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Presente y futuro de la ley del arrepentido

Es necesario rever y mejorar la instrumentación de esta figura, dado que hasta ahora no ha producido los resultados esperados
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26 de marzo de 2018  

A un año de la aprobación de la llamada ley del arrepentido, los resultados que se esperaban no han llegado. Hasta entonces, la normativa abarcaba muy pocas situaciones y, de hecho, no se aplicaba. Ante la comisión de un delito, habilitaba que alguno de sus autores pudiera colaborar con las autoridades judiciales brindando información acerca de la forma en que este se había cometido o ayuda para la identificación de los restantes delincuentes, a cambio de obtener beneficios durante su proceso penal y una condena atenuada al momento de dictársele sentencia.

Fue la detención de José López, exsecretario de Obras Públicas de Julio De Vido, filmado cargando bolsos llenos de dinero, lo que barrió con la resistencia de los legisladores a aprobar un régimen legal que favoreciera la delación. El detonante fue el epítome de la corrupción de los funcionarios públicos, pero, claro está, aprobar una ley que premiaría a los delincuentes que colaborasen en el marco de crímenes vinculados a funcionarios públicos les significaba a algunos legisladores preparar el cadalso para sus correligionarios del partido, o incluso para ellos mismos, en un eventual futuro.

La ley finalmente se aprobó en octubre de 2016 y fue festejada por unos y otros, lo que debió dar la pauta, ya por entonces, de que algo andaba mal. Quienes estaban comprometidos en la lucha contra la corrupción festejaron sin ambages la creación de esta nueva herramienta que se esperaba que marcase un antes y un después en las complejas investigaciones judiciales sobre temas de enorme relevancia institucional, como los actos de terrorismo, narcotráfico, trata de personas, criminalidad organizada, prostitución de menores y, obviamente, los delitos cometidos por funcionarios públicos. Pero también festejaron, en voz baja, los exfuncionarios kirchneristas devenidos legisladores porque la ley había sido aprobada con significativos cambios respecto de los proyectos iniciales.

En efecto, la ley 27.304 autorizó en lo sucesivo a que los autores o partícipes de un delito pudieran beneficiarse cuando, durante la investigación judicial, brindasen información o datos precisos, comprobables y verosímiles para evitar la comisión de un delito, identificar a sus responsables, detener a los partícipes y decomisar los bienes y el dinero provenientes del delito. Pero, a cambio de ello, solo se les otorgó a los fiscales y jueces la facultad de excarcelar al colaborador si estuviese detenido y de reducirle la pena a la mitad. Esto era mejor que nada, pero no resultaba suficiente, por la sencilla razón de que no tienen tanto por ganar los potenciales delatores si se consideran los riesgos que asumen al revelar a peligrosos criminales.

En los Estados Unidos, por ejemplo, los fiscales tienen muy amplias facultades para negociar con los "arrepentidos". Pueden hacer acuerdos con topes de pena, excluir ciertos cargos de la imputación, acusar por delitos menores a los cometidos y acordar sustanciales reducciones en las penas. Les es posible otorgar a los imputados colaboradores inmunidad total por lo que declaren e, incluso, la eximición total de prisión por los delitos que hayan cometido, situación indispensable para poder asignarles una nueva identidad y proveerles seguridad a él y a su familia en un nuevo lugar. Sin ir más lejos, en ese marco se está desarrollando el juicio de Alejandro Burzaco en el FIFAgate promoviendo su colaboración. Y también la investigación judicial de la operación Lava Jato en Brasil, cuya legislación otorga amplias facultades y herramientas al juez interviniente para persuadir con éxito a los acusados para que colaboren.

Por el contrario, nuestra ley exige que el potencial delator negocie con el fiscal, pero que el acuerdo lo evalúe el juez. Requiere que en el plazo de un año el magistrado determine si la documentación e información aportada fueron efectivamente útiles. Y supedita al criterio de otro tribunal aquel que años después termine dictando sentencia en el caso la efectivización del beneficio prometido. Además, fija el límite temporal de que el acogimiento al régimen del arrepentido debe producirse antes de que se inicie el juicio, que es justamente el momento en el cual el imputado puede sentirse más inclinado a colaborar ante la cercanía de una condena. La ley no da garantías de que se obtendrá la excarcelación, ni de cuánto se reducirá la pena. Como quedó dicho, tampoco permite eximir totalmente de pena, de manera que la protección del arrepentido debe hacerse bajo su verdadera identidad, en su casa durante el proceso, y en la cárcel una vez condenado.

Todo esto muestra un panorama que, lejos de propiciar que el delincuente colabore, lo convence de lo contrario al constatar que es poco lo que le ofrecen e inseguro para él y sus familiares. Evalúa entonces su porvenir judicial y el cuadro que vislumbra es, paradójicamente, auspicioso. Las investigaciones por corrupción tienen un bajísimo nivel de efectividad y se extienden a lo largo de 10 o 15 años. Muchas de ellas terminan archivadas con sobreseimiento a los responsables, y muchas prescriben en las desgastadas bibliotecas tribunalicias. Los pocos casos que avanzan tienen la chance de suspenderse por probation y terminar impunes; o de acordar una pena en suspenso bajo el procedimiento del juicio abreviado. En los contados casos que llegan a juicio y terminan en condenas, mayoritariamente se imponen penas bajas de cumplimiento en suspenso o prisión domiciliaria debido a la edad de los acusados o a su estado de salud. ¿O acaso no fueron María Julia Alsogaray y Víctor Alderete prácticamente los únicos funcionarios que terminaron condenados por corrupción en los últimos 15 años, cumpliendo sus sentencias en acomodadas habitaciones en una repartición policial de Palermo?

A este panorama desalentador hay que sumarle la precariedad del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que, más allá del esfuerzo de sus actuales autoridades, lejos está de poder garantizar la seguridad del arrepentido y su familia. La posibilidad de delatar a sus compañeros de fechorías abre indudablemente un enorme riesgo al colaborador y los suyos, frente a la alternativa de "mantenerse firme", de respetar los "códigos" y de recibir solidaridad y colaboración de parte de los delincuentes siempre agradecidos por su silencio.

Puede verse el caso de Leonardo Fariña, junto con Alejandro Vandenbroele uno de los poquísimos "arrepentidos" de la corrupción. Solo y aislado, con custodia policial todo el día, vagando por la vida con su misma identidad, condenado recientemente, pese a todo, por evasión de impuestos, y evitando posibles atentados con trucos tan predecibles como concurrir a tribunales por la noche y no de día, y entrar por la puerta lateral del edificio de Comodoro Py y no por la principal.

Frente a este panorama, cabe preguntarse si queda alguna duda de por qué Lázaro Báez no se ha acogido a la ley del arrepentido. ¿Qué lo llevaría a hacerlo, con tantas chances de terminar airoso con sus problemas judiciales, tras pasar un máximo de dos años en prisión preventiva? Paradójicamente, la pregunta no es por qué José López no se ha vuelto un imputado colaborador, sino más bien por qué habría de hacerlo, si en pocos meses más cumplirá los dos años de detención preventiva y deberá ser liberado.

Entonces, queda claro que se impone una reevaluación de los contenidos de la ley del arrepentido, de manera que sea reformulada y se torne más efectiva, dándoles a las autoridades judiciales más y mejores herramientas para persuadir a los potenciales arrepentidos a que delaten a sus excamaradas. No cabe duda de que podría entonces provocar un cambio sustancial en las investigaciones con el aporte de los detenidos para obtener más y mejores condenas.

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