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Los damnificados por las reformas pendientes en la legislación laboral

Héctor García
Héctor García PARA LA NACION
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1 de abril de 2018  

Hay un patrón de conducta que suele repetirse con independencia de las cuestiones que la sociedad decide tratar en cada momento. Resulta paradojal la dificultad de "empatizar" con los más vulnerables, sean éstos víctimas de la inseguridad callejera, o marginados por un sistema de relaciones del trabajo que condena a la informalidad o al desempleo.

Sin aspirar a formular postulados sociológicos, es evidente que si se focalizara la atención en el sufrimiento de quienes padecen el flagelo de la violencia callejera y/o en quienes padecen a diario la exclusión del mercado de trabajo o la explotación que suele estar presente en los empleos de baja calidad y sin cobertura social, muchas de las reformas pendientes no se continuarían dilatando. De allí este atrevimiento de trazar un paralelismo.

En repetidas ocasiones aparece un mecanismo tan perverso como efectivo para provocar esta inmovilidad, conservadurismo o dilación en la dar solución de las asignaturas pendientes. Se apela al temor que ocasiona rememorar experiencias traumáticas, en una sociedad que ha pasado por innumerables frustraciones durante este proceso de construcción y deconstrucción de políticas públicas, vigente en los últimos 35 años de democracia.

Lo esperable es que la irrupción de nuevas generaciones con miradas y actitudes menos enredadas con el pasado, permita la construcción de un futuro apartado de los complejos y de las experiencias traumáticas, las que en todo caso deberían servir como aprendizaje y no para continuar retardando las reformas imprescindibles.

Este fue el caso de la reforma laboral, que llegó a un nivel de consenso tripartito en el mes de noviembre de 2017, algo que, sin embargo, unos días después se desarticuló. Bastó para esa desarticulación del pacto flamear el recuerdo del tratamiento en el Congreso de la ley 25.250, conocida como la "ley Banelco". La mención provocó un efecto inmovilizador, en particular en el Senado de la Nación, ante el temor de que su tratamiento parlamentario pudiera quedar salpicado por presunciones de sobornos y corruptelas, tal como ocurrió en el pasado, pese a que la justicia penal luego las desechó.

Nuevamente, los fantasmas de una polémica reforma laboral tratada en el año 2000 pusieron en crisis una serie de iniciativas imprescindibles para atender la necesidad de los grupos vulnerables que siguen esperando, 18 años después, reformas estructurales que permitan que el crecimiento de la economía pueda ir acompañada por una mayor generación de empleo, y que más recursos públicos y privados se orienten a cerrar la brecha de formación que hoy impide que muchos argentinos cuenten con aptitudes y capacidades para atender a la demanda de nuevos puestos de trabajo.

Lo esperable sería que de inmediato se inicie el tratamiento de los distintos capítulos que integraban esa iniciativa de adecuación y modernización del sistema de relaciones del trabajo, y que fue diseñada para encastrar con la reforma impositiva, que tuvo mejor suerte y se transformó en la ley 27.430.

El blanqueo laboral es indispensable, con independencia de las consideraciones éticas y de equidad que ello despierte. Muchos trabajadores en la informalidad siguen esperando acceder a la protección social y a la visibilidad laboral que se desprende de esta acción inclusiva.

Los empleadores, por otra parte, podrán contar con la reducción gradual de las contribuciones patronales, originalmente contemplada en la frustrada reforma laboral y que, en forma atinada, se llevó al proyecto de cambios tributarios.

También se contempla la capacitación laboral continua, para que los trabajadores se adapten con agilidad a los cambios en los sistemas productivos, evitando la expulsión de mano de obra. Eso se suma al diseño de una transición entre el sistema educativo formal y el trabajo a través de prácticas formativas en reemplazo de las actuales pasantías educativas, que en el afán de poner un límite a los abusos y excesos de las pasantías creadas en 1992, no han brindado una respuesta apropiada ni satisfactoria para los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral.

Nuevos paradigmas culturales y sociales también esperan una respuesta del sistema de relaciones del trabajo. Le corresponde al Congreso facilitar el debate acerca de nuevas licencias especiales por paternidad, adopción, reproducción asistida, e incluso de licencias sin goce de haberes por trámites particulares, algo también incluido en la propuesta de reforma laboral, la que debería atender las asimetrías que existen entre las grandes empresas y las pymes.

En adición, luce impostergable contribuir a quitar el miedo a contratar y en este punto la reducción de la litigiosidad laboral es un camino indispensable. Ya ocurrió en materia de riesgos del trabajo con las reformas vigentes desde marzo de 2017, y ahora es el turno del sistema de relaciones laborales. Esto se consigue con una mejor técnica legislativa y una mayor seguridad jurídica para establecer cómo debe calcularse una indemnización por despido y cómo deben confeccionarse los certificados de trabajo. Hacen falta previsibilidad para la asignación de responsabilidades en forma solidaria; razonabilidad para ejercer las facultades de organización y dirección empresarias, y respeto por los espacios de autonomía de voluntad que puedan plasmarse en beneficio de trabajadores y empleadores.

En definitiva, recrear las condiciones para dejar atrás un presente mediocre, anclado en fórmulas del pasado y defensa de privilegios sectoriales en desmedro de un interés general, valiéndose para ello de consignas voluntaristas que han construido una valla invisible e insalvable para quienes se quedaron fuera del sistema y pugnan por insertarse. Son estos los segmentos más vulnerables, los postergados por las reformas pendientes, a quienes una sociedad debe visibilizar e incluir, si pretende ser más justa y equitativa.

El autor es abogado, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados

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