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Un fallo vergonzoso

El funcionamiento de la Justicia se pone a prueba en la causa en la que se investiga a Cristóbal López, acusado de evadir al fisco una suma millonaria
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25 de marzo de 2018  

Los hechos ya ocurridos en el tratamiento judicial del caso Cristóbal López, cualquiera sea su curso futuro, producirán efectos que no se agotan en las consecuencias penales y financieras directas tanto sobre él como sobre sus empresas. Igualmente, la pérdida para el fisco no quedará resumida en el monto de los impuestos que la empresa Oil cobró y no le transfirió. El precedente creado por el cambio de carátula decidido por los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero de la Cámara Federal Penal será tenido en cuenta por los contribuyentes que pagan todos sus impuestos y, probablemente, incentivará equivocadamente a muchos de ellos a no hacerlo o, como hizo López, a quedarse con dinero retenido o recaudado.

La carátula del juicio sustanciado en la Cámara Federal Penal como "defraudación" fue transformada en "evasión" y, con este cambio, pasó al fuero penal económico.

La Cámara de Casación Penal, que está por encima de la que tomó esa decisión, previamente había determinado que debía ser el fuero penal. Sin embargo, fue desoída. El cambio no fue leve. El delito de evasión tiene penalidades sustancialmente menores y, además, redimibles mediante moratorias, que en nuestro país han sido frecuentes. De esta forma, el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray quedaría exculpado.

Junto con ese cambio, la Cámara Federal Penal dispuso la libertad de López, quien ruidosamente asumió el papel de víctima acusadora. Los medios de prensa transmitieron profusamente la imagen y los alegatos altivos de una persona que se ha quedado con 8000 millones de pesos de impuestos que había recaudado por delegación del fisco y no transfirió y que, por aplicación de intereses y multas representan hoy más de 17.000 millones de pesos de deuda.

Emergía como triunfador quien había cometido un delito más grave que el de evadir impuestos. Dos jueces encontraron alguna fina fisura en sus bibliotecas para construir una sentencia que colisiona con el sentido común. La opinión pública reaccionó en general de manera negativa frente a la decisión de esos magistrados.

Se produjeron las apelaciones esperadas, necesarias para retrotraer el caso al fuero penal. La Corte Suprema de Justicia solicitó al Consejo de la Magistratura que investigue la forma en que se constituyó el tribunal que produjo la medida que favoreció a López.

Por otro lado, el juez comercial Javier Cosentino, quien trata la quiebra del grupo Indalo, dispuso la intervención de Oil Combustibles, designando administradores y desplazando al supuesto potencial comprador Ignacio Rosner.

Por lo que ha trascendido, la situación económica y financiera de esta empresa se ha deteriorado y le será muy difícil revertirla a los nuevos administradores judiciales. Parece entonces remota la posibilidad de satisfacer con excedentes operativos el reclamo del fisco por esos 17.000 millones de pesos. Habrá que esperar la liquidación o venta y la posibilidad de ese recupero en orden a los privilegios que le correspondan a la AFIP.

Lo que ha ocurrido con la decisión judicial que favoreció al señor López es sumamente grave. Cuando parecía que la Justicia comenzaba a dar mensajes claros de lucha efectiva contra la corrupción, esta medida ha sentado un antecedente cuanto menos desalentador y no solo para el ciudadano común que debe pagar religiosamente sus impuestos, porque así lo exige la ley y porque, además, corresponde que lo haga. También se ha pronunciado al respecto, entre otras entidades, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Respecto de la importancia del fortalecimiento de las instituciones y del sistema de justicia en particular, IDEA sostuvo mediante un comunicado que "cuando algunas empresas o sus miembros no cumplen con sus deberes tributarios, repercute en el crecimiento del país y su desarrollo, generando dificultades económicas y sociales a toda la ciudadanía. Adicionalmente -se expresa en ese escrito-, el incumplimiento fomenta los conflictos de competencia desleal entre las que cumplen y las que no lo hacen".

El funcionamiento de la Justicia se pone a prueba en este caso que ha pasado a ser paradigmático. Es esencial que esta corrija la desviación ocurrida, no solo para que el fallo sea justo, sino también para recuperar dinero del Estado. Pero, además, es importante que el resultado sea aleccionador para una sociedad propensa a evadir impuestos.

En total coincidencia con IDEA, hacemos votos para que la Justicia y los diversos organismos de contralor del Estado actúen en consecuencia y con la celeridad adecuada contra aquellos que no cumplen con sus obligaciones de buen ciudadano. La confianza en una Justicia independiente y ecuánime es vital para el desarrollo de las inversiones y el crecimiento de la economía.

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