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Oil Combustibles, la mayor empresa de Cristóbal López, quedó al borde de la quiebra

Hugo Alconada Mon
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26 de marzo de 2018  • 14:58

El Grupo Indalo, del empresario Cristóbal López , quedó a solo un paso de la quiebra, luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) le cerró ayer la puerta a cualquier posibilidad de obtener un plan especial de pagos, quita u otro beneficio singular.

Convocados por el juez del concurso de Oil Combustibles -el motor del Grupo Indalo-, los funcionarios de la AFIP plantearon que las opciones que le quedan ahora a la petrolera son mínimas. O inexistentes, en la práctica, para una empresa cuya situación calificaron de "crítica".

Durante una audiencia que mantuvieron con los interventores judiciales y los síndicos de Oil, el subdirector de Asuntos Jurídicos de la AFIP, Eliseo Devoto, y dos abogados del organismo alertaron que los planes de facilidades de pago previstos por la ley en la actualidad no alcanzan al impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC). Es decir, están vedados para el tributo que López y su socio Fabián de Sousa no remitieron a la AFIP durante años.

Devoto y los letrados también indicaron que por esa deuda que López y De Sousa acumularon por unos $10.000 millones hasta presentarse en concurso solo podría habilitarse un plan general de pagos hasta en 12 cuotas. Pero la compañía no registra, hoy, ingresos, lo cual en la práctica lo torna inviable.

Los interventores judiciales presentes en la audiencia -Carlos Bianchi y Francisco Cárrega- tampoco se mostraron optimistas. "En líneas generales, la sociedad hoy no puede pagar el pasivo posconcursal y ni siquiera se conoce que hubiera comenzado a hablar sobre la deuda preconcursal, teniendo en cuenta que el período de exclusividad vence en agosto", indicó Cárrega.

"En síntesis, no se ve un negocio que permita pagar esto, por lo que el único escenario en el cual los acreedores dejarían de perjudicarse a sí mismos sería una eventual quiebra. Máxime teniendo en cuenta que nadie inyecta fondos a la terminal portuaria ni a los tanques de almacenaje", abundó el interventor, según surge del acta que se redactó de la audiencia.

Tanto los interventores como los funcionarios de la AFIP, sin embargo, evitaron solicitarle al juez que dicte la quiebra, posibilidad que sobrevoló toda la audiencia, aunque los letrados del organismo indicaron que no estaban "en condiciones de evaluar", en ese momento, "si se configuran los requisitos" para solicitarla.

De todos modos, si la AFIP no termina por solicitar la quiebra de la petrolera -que solo por deuda posconcursal le debe unos $1500 millones-, el pedido formal podría concretarse en los próximos días, ya que Oil también acumula deudas con terceros por otros $500 millones.

Para López y De Sousa, formalizar la quiebra implicaría el fin de sus planes de retomar el control del Grupo Indalo y superar sus problemas judiciales, en los fueros Comercial y Penal. Allí, otro abogado de la AFIP, Ricardo Gil Lavedra, apeló ayer ante la Cámara de Casación Penal el fallo de la Cámara Federal que los excarceló y modificó el delito por el que se los acusa.

La Cámara Federal, sostuvo Gil Lavedra, "desoyó lo resuelto por el superior [por la Casación] y volvió a calificar los hechos, en un sentido que importó abrir el camino para que la acción penal se extinguiera y, de ese modo, todo concluyera en la más absoluta impunidad".

Al contrario de lo que concluyeron los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero al sostener que se trataría de una evasión, el letrado de la AFIP consideró que en esa causa "se investiga una asociación ilícita entre funcionarios del Estado y empresarios ligados a estos, dentro de la cual se enmarca una maniobra fraudulenta que ha ocasionado un perjuicio al Estado nacional", por lo que pidió a la Casación que "subsane" el fallo.

Sin quita posible

Durante la audiencia, en tanto, la AFIP también le cerró la puerta a cualquier posibilidad de una quita para el Grupo Indalo. Recordó que la ley lo prohíbe y que para acceder a ese beneficio "se requeriría una ley formal del Congreso".

Los interventores aclararon entonces que ellos no buscaban que Oil obtuviera una "quita", y que acaso el último escrito que presentaron en el expediente del concurso "no se entendió bien", sino que solo habían buscado preguntarle a la AFIP cuáles eran todas las opciones disponibles para el Grupo Indalo.

Los letrados de la AFIP aclararon, de todos modos, que no solo sería ilegal acceder a una quita, sino que el todavía titular del organismo, Alberto Abad, emitió una resolución general por la que, además, se vedó a sí mismo de conceder planes "especiales", como los que el artículo 32 de la ley 11.683 le habilitaba a conceder.

Esa decisión de Abad -adoptada al asumir el cargo- significó un claro contraste con su antecesor, Ricardo Echegaray, quien emitió planes "a medida" y discrecionales, por más de $29.000 millones. Entre ellos, recordaron los letrados de la AFIP, dos para beneficio de Cristóbal López, "y ello motivó las denuncias penales".

En ese contexto, el organismo también sostuvo que sería oportuno clarificar cuál es la voluntad real de López y De Sousa por salvar el holding. En particular, recordaron, "cuando tienen cuantiosos bienes personales en el país y en el exterior, por lo que podrían solventar la deuda posconcursal", que en total ronda los $2000 millones. "Sin embargo, no se advierte que su postura tienda a ello", desafiaron, "más bien lo contrario".

Aclaración por área 60

Las autoridades de Arroyo Abascay SA y de Desarrollos Vittoria SA, sociedades desarrolladoras de los emprendimientos inmobiliarios La Reserva Escondida y La Victoria Polo Country Club, que integran el proyecto Área 60, emitieron ayer un comunicado en el que desmintieron que el diputado Daniel Scioli sea propietario de esas firmas, tal como se difundió en los medios.

Hugo Alconada Mon: la impunidad de la Argentina, Cristóbal López al Lava Jato

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Fuente: LA NACION

La creación de Cristóbal López, en fase crítica

  • La AFIP y funcionarios del concurso de Oil Combustibles SA mantuvieron una audiencia para "evaluar la posibilidad de continuación de la actividad de la empresa" de López.
  • Allí se definió al presente de la empresa como "crítico" y la AFIP negó cualquier facilidad de pago de la millonaria deuda a López y De Sousa.

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