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Preocupa a la AFIP el cambio de calificación en la causa que benefició a Cristóbal López

La defensa del organismo recurrirá la semana próxima a Casación para intentar revertir la decisión
La defensa del organismo recurrirá la semana próxima a Casación para intentar revertir la decisión
María Belén Álvarez Echazú
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20 de marzo de 2018  

El abogado de la AFIP, Ricardo Gil Lavedra, apelará la próxima semana ante Casación el fallo de la Cámara Federal que liberó a Cristóbal López y a su socio Fabián De Sousa con el propósito de revertir el cambio de calificación del delito que pesaba sobre los empresarios cercanos al kirchnerismo y que los beneficiaría a tal punto de poder extinguir la persecución penal con el pago de la millonaria deuda.

"Vamos a presentar un recurso de casación los primeros días de la semana siguiente. Lo más grave aquí no ha sido el cese de la prisión preventiva, sino que también la Cámara cambió la calificación del delito que venía calificado como una administración fraudulenta a un delito tributario", dijo Gil Lavedra en una entrevista televisiva.

"A simple vista, ¿qué problema hay que sea una cosa u otra? Si es un delito tributario se puede extinguir la acción por pago. Incluso la ley de moratoria prevé que la deuda se pueda pagar en 60 cuotas con una tasa de interés muy pequeña, de 1,5 por mes", agregó el abogado de la AFIP.

La defensa del organismo recurrirá la semana próxima a Casación para intentar revertir la decisión
La defensa del organismo recurrirá la semana próxima a Casación para intentar revertir la decisión Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique García Medina

"Si esto ocurre se extingue la acción y hay impunidad. Nosotros entendemos que es necesario que en estos casos tan graves, donde se comprometieron las finanzas públicas, los jueces puedan aplicar la ley como corresponde", concluyó.

Por su parte, el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Germán Moldes, aseguró que el fallo dictado el viernes pasado que liberó a López y atenuó la acusación en su contra "es un sobreseimiento encubierto".

En ese sentido, Moldes adelantó que, al igual que la AFIP, interpondrá un recurso de casación contra el fallo de la Cámara Federal. El fiscal explicó que la apelación deberá contemplar varios aspectos: la calificación legal, la reducción del embargo y las prisiones preventivas.

Con el paso de las horas y los días, el fallo de los camaristas Jorge Ballesteros y Eduardo Farah -Leopoldo Bruglia votó en disidencia- ya fue ampliamente rechazado por el Gobierno, incluso por el presidente Mauricio Macri, que expresó estar "indignado" con la resolución y rechazó fuertemente el cambio de calificación del delito.

Fuente: LA NACION

"Desde el Gobierno y la AFIP vamos a apelar y confío, más allá de la indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo, en el proceso global de la Justicia. Más allá de focalizarnos en si tiene que estar preso o no porque entorpeció o desobedeció las órdenes del juez, que eso no creo que sea central a este momento, lo central es el cambio de carátula", sostuvo Macri.

"Es una decisión sorpresiva y casos como este generan hacia la gente un mensaje equivocado en términos de niveles de impunidad", había asegurado el ministro de Justicia, Germán Garavano. Carrió, por su parte, habló de "un acuerdo de impunidad".

El viernes pasado, López y De Sousa fueron liberados por orden de la Cámara Federal. Allí los camaristas Ballesteros y Farah consideraron que la prisión preventiva ordenada por el juez federal Julián Ercolini era una medida de "alevosa arbitrariedad" y por eso se ordenó su liberación.

En la misma resolución, los jueces resolvieron cambiar el delito que se les imputaba a los empresarios, acusados por una deuda con la AFIP que supera los $10.000 millones. Dieron de baja la calificación de administración fraudulenta y ordenaron que los empresarios fueran investigados por delitos tributarios.

Por último, la resolución cambió la situación procesal de Ricardo Echegaray, que había sido procesado por defraudación al Estado, pero que ahora quedó acusado por un delito tributario agravado como parte de la autoridad que debía controlar a los empresarios.

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