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Ultimátum de laboratorios al Gobierno: rechazan el acuerdo para venderle medicamentos al PAMI

Fuente: Archivo
José Luis Brea
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21 de marzo de 2018  • 11:51

Los laboratorios nacionales acaban de comunicarle al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) que no aceptan la renovación del contrato para la provisión de medicamentos al PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, en los términos que pretende el Gobierno.

Se trata de una fuerte pelea económica, pero también por las palabras. El Gobierno quiere que el PAMI renegocie su contrato con los laboratorios con un sistema de "precios ponderados" para los remedios, es decir, un promedio entre todas las marcas, tamaños y presentaciones de un medicamento, lo que en la práctica significaría tener precios de referencia más bajos.

Los laboratorios, en cambio, hablan de "precios máximos" y rechazan la pretensión oficial. Así lo hicieron saber en la carta que enviaron al INSSJP esta mañana a manera de respuesta al ultimátum que ese organismo les había enviado a las cámaras sectoriales (ver facsímil).

"EL ESTADO DEBE INTERVENIR EN LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS"

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En concreto, la carta que envió esta mañana la Cámara Industrial de Laboratorios Farmaceúticos Argentinos (CILFA) al director ejecutivo del INSSJP, Sergio Cassinotti, a la que accedió LA NACION, dice que "los laboratorios están dispuestos a hacer un esfuerzo económico adicional a fin de contribuir a mejorar la situación financiera y económica del INSSJP como así también contribuir a disminuir el gasto en medicamentos de los afiliados al INSSJP". A continuación detallan un menú de descuentos adicionales sobre determinados tipos de medicamentos.

Como informó LA NACION, las autoridades les habían dado un plazo de 36 horas a los laboratorios para que respondan si aceptan o no las condiciones con las que intenta renovar el contrato, que vence el 31 de este mes. Ese plazo vence este mediodía.

El Gobierno busca un ahorro para el PAMI, principal comprador de remedios del país, que sería de $6500 millones por año.

Además de los precios ponderados, el INSSJP pidió una serie de descuentos que, según pudo saber LA NACION, los laboratorios estarían dispuestos a aceptar. Pero con el rechazo del sistema de precios, se abre un interrogante sobre qué sucederá con el abastecimiento de medicamentos a los afiliados al PAMI. De todos modos, voceros de la entidad llevaron tranquilidad ante la consulta de este diario. "Fijate lo que pasa todos los años. Nada. El año pasado el convenio vencía el 31 de enero y se firmó el 1º de abril. Y en 2016 pasó otro tanto. Es grave estar metiendo terror a los jubilados. No van a desaparecer los remedios de las farmacias porque no se firmó un papel. Estamos hablando de una prórroga de un contrato", señaló una fuente del PAMI.

La carta que le enviaron los laboratorios a Sergio Cassinotti, titular del Pami.
La carta que le enviaron los laboratorios a Sergio Cassinotti, titular del Pami.

El punto más fuerte de la carta de los laboratorios es donde afirman que "la pretensión de incluir cláusulas con precios máximos se encuentra reñida con el régimen constitucional vigente en nuestro país y se vincula innecesariamente con experiencias negativas de nuestro pasado reciente". Y agrega: "Por otra parte, consideramos que nuestra oferta de otorgar descuentos adicionales para compensar aumentos del precio de venta al público que superen el 70% de la inflación le otorga al INSSJP y a sus beneficiarios previsibilidad sobre la evolución futura de los precios y a la industria sobre el flujo de fondos para continuar invirtiendo y creando puestos de trabajo de calidad".

En medio del tira y afloje, hoy el INSSJP publicó en su página web un extenso informe sobre el "Nuevo régimen de compras y contrataciones". El punto allí referido a los precios tope que tendrían los remedios también fue criticado por la Federación Farmaceútica de la República Argentina (Fefara).

En un comunicado, señala que "hoy se ha publicado la primera versión oficial sobre contenidos y alcances del contrato que se negocia con la industria y ocupa un lugar central el establecimiento de precios máximos, constituyéndose en una especial condición que no tiene igual en ninguna actividad del mercado nacional". También señala que "nada se dice de los modos, plazos y condiciones en los que las farmacias brindarían sus servicios y se establecen parámetros y complejas operatorias de muy difícil ejecución y de inconsistente diseño, presumiblemente formulado desde lo macroeconómico por técnicos que desconocen totalmente la micro gestión operativa".

La referencia a la macroeconomía parece ser un tiro por elevación a la jefatura de Gabinete, que tiene fuerte injerencia en las negociaciones, más precisamente a través de Gustavo Lopetegui, uno de los coordinadores de la Jefatura de Gabinete . Según pudo saber LA NACION, los representantes de los laboratorios tuvieron fuertes contrapuntos en sus reuniones con el colaborador de Marcos Peña, que los habría amenazado incluso con aplicar la ley de abastecimiento. Este medio intentó comunicarse con Lopetegui para confirmarlo, pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

La industria también levanta suspicacias sobre la presencia en el Gobierno del otro coordinador de Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, ya que el empresario conserva el 3% de las acciones de Farmacity, la cadena de farmacias que mantiene históricamente una tensa relación con la industria del sector. En PAMI rechazan cualquier insinuación. "Lo de Quintana y Farmacity es efectista, pero esta empresa no tiene nada que ver este acuerdo. Es absurdo, ridículo. Las farmacias no son parte en el convenio, nosotros contratamos con la industria y ellos, los laboratorios, con las farmacias. Estamos siempre abiertos al diálogo", dijo una fuente de PAMI.

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