Excavan en un campo del sur para buscar a un joven desaparecido tras una protesta

Un operario, a punto de descender en el profundo jagüel del campo La Manuela, en busca de rastros de Solano
Un operario, a punto de descender en el profundo jagüel del campo La Manuela, en busca de rastros de Solano Crédito: Gentileza Sergio Heredia
Según su familia, Daniel Solano fue secuestrado por policías de Choele Choel en noviembre de 2011; testigos afirman que su cuerpo fue arrojado a un pozo, cuyo fondo fue cubierto de cemento
Gastón Rodríguez
(0)
26 de marzo de 2018  

Daniel Solano era uno de los 350.000 trabajadores golondrina que cada año cruzan el país. Tenía 27 años y había viajado desde Tartagal, Salta, hasta el Valle Medio de Río Negro para trabajar en la temporada de poda, raleo y cosecha de manzanas. La noche del 4 de noviembre de 2011, tras un reclamo salarial, desapareció. Este año la Justicia autorizó la perforación de un pozo en la estancia La Manuela, a 27 kilómetros de Choele Choel, donde, según testigos, habría sido arrojado el cuerpo. La familia Solano denuncia que detrás del hecho, que calificaron como un secuestro, hay una red mafiosa que involucraría a policías, empresarios y funcionarios del Poder Judicial.

Hace más de seis años que Gualberto Solano vive en una carpa frente al juzgado de Choele Choel. En ese tiempo se encadenó a las rejas, hizo huelgas de hambre y encabezó marchas para exigir que le digan dónde está su hijo. Sabe que a mediados de septiembre de 2011 Daniel fue reclutado por Agrocosecha SRL, una empresa que prestaba servicios a la multinacional belga Expofrut SA (ex Univeg Expofrut SA). El viernes 4 de noviembre Daniel cobró por su trabajo, pero protestó porque en su recibo de sueldo figuraba una cifra más alta. Lo comentó entre sus compañeros, que le dijeron que siempre era igual. No era un error, sino una estafa sistemática; prometió que el lunes siguiente iría ante los jefes a reclamar lo que les correspondía.

"Ese viernes a la noche Daniel fue a bailar al boliche Macuba; un grupo de policías lo arrastró hasta la calle, lo subió a golpes a una camioneta Ford Ecosport de la comisaría, lo llevaron hasta la isla 92 (el balneario más popular de la zona) y lo mataron. Solano fue asesinado porque su reclamo hubiese provocado un efecto dominó. La mayoría de los trabajadores pertenecen a comunidades indígenas y son analfabetos, pero Daniel tenía estudios secundarios y era capaz de organizar una protesta", dijo a LA NACION Sergio Heredia, que junto a Leandro Aparicio representa a la querella en el juicio oral contra siete policías de la comisaría de Choele Choel por la desaparición y el asesinato del trabajador golondrina (ver recuadro).

"Este es un caso inédito -continúa Heredia- porque en la Argentina no se busca a los desaparecidos. Nosotros seguimos buscando a Daniel y no vamos a parar hasta que el padre se lo pueda llevar a su casa".

En octubre del año pasado, el juez de Garantías Roberto Gaviña autorizó inspeccionar el fondo del jagüel de la estancia La Manuela, situada en el kilómetro 977 de la ruta nacional 22. Los Solano pedían un peritaje del lugar desde diciembre de 2014, cuando un testigo de identidad reservada contó que el cuerpo de Daniel había sido arrojado a un antiguo pozo de agua "de más de 80 metros". Tanto el juez Julio Martínez Vivot como el fiscal Guillermo Bodratto, a cargo de la causa por entonces, se negaron a explorar el pozo por "razones de seguridad".

Finalmente, el 29 de enero pasado comenzó la inspección del jagüel a cargo de la empresa Petersen, que cotizó el trabajo en 2.700.000 pesos. La gobernación de Río Negro aportó un millón (hasta ahora solo pagó la mitad). El resto debió conseguirlo la familia Solano.

"Yo tuve que llevar herramientas que valen 40.000 pesos. Los antropólogos que trajimos desde Buenos Aires los pagamos nosotros. Los vehículos y los alojamientos, también. Es insólito; demuestra que en Río Negro hay una Justicia privatizada", se quejó Heredia.

El abogado confió que la mayor parte del dinero sale de su bolsillo, salvo los 250.000 pesos que consiguió a través del obispado de Viedma. No es su único sacrificio: hace cinco años que duerme en un catre en la cocina de la parroquia de Choele Choel gracias a la hospitalidad del padre Cristian Bonin, otro de los "incondicionales" de la causa Solano.

Hasta ahora, los resultados no fueron alentadores. Durante el descenso en la séptima jornada de trabajo, una cámara infrarroja comprobó que el fondo del pozo está cubierto de cemento. "El jagüel fue adulterado; no está en las mismas condiciones de la inspección anterior (hecha por la Gendarmería en 2015). Esto revela que haber impedido el descenso en estos años ayudó a mantener el manto de impunidad sobre los responsables del asesinato y desaparición de Daniel", remarca Aparicio.

Los querellantes también señalan que en los últimos años Agrocosecha cambió de nombre tres veces. El último, Servicios Agrarios SA, se declaró en concurso y abandonó la zona. Expofruit, en cambio, atendió a LA NACION y a través de un vocero explicó que la compañía "no tiene ninguna relación con el caso y que no hay un solo directivo ni empleado procesado o imputado".

En tanto, Gualberto Solano, no pierde las esperanzas. Dice que a su hijo "lo envolvieron en cemento", pero que eso no le impedirá cumplir con la misión que se impuso: "A mi chango lo voy a encontrar y lo voy a llevar a descansar a su tierra".

ENVÍA TU COMENTARIO

Ver legales

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.