Tensión en Brasil: la Corte ya define el futuro judicial de Lula

Los militantes del PT se congregaron en Brasilia para apoyar al expresidente
Los militantes del PT se congregaron en Brasilia para apoyar al expresidente Fuente: AP
Alberto Armendáriz
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4 de abril de 2018  • 18:45

RÍO DE JANEIRO.- En un clima de alta tensión, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil juzga en estos momentos el recurso de habeas corpus preventivo presentado por el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva para poder apelar en libertad ante las instancias superiores su condena a 12 años y un mes de prisión por corrupción.

De los once jueces que integran la Corte, ya votaron cuatro: tres (Edson Fachin, Alexandre de Moraes y Luis Roberto Barroso) en contra de concederle el beneficio al máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT), favorito para las elecciones de octubre, y uno (Gilmar Mendes) a favor del recurso. Todas las miradas están puestas ahora en la magistrada Rosa Weber, la única del tribunal cuya posición no está clara y quien podría ser decisiva para definir el resultado, que se preveía muy ajustado.

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La aguardada sesión del STF en Brasilia estuvo marcada por una alta tensión en los últimos días, con manifestaciones y choques entre simpatizantes de Lula y sus opositores. La semana pasada, dos buses de la caravana del exmandatario por el estado de Paraná fueron atacados con balas por desconocidos, y aunque el atentado no dejó heridos, generó temores sobre lo que puede ocurrir en la campaña electoral.

Las zona céntrica de Brasilia, donde se encuentra la sede del STF, amaneció hoy con las calles cortadas y una fuerte presencia policial. El perímetro de la Corte también había sido vallado para evitar que se acerquen al STF manifestantes a favor o en contra de Lula. Sin embargo, debido a una persistente lluvia en la capital, hasta ahora pocas personas se concentraron en el vecino parque de la Explanada de los Ministerios, dividido en espacios para partidarios del expresidente -mayoritarios- y sus detractores.

El clima de intranquilidad que se respira por la polarización política en el país aumentó ya anoche, luego de que el comandante del Ejército, general Eduardo Villas Boas, publicó un críptico mensaje en su cuenta de Twitter en el que señaló que la fuerza que representa repudia la impunidad frente a la corrupción y advirtió que el Ejército "se mantiene atento a sus misiones institucionales". Sus palabras recibieron tanto muestras de respaldo como de rechazo por brasileños que creen que aludía a la posibilidad de una intervención militar, como sucedió en la última dictadura (1964-1985).

"No tengo miedo de la cárcel; soy inocente"

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En julio de 2017, en el marco de la Operación Lava Jato, el juez federal Sergio Moro, en Curitiba, halló culpable a Lula de corrupción y lavado de dinero por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en Guarujá como soborno en especie a cambio de garantizarle a la empresa jugosos contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010). El exmandatario apeló el fallo, pero el 24 de enero, un Tribunal Regional Federal en Porto Alegre ratificó la sentencia y extendió la pena original de nueve años y medio de prisión a 12 años y un mes. Fue entonces que los abogados de Lula interpusieron ante el STF el recurso de habeas corpus preventivo.

Mientras Lula ha clamado por su inocencia, desde la cúpula del PT se ha insistido en que el partido lo presentará como candidato para las elecciones de octubre esté libre o preso; en libertad al menos podrá hacer campaña y buscar más respaldo popular. Según las encuestas, Lula tiene alrededor del 37% de las preferencias de voto, muy por delante de cualquiera de sus rivales.

Sin embargo, la legislación electoral -a través de la llamada Ley de Ficha Limpia- no permite que una persona condenada en segunda instancia sea candidata a un cargo electivo e inhabilitaría su registro. El PT adelantó que pedirá al Tribunal Superior Electoral (TSE) que haga una excepción y acepte su candidatura "sub judice", es decir, mientras se resuelven las apelaciones a la condena en la justicia criminal. Es poco probable que el TSE acepte esa condición, pero sólo habrá una definición en agosto, cuando los partidos deben registrar sus candidatos.

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