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Detectaron 1300 trolls en la última campaña electoral

Fuente: Archivo
Una auditoría en manos de la Justicia identificó la existencia de cuentas que generaban contenido proselitista, pero no fueron declaradas por los partidos
Iván Ruiz
Maia Jastreblansky
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1 de abril de 2018  

Hasta hace pocos años, los paredones de los barrios eran el principal botín de una campaña electoral. Ahora, en cambio, los lugares más codiciados para cualquier candidato son los muros de Facebook, las búsquedas en Google y las menciones en Twitter.

Inundar las redes sociales con la sonrisa de un candidato es sinónimo de éxito, coinciden públicamente todos los gurúes. Pero muchos callan que esa estrategia puede incluir algunos vicios, como ocurrió con el uso de datos de Facebook en la campaña de Donald Trump.

La Argentina no es ajena a esas prácticas al margen de la ley: se detectaron durante la última campaña 1367 trolls contratados por los partidos (pero no declarados), según una auditoría que ya está en manos de la Justicia. El informe, que ya está bajo investigación, sostiene que las alianzas políticas incurrieron en "actividades coordinadas" para apoyar esta práctica.

¿Qué es un troll? Una cuenta manejada mayormente por una persona que postea mensajes provocadores o agresivos para generar tendencias en los debates. Los entonces candidatos a senadores Cristina Kirchner y Esteban Bullirch, entre otros, sufrieron el acoso durante la campaña.

"Se detectó actividad de trolls y bots [cuentas robóticas] en las campañas electorales de 2017. El funcionamiento incluye actividades coordinadas de varias cuentas y actividades disparadas desde las publicaciones de líderes de opinión", sostiene la auditoría.

El informe enumera algunos ejemplos. "El usuario @mabaires es un troll que postea a diario imágenes de flores que copia de diferentes sitios web con el objetivo de evitar posibles denuncias ante Twitter por actividades de hostigamiento. Así buscó camuflar tuits proselitistas a favor del candidato kirchnerista Jorge Taiana o publicaciones en contra de la candidata Gladys González", explicaron en la auditoría.

Del otro lado de la grieta, también detectaron que "el usuario @pajara_12 es un reconocido troll que publica a favor de Cambiemos y con ataques directos a los candidatos del kirchnerismo". La auditoría calificó al usuario como "un troll de primera categoría" ya que -sostiene- es capaz de generar contenido propio que le permitió, incluso, ejecutar publicaciones políticas en tiempos de veda electoral.

El "trolleo"

La actividad de un troll requiere en la mayoría de los casos una ocupación full-time, pero tanto desde Cambiemos como en Unidad Ciudadana negaron haber contratado estos servicios. "Nosotros nunca usamos esas cosas. Ya lo aclaramos varias veces. Twitter es un micromundo ínfimo", dijeron desde la Casa Rosada.

Desde el kirchnerismo prefirieron chicanear al Gobierno: "No son prácticas que pertenezcan a nuestro espacio. [Mauricio] Macri se apoderó de las bases de datos de todos para usarla en beneficio personal. Gastan millones en pauta en redes sociales y es de público conocimiento que cada persona que critica al Gobierno es atacada por trolls".

Aunque no fueron declarados entre los gastos oficiales, las fuentes consultadas por LA NACION coincidieron en que el "trolleo" es parte de los servicios que ofrecen distintas consultoras que tercerizan la propaganda política en los medios digitales y redes sociales, una actividad prácticamente sin regulación.

Los líderes de opinión son claves para la interacción de estos trolls en Twitter porque "participan activamente o son mencionados de distintas formas en las conversaciones". La auditoría señaló al diputado Fernando Iglesias como la principal figura buscada por las cuentas que apoyan al oficialismo y al periodista Roberto Navarro por el kirchnerismo, entre otros.

Las reuniones con Messina

Días atrás, el escándalo de Cambridge Analytica por el robo de datos de 50 millones de perfiles de Facebook para empujar la candidatura de Trump puso sobre la mesa el problema. Los coletazos de ese escándalo llegaron a la Argentina cuando el diario Página 12 reveló que Messina Group, una consultora pionera en la extracción de información de "amigos" de Facebook para la campaña de Barack Obama, publicitó en su sitio web que asesoró a Mauricio Macri, entre otros líderes mundiales.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, "conoce a Jim Messina de reuniones en la Argentina y en los Estados Unidos", informaron desde la Casa Rosada. Pero aseguraron que "Messina Group tuvo cero relación con Cambiemos" y que "la empresa nunca asesoró al partido, ni fue contratada".

Un conocedor de las campañas de Cambiemos, en tanto, señaló a LA NACION que "existió una reunión informal con representantes de Messina Group donde se intercambiaron experiencias", aunque coincidió en que la empresa no fue contratada. "Les contamos cómo trabajamos con redes sociales y ellos nos explicaron los servicios que prestan, pero nunca trabajaron para nosotros", agregó.

Desde Cambiemos reconocen el uso de Facebook para hacer campaña electoral. "Si uno pasa la tarjeta de crédito, se le pueden pedir a Facebook muchas cosas. Por ejemplo, Mauricio [Macri] quiso dar a conocer lo que hizo en la ciudad con las bicisendas. Entonces pedimos segmentar a los usuarios por intereses, que Facebook deduce por algoritmos a través de los likes y de los posteos. Es algo legal".

Cambiemos gastó para la última campaña $12 millones en redes sociales con la firma Lord & Thomas. El kirchnerismo declaró un gasto de solo $2,1 millones a la firma P&P Social Media SRL para posteos en Facebook y en YouTube.

Facebook y Google

Más allá de las diferencias, los desembolsos en blanco para proselitismo en redes dieron un vuelco que ilustra su importancia. Los gastos en Internet y redes sociales ocuparon el 5% del presupuesto en 2011, pero ese número llegó hasta el 37% en la última campaña. Desde la Justicia estiman que en la presidencial del año próximo se acercará al 50%.

Desde la Cámara Electoral pidieron tanto a Facebook como a Google más detalle sobre las contrataciones en tiempos de campaña. Funcionarios judiciales llegaron incluso a reunirse con representantes de las firmas, pero ambas firmas fueron reticentes a revelar datos de sus clientes, confiaron las fuentes.

Los primeros inconvenientes llegaron con Facebook. La Cámara Electoral pidió una búsqueda de todas las páginas que hayan hecho campaña por un partido o candidato para comprobar si habían sido declaradas. Pero, al revés, desde la empresa exigen que la Justicia envíe un listado de cada una de las publicidades objetadas para proveer información. Una diferencia de procedimiento que empantana la investigación sobre el financiamiento de la campaña y que, por lo pronto, frustró el diálogo.

Tampoco prosperó la colaboración de Google. El gigante de Internet había recibido contrataciones en blanco de diez alianzas políticas por $20 millones en la última campaña presidencial, pero apenas se informaron gastos por $300.000 en las PASO del año pasado por parte de las agrupaciones Patria Grande y Libres del Sur. La Justicia electoral, sin embargo, detectó que durante los comicios de 2017 se realizaron unas 12.000 publicaciones pagas en Google que -presumen- habría sido tercerizada por consultoras.

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