hay prestaciones "nunca realizadas".

"Las maniobras fueron realizadas con cheques que no cumplían con los requisitos técnicos vigentes para las obras sociales, que exigen estar cruzados o con la leyenda 'no a la orden' para que no vaya a mano de cualquiera", precisó el fiscal.

Añadió que "después esos cheques aparecían en CBI o se pagaban camionetas Toyota". Las prestaciones supuestamente simuladas eran en Mendoza, San Juan y San Luis.

El fiscal insistió en que la causa recién comienza y que los $53 millones son un "piso", ya que hay cientos de cheques secuestrados que deben analizarse. "Lo que realizaban era llevarse fondos de los trabajadores que aportan a la obra social para tener servicio médico y usarlos con otro destino".

El escándalo de CBI comenzó en 2014 y salpicó a las principales fuerzas políticas de Córdoba. La financiera cerró sus puertas apenas apareció muerto su vicepresidente, Jorge Suau. El presidente de la entidad, Eduardo Rodrigo, reconoció que funcionaba una mesa de dinero.

Casi en simultáneo a la muerte de Suau llegaron al fiscal Senestrari y al camarista Ignacio Vélez Funes cartas atribuidas a él, en las que reclamaba que se investigaran las maniobras ilegales en la financiera y mencionaba como presuntos operadores de la mesa de dinero a funcionarios provinciales y municipales, empresarios, productores agropecuarios y dirigentes sindicales.

La causa CBI involucra a medio centenar de personas y los cargos realizados son estafa, intermediación financiera fraudulenta y lavado de dinero, entre otros.

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