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El traslado de jueces aún genera polémicas

Es un procedimiento frecuente, pero bajo cuestionamiento
María Belén Álvarez Echazú
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31 de marzo de 2018  

En plena temporada de altas y bajas en la relación del Poder Judicial con el gobierno de Mauricio Macri, la Corte Suprema de Justicia provocó un conflicto inesperado al rechazar la habilitación del Tribunal Oral Federal (TOF) que debía juzgar a Cristina Kirchner. En la misma acordada que negó la puesta en funcionamiento del tribunal, la Corte consideró inconstitucional el traslado de jueces a tribunales de distinta competencia para la que fueran elegidos.

En el año 2000, el Consejo de la Magistratura aprobó un "Reglamento de Traslado de Jueces", en el cual se estableció como requisitos para el pase a otro tribunal que no se haya llamado a un concurso para cubrir el cargo; que el traslado corresponda a la misma jurisdicción, competencia en materia y grado que el cargo que el juez ocupa; y que el magistrado peticionante tenga una antigüedad no menor a cuatro años.

Desde entonces, según la base del Boletín Oficial, hubo 53 traslados y no siempre se respetaron los presupuestos establecidos por reglamento. El caso más reconocido es el de Carlos Mahiques, un camarista que fue trasladado de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal a la Cámara Federal de Casación de la misma ciudad, un tribunal clave a la hora de juzgar delitos de corrupción. El traslado fue impugnado judicialmente sin éxito y a la fecha Mahiques sigue allí.

Cubrir una vacante no es simple. El Consejo de la Magistratura debe llevar adelante un concurso de antecedentes y oposición, del cual resulta una terna que es elevada al Poder Ejecutivo para que elija un candidato, que deberá ser ratificado por un acuerdo del Senado. Los traslados, por su parte, solo llevan una recomendación del Consejo y la decisión final queda en manos del Ejecutivo, que sella el proceso con un decreto.

Entre los más de 50 traslados aprobados, solo 8 fueron habilitados en la presidencia Mauricio Macri, de los cuales por los menos dos no cumplirían con el requisito de idéntica jurisdicción y competencia: el traslado de Mahiques y el del juez Juan Manuel Iglesias, que pasó de ocupar un cargo en un tribunal oral federal en Entre Ríos a uno en Chaco. Por su parte, Cristina Kirchner firmó 23 traslados, entre los cuales hay 4 donde se habilitaron cambio de jurisdicción.

El resto de los pases tuvieron lugar en cargos de tribunales de idéntica competencia y jurisdicción del juez peticionante. Así, en los últimos años, hubo traslados de 14 jueces de cámara de una sala a otra, 33 traslados de un tribunal oral a otro, y solo 4 en juzgados de primera instancia.

"El traslado es una vía totalmente excepcional donde un juez pasa de un lugar donde ha sido elegido a otro. Desde su concepción no muestra una fuerte justificación porque, si un juez quiere pasarse a otra jurisdicción, es necesario que sea elegido de vuelta por el mecanismo que fija la Constitución", dijo en diálogo con LA NACION Marcelo Giullitti, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que también realizó un relevamiento de traslados.

"Los traslados rompen con toda lógica. Han sido utilizados para saltar el mecanismo constitucional y enviar un juez de una jurisdicción a otra. Abren puertas de peligro para la independencia judicial", toda vez que la voluntad termina siendo del Poder Ejecutivo y "posibilita colocar jueces cercanos en lugares estratégicos", señaló Giullitti.

Un último dato: el pasado 15 de marzo el Consejo de la Magistratura le recomendó al Poder Ejecutivo que apruebe el traslado del juez Leopoldo Bruglia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la misma ciudad, para cubrir la vacante habilitada por la remoción de Eduardo Freiler. Otro juzgado clave para la corrupción.

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