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La puja por la jurisdicción, en el horizonte de las denuncias por abusos

Fernando Rodríguez
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3 de abril de 2018  

La denuncia presentada ayer, en día judicial inhábil, en una sede policial porteña, no solo representa la apertura de un nuevo frente judicial vinculado a los presuntos abusos sexuales sufridos por chicos de las divisiones inferiores de importantes clubes de Primera: también permite avizorar, en el mediano plazo, una puja interjurisdiccional por el control de la investigación.

Según cuánto avance cada uno, las causas podrían unificarse en la fiscalía de Avellaneda que el 21 de marzo abrió la pesquisa por un caso revelado en la pensión de Independiente o en el juzgado que, desde mañana, atenderá las alternativas de la revelación hecha ayer por el abogado de una ONG en nombre de una médica que hasta hace siete años trabajó en River.

La cuestión puede ir, incluso, más allá: si se trascendiera de la calificación actual -de abuso de menores- y los hechos revelados a futuro llegaran a configurarse como propios de las acciones de una eventual red de trata de personas con fines de explotación sexual, el caso podría terminar en la Justicia Federal.

Sería una resolución crucial, pues el fuero federal es el más influenciado políticamente. Esto es especialmente significativo por cuanto, detrás de los eventos conocidos inicialmente tras la denuncia de las autoridades de Independiente, hace dos semanas, comenzaron a circular nombres presuntamente relacionados con los abyectos hechos investigados. No se sabe aún qué de todo eso es verdad y qué algún tipo de operación para desacreditar a personas públicamente reconocidas.

La Justicia Federal (con Comodoro Py a la cabeza) ha dado muestras en las últimas dos décadas de su capacidad de manejo de los tiempos de las causas, especialmente, al vaivén de los contextos políticos y, fundamentalmente, de los nombres propios puestos en escena.

Es este, por ahora, un derrotero hipotético. Nada indica, por ahora, que los casos revelados de la pensión de Independiente tengan algún tipo de relación con los sucesos presuntamente ocurridos en la Casa River -la pensión de futbolistas infanto-juveniles del club de Núñez- entre, aparentemente, 2004 y 2011. Hay puntos generales en común (la captación de chicos vulnerables con fines de explotación sexual), pero siete años de diferencia, muchos para sustentar la posibilidad de que se trate de, eventualmente, la misma red de pederastas.

En ese tren de hipótesis, cobra relativa significancia el presunto papel del relacionista público Leonardo Cohen Arazi, extarjetero de Esperanto (escenario de incursiones nocturnas de futbolistas connotados y de cruces entre jugadores y "botineras") detenido en la causa Independiente.

De sus posteos en las redes sociales se sabe que en 2012 reclutaba, en sus propias palabras, "futbolistas con facha y dominio de la pelota hasta 17 a 21 años" para un casting de dudoso destino, y que también daba casi como un hecho que "lentamente se está blanqueando la prostitución". Dos años antes, en un programa de TV, había admitido que, a nombre de un personaje mediático les había pagado por sexo a chicos de las inferiores de All Boys, el club de Floresta.

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