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Temen un efecto dominó por el fallo de la Corte

Fuente: LA NACION
Para el Gobierno, la anulación del tribunal que iba a juzgar a Cristina Kirchner puede impactar en decenas de causas
Paz Rodríguez Niell
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25 de marzo de 2018  

La decisión de la Corte Suprema de no habilitar al tribunal que iba a juzgar a Cristina Kirchner enfrentó al máximo tribunal con el Gobierno, que no está dispuesto a dar por cerrado el tema. Entre los múltiples efectos desencadenados de esa acordada, ahora la Casa Rosada acusa a la Corte de haber abierto la puerta para que se planteen nulidades en decenas de causas de corrupción, trata y crímenes de la última dictadura.

El ministro de Justicia, Germán Garavano , convenció a Mauricio Macri con un ejemplo concreto: el caso de la estafa detrás de la privatización de Tandanor, un juicio donde intervienen los jueces Ángel Nardiello y Sergio Paduzak. En esa causa, las defensas ya plantearon una nulidad cuestionando la integración del tribunal, con fundamento en el criterio sostenido por la mayoría de la Corte en la acordada 4/2018. El argumento es que como ambos son jueces de un tribunal oral criminal, no podían actuar en uno federal, conforme el nuevo criterio.

"Nos preocupa la posible afectación del servicio de Justicia. Estamos evaluando hacer una presentación a la Corte", dijo Garavano a LA NACION. Esta semana, Garavano y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti , mantuvieron una reunión informal en el Palacio de Justicia. Fue un encuentro para limar asperezas, confirmaron fuentes del tribunal. El ministro se quejó de la acordada, que firmaron Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda ; ahora prepara una nota formal pidiendo que los jueces aclaren el alcance de su decisión.

En el Gobierno circula una lista con al menos 20 jueces más que están en la misma situación que los de Tandanor -jueces no federales actuando como federales-. Los casos en los que intervinieron incluyen juicios en los que se condenó a los represores Miguel Etchecolatz, Santiago Riveros y Reynaldo Bignone, y la causa que terminó con una pena de tres años contra la exministra Felisa Miceli.

La Corte podría sostener que son situaciones diferentes, porque a los jueces del TOF 9 (los que iban a juzgar a Cristina Kirchner) se los pretendía trasladar de forma definitiva y los otros casos son "subrogancias", reemplazos transitorios. Esto volvería a dividir a la Corte. Los ministros Elena Highton y Carlos Rosenkrantz, que votaron en disidencia en la acordada 4/2018, advirtieron que el argumento de la transitoriedad no es válido para aquella persona que fue juzgada con un tribunal integrado con jueces nombrados para otro. Para cada "justiciable", la conformación de su tribunal tiene efectos de "definitiva", dijeron.

Más allá de la preocupación por eventuales nulidades, la acordada de la Corte disgustó al Gobierno porque fue un golpe duro a sus planes de reforma judicial, que incluían una apuesta a contar con más jueces federales, lo que le permitiría diluir el poder de Comodoro Py, donde están concentradas las causas más sensibles para el poder político. Detrás del TOF 9, venían otros cuatro tribunales que iba a federalizar el Consejo a instancias del macrismo en los próximos días. La ley sancionada por el Congreso -que en la práctica la Corte invalidó- habilitaba al Consejo a disponer traslados con el mero voto de la "mayoría simple" de sus miembros; mayoría que el macrismo consigue sin problemas. Pero la Corte sostuvo que ese traslado equivale a una nueva designación y requiere una terna del Consejo, la elección del Presidente y el acuerdo del Senado, lo que obliga al Gobierno a nuevas negociaciones con el peronismo.

Otra consecuencia es que si está prohibido convertir jueces nacionales en federales sin una nueva designación, se complica la situación del camarista Carlos Mahiques, exministro de María Eugenia Vidal que fue nombrado juez en la Casación ordinaria y trasladado a la Casación Federal, el máximo tribunal en materia penal, revisor de las causas de corrupción. Mahiques es, además, el padre del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo.

En su caso, el traslado fue dispuesto sin que hubiera siquiera una ley del Congreso. Horas después de la acordada, Graciana Peñafort, abogada de Martín Sabbatella, pidió el "inmediato apartamiento" de Mahiques en una causa contra su defendido, con fundamento en la decisión de la Corte. La Casación, con las firmas de Liliana Catucci y Eduardo Righi, sostuvo a Mahiques con el argumento de que su nombramiento había cumplido "con el estándar constitucional" y que, cuando llegó la acordada, la situación del camarista ya estaba "consolidada". Peñafort adelantó a LA NACION que va a llevar el caso a la Corte. Sostiene que se violó el sistema constitucional de designación de jueces y que los fundamentos de Casación para mantener a Mahiques son falsos porque ni siquiera cumplía los requisitos del régimen anterior, que exigía cuatro años en el cargo previo al traslado. Entre los casos en los que interviene Mahiques como juez de casación federal está la tragedia de Once.

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