La orden de prisión para Lula

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6 de abril de 2018  

Luego de que la Corte Suprema de Brasil rechazara un pedido de habeas corpus presentado por Luiz Inacio Lula da Silva para apelar en libertad una condena a 12 años y un mes de prisión, el juez federal de Curitiba Sergio Moro ordenó la detención del expresidente, provocando una lógica conmoción en el mundo político brasileño.

En enero pasado, Lula, quien ya había sido condenado en primera instancia a nueve años de prisión por los delitos de corrupción y lavado de dinero vinculados con la disponibilidad de un departamento tríplex en Guarujá, fue notificado por el Tribunal Regional de la Cuarta Región de que esa condena se mantendría en vigor. De esa manera quedó expuesto a la posibilidad de cumplir una dura condena a prisión, aumentada a 12 años y un mes.

Lula, de 72 años, apeló ante el Supremo Tribunal Federal de su país, interponiendo un habeas corpus preventivo que ese tribunal acaba de denegar por seis votos contra cinco.

Al haber sido ahora condenado en apelación por un órgano colegiado, y próximo a la prisión, Lula se enfrentaría con una denegatoria al registro de su candidatura presidencial.

Hasta el momento, el expresidente, pese a las graves razones que dieron origen a su calvario judicial, ha continuado encabezando la intención de voto del electorado brasileño, con un sorprendente 37% de apoyo, según algunas encuestas. Este exsindicalista metalúrgico gobernó Brasil durante ocho años y dejó la presidencia en 2010 con un récord de popularidad, merced al crecimiento económico del país y a políticas sociales para combatir la pobreza, que no tuvieron un correlato en la transparencia pública.

No es imposible que la orden de detención de Lula contribuya a minar aún más su futuro político. Lo cierto es que la izquierda política brasileña parecería no tener hoy un candidato con el fuste y la popularidad que posee el exmandatario.

Entretanto, Brasil asiste a un debate entre quienes todavía creen que la corrupción es inevitablemente parte de la política local y quienes, por el contrario, aspiran a que la corrupción y la impunidad sean definitivamente erradicadas.

Con lo sucedido, parece haber quedado demostrado que el respetado juez Moro, responsable de la condena dispuesta en primera instancia contra el expresidente, no está solo. Lo que para algunos no era más que un esfuerzo individual de un magistrado que recibió cursos de capacitación en los Estados Unidos, terminó en un empuje judicial de muchas mayores proporciones para desterrar la corrupción pública en Brasil. Y este hecho debería servir de ejemplo no solo a Brasil, sino a toda la región.

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