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Polémica en Tucumán: un fallo declaró inconstitucional la prisión preventiva

La sentencia le abrió las puertas a una ola de planteos por parte de abogados de otros casos
La sentencia le abrió las puertas a una ola de planteos por parte de abogados de otros casos Crédito: Google Street View
Fabián López
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27 de marzo de 2018  • 16:31

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- Un fallo de la Cámara de Apelaciones penal de Tucumán que consideró inconstitucional el dictado de la prisión preventiva para dos guardiacárceles acusados por el crimen de un recluso, ocurrido en 2015, abrió una luz de alarma entre los fiscales penales de esta provincia. Esto debido a que la sentencia le abrió las puertas a una ola de planteos por parte de abogados que en las últimas horas iniciaron los trámites para exigir la eximición de prisión para sus defendidos.

Además, el fallo en cuestión va a contramano de la ley que entró en vigencia la semana pasada en Tucumán por la cual se facilita el dictado de la prisión preventiva para "motochorros", "rompevidrios" y "escruchantes" [personas que ingresan a robar en casas cuando no se encuentran sus moradores]. En este sentido, los fiscales advirtieron que si la Corte Suprema de Justicia local no revisa la sentencia de la Cámara de Apelaciones, la norma que busca ponerle freno a la ola de delitos que sacude a Tucumán, con una docena de homicidios en lo que va de marzo, será de imposible cumplimiento.

El titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez, anunció hoy que recurrirá el fallo que declaró inconstitucional el dictado de las preventivas a los dos guardiacárceles.

"Vamos a continuar adelante con la ley que dictó la Legislatura con respecto a los motochorros y escruchantes, que establece que hay que pedir la prisión preventiva para esos casos. Vamos a analizar el caso y a recurrirlo", explicó Jiménez, y agregó que el criterio del Ministerio Público es que "los delincuentes tienen que estar presos, tal como es el sentido de la ley dictada por la Legislatura".

Con la firma de los jueces Enrique Pedicone y Dante Ibáñez (el magistrado Eudoro Albo votó en disidencia), la Cámara de Apelaciones en lo Penal local declaró la inconstitucionalidad, para la causa que involucra a los guardiacárceles, del artículo 284 del Código Procesal Penal, que fija los alcances para el dictado de la prisión preventiva.

El caso

El 24 de diciembre de 2015, durante un incidente ocurrido en el sector de arrestos de la comisaría séptima de la capital tucumana, el preso Rubén Alejandro Medina fue esposado y colocado boca abajo sobre un colchón. El recluso murió y la autopsia reveló que había fallecido por estrangulamiento. Los guardiacárceles Héctor Morales y Juan Lucas Rodríguez, quienes tenían a su cargo el cuidado de esa unidad, fueron detenidos y se les dictó la prisión preventiva acusados por el delito de homicidio agravado.

Los defensores de los guardiacárceles reclamaron la eximición de prisión, medida que fue concedida días atrás por la Cámara de Apelaciones en lo Penal.

"La suspensión del derecho a ser oído -al no conceder audiencia o al menos vista- y la disposición de la prisión preventiva por 'acuerdo' entre el fiscal requirente y el juez de control, tiene para este vocal serios reparos constitucionales y convencionales", argumentó el juez Pedicone para justificar su voto.

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