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Pacto fiscal: la pelea baja ahora a provincias con municipios

Ahora la discusión, que comenzó a nivel de las provincias, pasa a los municipios
Ahora la discusión, que comenzó a nivel de las provincias, pasa a los municipios Fuente: Archivo
Gabriela Origlia
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22 de marzo de 2018  • 17:04

CORDOBA. El pacto fiscal firmado entre las provincias y la Nación ya rige a pleno, pero, antes de iniciar la baja de impuestos acordados, algunas jurisdicciones (las que tenían margen) los subieron hasta el tope dispuesto. Este año marca el escenario base desde donde evaluar cómo operará la reforma no sólo por lo que deben hacer los gobernadores sino los intendentes, una etapa cuya discusión está en pañales.

Desde 2003 hasta el año pasado la presión tributaria provincial efectiva pasó del 3,8% al 5,6% en 2017; ahora el desafío no sólo es reducirla sino revertir la estructura, que crezca la participación de los impuestos patrimoniales en detrimento de Ingresos Brutos.

Un trabajo del Iaraf, que dirige Nadín Argañaraz, apunta que en los dos últimos años las cargas provinciales aumentaron 0,2 puntos porcentuales del PBI (en 2016 bajó por la recesión, pero después retomó la senda alcista).

Sellos fue el tributo que más aportó al crecimiento en el período analizado; representa el 47,1% de la variación y su peso avanzó 0,12 puntos porcentuales. Automotores e Inmobiliario crecieron 0,05 puntos porcentuales y 0,04 puntos porcentuales, respectivamente. En conjunto, representan el 37,3%.

Ingresos Brutos -centro de la reforma fiscal para las provincias- representa la principal fuente de recursos y el año pasado avanzó 0,03 puntos porcentuales en relación a 2015; significaron el 11,8% del crecimiento de la presión en ese bienio.

A nivel nacional, existen unos 50 impuestos -llegan al centenar si se agregan los provinciales y las tasas municipales claves- y el 80% de la recaudación se concentra en ocho. En las provincias sólo Ingresos Brutos explica entre el 70% y el 75% de los ingresos propios (en Santa Cruz llega al 92%).

Desde el Ieral, Marcelo Capello señala a LA NACION que -por los objetivos fijados en el pacto fiscal- las provincias perderían recaudación por impuestos indirectos y deberían recuperarla por los directos; en esa línea la Nación redujo Bienes Personales. El desafío no es menor porque genera más costo político subir impuestos patrimoniales, que son "más visibles" para los ciudadanos.

Alberto Gorosito, director de la Especialización en Tributación de la Escuela de Graduados de Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, plantea que el reto es mayor para las provincias grandes, donde la recaudación propia es significativa y dependen menos de los giros nacionales.

En 2017 el crecimiento interanual de la recaudación provincial agregada fue de 35,7%; lo que implica un avance real del 9,7% por sobre la inflación. Sellos, Automotores e Inmobiliario subieron en términos reales 27,9%, 16,4% y 16,1%, respectivamente. Ingresos Brutos registró un alza nominal de 31,7% y real equivalente al 6,4%.

Argañaraz explicó a este diario que las provincias cofinanciaron la baja de la presión tributaria nacional ya que algunos de los impuestos reducidos se coparticipaban. "Entre 2016 y 2017 les devolvió a los gobernadores el 15% de precoparticipación que financiaba a Anses pero se 'las sacó' con la reducción de la masa a distribuir. En ese marco hubo jurisdicciones que subieron gravámenes".

El paso que sigue

El consenso fiscal tiene efecto en los municipios (salvo en los de Buenos Aires) y abrió una discusión porque hay en juego unos $2500 millones, equivalente a la compensación que recibirán los gobernadores por la eliminación del Fondo del Conurbano y los cambios en el reparto del impuesto al Cheque (ya no se coparticipa).

Los $2500 millones es la cifra que las provincias coparticiparían a las intendencias si siguiera el viejo esquema. En el debate en marcha hay gobernadores dispuestos a repartir una parte "con la condición" de que los intendentes reduzcan tasas.

Para Argañaraz es "esencial" que se empiece a trabajar en una reforma tributaria municipal porque entiende que se complicará hacerlo en 2019, año electoral. Menciona que, por ejemplo, el gobierno de Catamarca firmó un convenio con las comunas que introduce criterios de responsabilidad fiscal. "La intención es avanzar con un sistema similar al que aplicó la Nación con las provincias".

Gorosito duda que los municipios vayan a recortar tasas: "Tienen una imaginación sin límite para crear cargas ilegales; la única receta es gastar menos y buena parte del gasto es inflexible. Hay que crecer más, fiscalizar mejor. Para cumplir con el pacto hay que quebrar con la historia que se arrastra".

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