Panamá abre el camino en la región al aplicar las más duras sanciones contra Maduro y Cabello

Diosdado Cabello y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores
Diosdado Cabello y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores Fuente: Archivo
Daniel Lozano
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30 de marzo de 2018  • 15:46

CARACAS.- Cuando Nicolás Maduro lanzó el miércoles su "mensaje de paz", de claras tonalidades religiosas y electorales, ni imaginaba que su Semana Santa se convertiría en un vía crucis muy revolucionario.

Primero surgieron las sanciones de Suiza contra ocho de sus más estrechos colaboradores, incluido Diosdado Cabello, número dos de la revolución. Después siguió la masacre en la comisaría de Carabobo, con 68 víctimas mortales que le valieron múltiples denuncias nacionales e internacionales.

Pero en la noche del Jueves Santo llegaron desde Panamá las peores noticias para el jefe del Estado. El país centroamericano hizo públicas sus sanciones contra el propio Maduro, Cabello, 53 dirigentes bolivarianos y 16 empresas vinculadas con la boliburguesía. A todos ellos los considera de "alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva". Tanto Suiza como Panamá son países reconocidos internacionalmente por ser receptores de capitales.

El decreto, publicado en la Gaceta Oficial panameña, impide a los señalados realizar cualquier operación financiera y económica en el país, pone en duda que puedan viajar a su territorio y sugiere el bloqueo de sus cuentas y activos.

De esta forma Panamá se convierte en el primer país latinoamericano que adopta sanciones contra el chavismo, abriendo un camino desconocido y uniéndose a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE). Tanto en Ciudad de Panamá como en el resto de cancillerías del continente se espera una reacción muy contundente desde Caracas, pese a que las sanciones no son contra el país y solo van dirigidas contra los dirigentes más destacados.

La lista de sancionados dibuja una radiografía del poder bolivariano. Además de sus dos grandes líderes, sobresalen ministros, jueces, gobernadores y los distintos tentáculos de los poderes públicos, incluyendo dos históricos como Adán Chávez, hermano mayor del "comandante supremo", y el exvicepresidente Elías Jaua.

Una nutrida representación militar, encabezada por el ministro de Interior, Néstor Reverol, también aparece en el listado confeccionado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas: Carlos Pérez Ampueda, director de la policía; Gustavo González, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin); Antonio Benavides, actual jefe de gobierno de Caracas y antiguo comandante de la Guardia Nacional, así como Bladimir Lugo, jefe del destacamento que hostigó a los diputados del Parlamento en la propia sede federal del Legislativo.

El gobierno panameño no se olvidó de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y de dos de sus rectoras, además de Américo Mata, también sancionado por Suiza y hombre clave en la conexión entre Odebrecht y el Maduro. Los dos ministros más poderosos son Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, en el ojo del huracán tras la masacre de la comisaría de Carabobo, y Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana y jefe del territorio fronterizo.

Además de los 56, el gobierno panameño deja abierta la lista a nuevas incorporaciones y pone su lupa sobre los posibles testaferros de todos ellos. Sus sanciones llegan cuando solo faltan dos semanas para que comience la Cumbre de las Américas en Lima, que ya se plantea como un pulso del Grupo de Lima contra los aliados bolivarianos. Martín Vizcarra, el nuevo presidente peruano, mantiene el veto contra Nicolás Maduro, una decisión adoptada por su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski.

"Las medidas anunciadas por Panamá contra funcionarios del régimen madurista deben ser adoptadas por otros gobiernos de la región. Son acciones positivas dirigidas a desarticular financieramente a los grupos de delincuencia organizada enquistados en el poder", pidió Luisa Ortega, fiscal en el exilio. Su sucesor, nombrado de forma ilegal por la Asamblea Nacional Constituyente, también aparece entre los sancionados por Panamá.

"Panamá toma la iniciativa en Latinoamérica y coloca sanciones directas contra personas vinculadas con el lavado de dinero. De la palabra a la acción. Ese es el camino correcto en esta etapa", añadió Carlos Vecchio, coordinador de Voluntad Popular en el exilio, que junto al expresidente parlamentario Julio Borges recorre el continente para denunciar la falta de condiciones democráticas para las elecciones presidenciales.

Las 16 empresas sancionadas ya fueron investigadas previamente por medios locales, que encontraron vínculos con la familia de Cilia Flores, mujer de Nicolás Maduro, y con su entorno. "Con esta medida es evidente que el gobierno de Panamá consiguió el mecanismo legal en su ordenamiento jurídico para replicar las medidas de prohibición de entrada y congelamiento de activos que ya adoptaron Estados Unidos, Canadá, la UE y Suiza", sentenció el internacionalista Mariano de Alba.

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