La peor crisis entre el Gobierno y la Justicia

Joaquín Morales Solá
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25 de marzo de 2018  

Es probable que a fin de año ya no sean jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Por primera vez en la historia, la Corte Suprema pidió que se investigue a esos dos jueces porque habrían conspirado, dice sin decirlo, para conformar un tribunal decidido a beneficiar a Cristóbal López. Antes, el oficialismo en el Consejo de la Magistratura resolvió llevar a Ballestero y Farah al enjuiciamiento político para ponerles fin a sus carreras judiciales. Aunque en este caso parecen dos instancias que confluyen en una misma dirección, la relación entre el gobierno de Macri y la Corte Suprema atraviesa por un momento de extrema tensión. Desde las decisiones del máximo tribunal que comprometieron los juicios orales a Cristina Kirchner hasta un próximo pronunciamiento de la Corte sobre la reforma previsional, todo cavó (y cavaría) una profunda fosa entre los jueces supremos y la máxima autoridad política del país.

La Corte sabe, aunque no lo dice en su documento, que la elección de Farah como juez subrogante fue una arbitrariedad de Ballestero. Nunca el tribunal se metería en la elección de un juez si no estuviera seguro de que existieron serias irregularidades. La resolución sobre López no tenía mayoría (Ballestero quería favorecerlo y Leopoldo Bruglia, el otro juez titular, sostenía la posición contraria) en una Cámara integrada solo por dos jueces después de la destitución de Eduardo Freiler. Ballestero, que funge como presidente de la sala, firmó una resolución por la que convocó a Farah; adujo que este había actuado en una causa conexa de improbable conexión. Bruglia se negó a firmar esa resolución. Ballestero rechazó, a su vez, la única decisión correcta: sortear al juez faltante entre Farah y Martín Irurzun, miembro de la otra sala de la Cámara Federal. Irurzun tiene jurisprudencia propia sobre la necesidad de perseguir sin indulgencias los delitos de corrupción. Es decir, Ballestero decidió quién lo acompañaría en la firma de una resolución que puso en libertad a Cristóbal y cambió la carátula de su causa contra la opinión de un tribunal superior, la Cámara de Casación. Por eso, Elisa Carrió sembró la sospecha de que habían existido sobornos y revisó la historia de la fortuna personal de Ballestero.

El Consejo de la Magistratura sorteará ahora al consejero que llevará la instrucción contra Ballestero y Farah luego de la virtual denuncia de la Corte Suprema. Consejeros cercanos al oficialismo dijeron que ellos se sumarán a la instrucción, sea quien sea el elegido formalmente para investigar el caso. El oficialismo aspira, en efecto, a que Ballestero y Farah no estén en la Justicia cuando se aproxime el fin del año que corre.

La alegría no fue solo de Cristóbal López en estos días. Una resolución de la Corte Suprema benefició a Cristina Kirchner, aunque también es improbable que exista una amplia conspiración de ese tribunal con los jueces federales de Comodoro Py, junto al peronismo centrista de gobernadores y senadores. La resolución fue firmada por tres jueces de la Corte ("los peronistas", como los llama el macrismo): Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Es difícil que haya entre ellos una complicidad para beneficiar a Cristina. Lorenzetti y Rosatti casi no se hablan (solo se saludan, si es que se saludan) y Maqueda se opuso tenazmente a las decisiones de Cristina cuando esta era presidenta. Por ejemplo, fue junto con Carmen Argibay y Carlos Fayt uno de los tres jueces que firmó la inconstitucionalidad de la ley de medios.

Los resultados de la resolución, que cuestionó los traslados de los jueces nacionales de instrucción al fuero federal, tuvieron dos consecuencias catastróficas. Una de ellas es lo que sucederá con los juicios orales a Cristina Kirchner. La causa por el memorándum con Irán, la histórica denuncia de Alberto Nisman antes de morir, quedará en manos de un tribunal compuesto por jueces de cercanías kirchneristas. Es el tribunal que ayer sacó de la cárcel a Carlos Zannini y Luis D'Elía. El expediente por "la ruta del dinero K", al que podrían integrarse el direccionamiento de la obra pública y las causas Hotesur y Los Sauces, quedará en manos de un tribunal con dos jueces razonables. ¿Habrá justicia, entonces? Difícil. El fiscal de ese juicio será Abel Córdoba, militante de Justicia Legítima y habitual panelista de programas kirchneristas en tiempos de Cristina. Para un tribunal es imposible avanzar si el fiscal desiste de la acusación.

La otra consecuencia es que el gobierno de Macri no podrá implementar la ampliación del número de jueces federales. El macrismo proyectaba elevar el número de los 12 jueces actuales para licuar el poder de estos y quería hacerlo con jueces nacionales de instrucción penal. El Gobierno insiste en que está avalado para hacer esos traslados por una acordada de la Corte Suprema de Raúl Alfonsín. Esos jueces nacionales ya cuentan con el acuerdo del Senado, pero la Corte Suprema les impone la obligación de un nuevo acuerdo senatorial para poder ser jueces penales federales. Esta resolución es la que tiró abajo el tribunal oral que ya había sido seleccionado para enjuiciar a Cristina Kirchner y la que frenó en seco la ampliación de los juzgados federales.

Para peor, la Corte deberá resolver sobre la constitucionalidad de la reforma previsional. El Gobierno teme que el tribunal termine ordenando el índice más alto para la actualización salarial de los jubilados. Significaría gastos extras por 60.000 millones de pesos, unos 3000 millones de dólares para un Estado que ya necesita endeudarse con cifras enormes para pagar gastos corrientes.

La figura de Lorenzetti es la que más desconfianza provoca en medios oficialistas. Creen que el presidente de la Corte les dice una cosa a unos y otra cosa a otros. Ha dejado de ser previsible para el macrismo. Esto explica también las acusaciones cruzadas por la filtración de conversaciones telefónicas que afectaron a Cristina Kirchner. Esas grabaciones están (o estuvieron) en manos del juez Ariel Lijo, que lleva la causa por la que se escucharon las conversaciones de Oscar Parrilli; de la AFI (ex-SIDE), porque contribuye a las desgrabaciones de las escuchas, y de la oficina encargada de intervenir las conversaciones cuando estas son ordenadas por un juez. Esta última oficina depende de la Corte Suprema de Justicia, que le pidió al Congreso un auditoría de esa dependencia. La difusión de conversaciones privadas, cuando no significan la confesión de un delito, es una grave anomalía de la vida democrática. El derecho a la privacidad está garantizado por la Constitución y por el Código Civil. No importa si ahora es Cristina o Parrilli; mañana pueden ser Macri o Carrió. Las conversaciones telefónicas forman parte del ámbito privado de las personas y solo pueden ser intervenidas (no difundidas) cuando existe una sospecha fundada por parte de un juez. Alguien o algunos deberán hacerse cargo de semejante maltrato al sistema de libertades.

En medio del fárrago, Macri deslizó una certeza cuando un grupo de funcionarios le preguntó si era cierto que Federico Sturzenegger estaba siendo cuestionado, dentro del propio Gobierno, como presidente del Banco Central. Varias versiones indicaron que lo objetaba un sector de la Jefatura de Gabinete. Respuesta de Macri: "Mi relación con Sturzenegger es inmejorable. Es uno de los mejores economistas argentinos. Creo que hace un excelente trabajo en el Banco Central, sobre todo porque se fijó como prioridad la lucha contra la inflación". Algo, al menos, se quedará donde está cuando muchas cosas que parecían ser ya no son.

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