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Un defensor del pueblo técnica y moralmente intachable

Resulta inadmisible la demora de más de nueve años en la elección de una figura de representación ciudadana de enorme trascendencia institucional
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22 de marzo de 2018  

Muchísimas veces, desde estas columnas, hemos alertado sobre la inadmisible continuidad de una vacante en un cargo clave: el de defensor del pueblo de la Nación. Desde que Eduardo Mondino renunció a ese puesto para asumir como legislador pasaron más de nueve años, en los cuales ha sido realmente inconcebible la falta de acuerdo parlamentario para designar un reemplazante.

La figura del ombudsman nacional es fundamental. Tiene un enorme peso institucional, por cuanto le compete la defensa de los derechos, garantías e intereses tutelados por las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración pública y, también, el control del ejercicio de las funciones del Estado.

A fines del año último esa deuda estuvo muy cerca de ser saldada cuando la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, que preside la senadora Marta Varela (Cambiemos), llegó a un acuerdo para elevar una terna de candidatos a ambas cámaras del Congreso, las que deben definir la votación con el aval de los dos tercios de los miembros presentes, una fracción que demuestra la importancia que los convencionales le han dado a esta figura al momento de otorgarle jerarquía constitucional, incluyéndola en la reforma de 1994.

Sin ninguna duda, quien finalmente ocupe ese puesto deberá arribar a él como producto de un debate profundo y responsable y no de una mera negociación política con el único fin de ubicar a uno de los propios en un sitio clave sin tener en cuenta los atributos de idoneidad, la trayectoria y el desempeño que requiere un cargo institucional de semejante trascendencia. Se trata de hallar una figura no solo relevante, sino con suficiente consenso y que sea poseedora de cualidades morales, éticas y técnicas intachables.

Su mandato es por cinco años, con la posibilidad de una sola reelección. Si bien es un cargo instituido por el Congreso, actúa con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Tiene legitimación procesal y goza de las mismas inmunidades y privilegios de los legisladores.

La falta de defensor del pueblo durante todos estos años se vio dramáticamente expuesta al registrarse, entre otros muchos hechos dolorosos que merecían contar con su actuación, la tragedia ferroviaria de Once, en 2012, en la que 51 personas murieron y más de 700 resultaron heridas. También, en la nefasta instrumentación que pretendió dar el gobierno kirchnerista a la ley antiterrorista. La lista es larguísima. Las consecuencias de esa falta en aquellos hechos gravísimos ya no pueden subsanarse. Pero debemos evitar que ello siga ocurriendo.

Tan importante es la existencia de este funcionario que hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como también la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, debió exhortar al Congreso a subsanar la gravísima omisión.

Decenas de organizaciones de la sociedad civil, protagonistas de aquellos reclamos judiciales, pidieron el año pasado que se convocara a audiencia pública para evaluar los antecedentes de los candidatos y para aportar información de peso a los legisladores, antes de que adopten una decisión.

Cuando el Congreso estuvo a punto de designarlo, hacia fines del año pasado, esas audiencias iban a ser pasadas por alto. Se quiso saldar una grosera deuda constitucional con un mecanismo de selección que pudo haber terminado siendo más grosero que la demora misma.

Decíamos por entonces que si tanto tiempo se había esperado, qué mejor que elegirlo con la ayuda de un procedimiento participativo, abierto y transparente como las audiencias públicas. Aunque no son vinculantes, cumplen un papel esencial a esos efectos.

La falta de acuerdos políticos en las cámaras para avanzar con aquella terna propuesta por la bicameral, cuyos candidatos eran Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor, la hizo caer, por lo que habrá que comenzar todo el proceso nuevamente.

La senadora Varela ha dicho que, como consecuencia de la renovación de ambas cámaras del Congreso tras los comicios generales del año pasado, podría avanzarse en esas audiencias mientras se arribe a los nuevos consensos. Y se ha manifestado respecto de la necesidad de que estos acuerdos sean tan fuertes que permitan llevar a los recintos de votación a un solo candidato, de modo de cumplir de forma definitiva con tan alto compromiso institucional.

Que hasta hoy no haya habido reemplazante de Mondino es responsabilidad tanto de los oficialismos de turno como de los sectores opositores. Los oficialistas muy probablemente teman que ese funcionario no los deje en paz, controlando todo, como es su indelegable deber. Mientras que las distintas oposiciones se han mostrado siempre más proclives a ocupar ese puesto con un cuadro político que les responda fielmente que con un verdadero ombudsman, profesional e independiente.

Es de esperar que de una vez por todas se cubra ese cargo. Es hora de darle al pueblo de la Nación su defensor, tomando en cuenta la invalorable opinión de la ciudadanía al respecto. Nombrar un defensor que no cumple con los estándares mínimos de transparencia, habilidad técnica, idoneidad y conducta ética y moral intachables resulta inaceptable.

Muchos candidatos de los propuestos en el pasado -y en la última terna misma- claramente no pasaban esa prueba. Elegir bien es mucho más que elegir.

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