Tras los desafíos televisivos, el regreso al calvario

Joaquín Morales Solá
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21 de marzo de 2018  

Ni Cristóbal López ni Ignacio Rosner (¿su comprador?, ¿su CEO, como López lo llamó?, ¿su testaferro, como sospechan algunos funcionarios?) manejarán en adelante la principal compañía del empresario kirchnerista, Oil Combustibles. La decisión del juez Javier Cosentino, que intervino ayer totalmente la empresa, significa un duro revés para López, apenas 48 horas después de que saliera de la cárcel y la causa cambiara de carátula. López se pavoneó el viernes pasado, cuando comenzó a caminar en libertad, de que él era el dueño de todas sus empresas. Había empezado entonces otra pelea: la del propio López con Rosner, porque este se consideraba el propietario de todo el imperio empresarial construido por Cristóbal en los años del kirchnerismo. Los dos habían amenazado con ir a la Justicia.

Pero la Justicia decidió que ninguno de ellos manejará la empresa petrolera, que es, sin duda, la principal compañía de Indalo, la casa matriz de todas las empresas de López. Cosentino detectó una convivencia imposible entre los veedores enviados por el magistrado y Rosner, que se autoerigía en factótum inapelable del grupo empresario. No es cualquier grupo empresario: pesan sobre él una inhibición de bienes y el embargo de todas sus propiedades.

La AFIP le reclama, en la Justicia Federal Penal, el pago de 17.000 millones de pesos, suma que ese conglomerado de empresas asegura no tener. Sin embargo, Rosner aumentó el pasivo de manera exponencial en los últimos meses, según constataron los veedores. Ese aumento incluyó exorbitantes honorarios para el propio Rosner y sus socios (entre otros pagos que realizó), aunque la empresa se encontraba en bancarrota.

Funcionarios oficiales se manifestaron ayer conformes con la decisión del juez Cosentino, luego de que el Presidente se manifestara "indignado" por la decisión de la Cámara Federal que puso en libertad a López y cambió la carátula de la investigación penal. Uno de los jueces firmantes, Eduardo Farah (el otro es Jorge Ballestero), le reclamó a Mauricio Macri que se cuide cuando se pronuncia sobre una resolución de la Justicia. Si bien no es correcto que el jefe del Ejecutivo critique públicamente decisiones de otro poder constitucional, la Justicia, en este caso tiene una explicación. Es el jefe del Estado que reclama una deuda impaga con el Estado, y aquellos jueces dictaron una resolución que afecta los intereses del Estado.

La decisión de Cosentino habilita, además, un trámite más limpio para la eventual venta de la empresa a inversores privados. La pelea explícita entre Cristóbal López y Rosner, a quien el propio López decidió venderle sus empresas (si es que realmente se las vendió), ahuyentaba a los inversores. Es obvio, a estas alturas, que el conglomerado de Cristóbal López es inviable en manos de su creador. La propia AFIP está interesada en que cambien los interlocutores en su objetivo de cobrar la monumental deuda de López.

Los estragos en el manejo de las empresas, constatados por la Justicia Comercial (Cosentino es juez del fuero comercial), refuerzan también la posición de los que critican la reciente decisión de la Cámara Federal, que resolvió que Cristóbal López es solo un evasor fiscal. Si bien este es también un delito, la Cámara de Casación Penal decidió que se lo debía investigar por defraudación al Estado en el fuero Penal Federal, no en el Penal Económico. Es decir, es alguien que le robó al Estado y que no merece beneficiarse con las generosas moratorias que prevé la ley.

Si Cristóbal López fuera solo un evasor fiscal, también quedaría exculpado el exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray, quien está procesado como cómplice de las maniobras de defraudación al Estado. Echegaray le concedió a López innumerables planes de pagos, que el empresario incumplió una y otra vez. No se trata de un impuesto sobre ganancias eventuales (como escribieron los dos jueces de la Cámara Federal), sino de dinero que ingresó al bolsillo de López actuando este como agente de retención del Estado. Son los impuestos que forman parte del precio de la nafta y que los consumidores pagan al contado. La diferencia entre un delito y otro se explica en miles de millones de pesos, que López no tendría que pagar si fuera solo un evasor fiscal e ingresara en una moratoria.

El funcionario judicial que mejor describió en su momento las correrías de Cristóbal López es el fiscal general Germán Moldes en su apelación ante la Cámara de Casación para que la causa madre contra el empresario quedara en el fuero Penal Federal. Moldes, que acaba de señalar que el reciente fallo de los jueces Ballestero y Farah es un "sobreseimiento encubierto" de López, subrayó entonces que la causa penal es un desprendimiento de "una investigación por asociación ilícita de varios exfuncionarios y de Néstor y Cristina Kirchner". Se refiere Moldes a la denuncia que hizo hace varios años Elisa Carrió y que les sirvió a la AFIP y a su jefe, Alberto Abad, para mantener el expediente en el fuero Federal Penal y no en el Penal Económico.

Moldes escribió que si la causa terminara en el fuero Penal Económico, "conllevaría la impunidad de graves hechos de corrupción administrativa y la violación del debido proceso legal". El fiscal afirmó que sería un error "subsumir los hechos (el robo de dinero del Estado) a la ley tributaria", porque sería "un pronunciamiento parcial que solo toma en cuenta la omisión de ingresar impuestos y descarta arbitrariamente la criminalidad del entramado fraudulento organizado por funcionarios públicos y empresarios que han causado un perjuicio inestimable al fisco". Este es el corazón mismo del conflicto entre Cristóbal López y el Estado. Había una organización que lo incluía a López, pero no de manera excluyente, para perjudicar al Estado en beneficio de intereses privados. Junto a él estuvieron desde Néstor y Cristina Kirchner hasta Ricardo Echegaray.

Tales certezas, que comparten Moldes y la Cámara de Casación Penal, son incompatibles con un simple delito de evasión fiscal, que es como lo calificó la Cámara Federal, un tribunal inferior respecto de Casación.

El terremoto político que provocaron los jueces Ballestero y Farah es difícil de explicar y colocó a los magistrados en las puertas de ser acusados de prevaricato. Es el delito que cometen los jueces (o cualquier funcionario) cuando dictan una resolución arbitraria a sabiendas de que lo hacen contra lo que estipula la ley. La ley indica que la Cámara de Casación Penal no puede ser corregida por un tribunal inferior. Es más difícil de explicar cuando por primera vez un juez de cámara, Farah, debió salir a dar explicaciones y a aclarar que él no cobró "ni un peso" por lo que hizo.

Nunca se había visto un caso así, sobre todo de parte de un miembro de la Cámara Federal. Es probable que la Cámara de Casación Penal desestime rápidamente la decisión de la Cámara Federal y López vuelva a ser juzgado por un delito federal penal. Sus desafíos televisivos del viernes pasado, cuando desbordaba entusiasmo por su excarcelación y por el cambio de carátula de la causa que lo inculpa, terminarán en la nada absoluta. Su regreso al calvario comenzó ayer.

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