Riesgos y desafíos de las negociaciones salariales

José Zabala
José Zabala PARA LA NACION
Al buscar pactos por los ingresos, cada actor social tiene su responsabilidad
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1 de abril de 2018  

A poco de comenzar 2018 aparece la negociación salarial como una cuestión central en el mundo de las relaciones laborales. Es muy probable que el flagelo de la inflación, que azota a nuestra economía desde hace años, nos acompañe un tiempo más, según los análisis de los economistas, y esto pone a prueba la capacidad y el ingenio de los actores sociales para recomponer el poder adquisitivo del salario, sin que ello implique un incremento en los costos de la mano de obra que torne inviable la actividad del empleador obligado a pagarlo.

Muchas veces no se terminan de visualizar los efectos que genera la negociación centralizada que propone nuestro marco normativo. Desde empresas que recortan personal por la imposibilidad de mantener el plantel dada la erogación que eso le insume, pasando por las que incumplen los acuerdos asumiendo riesgos, hasta otras -algunas pymes o microemprendimientos- que optan por contrataciones o pagos no registrados. La víctima primera de estas medidas es el asalariado.

Es razonable y necesario repudiar cualquier maniobra que implique incumplir lo pactado y las contrataciones irregulares. Pero quedarnos en el discurso no soluciona los problemas. Ni protege a sus víctimas. Todos los actores sociales tienen algo que aportar.

Los empleadores, estableciendo parámetros sobre la inflación prevista que se ajusten a los numerosos análisis que es posible obtener y, eventualmente, pactando mecanismos de revisión que permitan corregir posibles distorsiones. Esos mecanismos no deben ser automáticos: en primer lugar, porque la ley 14.250 garantiza que si las partes han asumido el compromiso de sentarse a negociar, lo hagan de buena fe. Y en segundo término, porque de este modo se podrá atender la realidad de cada actividad en el momento de la revisión.

Los gremios, revisando las normas de los convenios que impidan mejorar la productividad. No hablamos de renunciar a derechos legítimamente adquiridos, sino de adecuarse a nuevas modalidades de prestación de servicio (tiempo parcial, teletrabajo, guardias pasivas, funciones complejas, convergencia de funciones, etcétera). Y sería una contribución importante morigerar los costos indirectos de contribuciones patronales con destino a los sindicatos (distinguiendo la capacidad de pago de los distintos empleadores).

Y el Estado, atendiendo a las actividades que por temas coyunturales tengan dificultades para solventar la recomposición de los ingresos de los trabajadores. ¿De qué manera? Aliviando las cargas sociales con los mecanismos incluidos en la reforma tributaria, e incluso con los previstos en el proyecto de reforma laboral.

El Gobierno ha sostenido y sostiene su voluntad de que se cree empleo de calidad. También es responsabilidad de los actores sociales y del Estado que las negociaciones no afecten al empleo existente.

El autor es abogado y socio de AMZ & Asociados

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