Los fracasos políticos dominan la agenda nacional

Sergio Berensztein
Sergio Berensztein PARA LA NACION
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6 de abril de 2018  

En la agenda regional prevalecen las crisis políticas, como las que viven Brasil o Venezuela o aquella de la que está saliendo Perú. Mientras tanto, y como de costumbre, la Argentina llama la atención con acontecimientos cotidianos que demuestran que el desafío por mejorar la calidad institucional continúa postergado, lo que genera sobrecostos en materia de financiamiento y aleja inversores que miran al país con entendible desconfianza.

En este sentido, las derivaciones de la investigación sobre pedofilia vuelven a poner foco en los "servicios de inteligencia", una de las asignaturas pendientes más alarmantes. Acabamos de recordar otro 2 de abril con la convicción del reclamo justo, pero con el dolor y la indignación por la perversa irresponsabilidad de los autores de semejante desatino. Lo mismo ocurre con los cinco años transcurridos desde la inundación de La Plata: ni siquiera sabemos el número de víctimas fatales. Los fracasos de la política argentina son constantes, patéticos, lastimosos. A pesar de las promesas electorales, ni este ni los anteriores gobiernos plantearon un debate serio respecto de cómo salir de la postración. A lo sumo se cuelan cuestiones puntuales, espasmódicas, descontextualizadas. Los proyectos personales y la obsesión por permanecer en el poder traducidos en electoralismo permanente desplazan cualquier agenda de transformaciones políticas. Así, desperdiciamos sistemáticamente oportunidades para aprender de nuestros errores y madurar como sociedad.

Fuente: LA NACION

Hace una década, un reclamo puntual se convirtió en otro fracaso político y disparó un conflicto de proporciones: la resolución 125, la primera revuelta fiscal de nuestra historia. Generó una notable energía participativa, reconfiguró el mapa de poder e impulsó a la vida pública a muchos jóvenes (de preferencias políticas opuestas). En una investigación en curso, argumentamos junto a María Elisa Peirano y Mariano Turzi que, más allá del hecho puntual que inició la disputa (cuestiones de orden impositivo, como las retenciones a las exportaciones agropecuarias), su naturaleza se fue modificando: se volvió mucho más amplia, compleja, con reclamos más abstractos y políticos, tanto en el plano simbólico como en el material.

Fue el origen de la "grieta". También, el puntapié inicial del proceso de radicalización kirchnerista, con la creación de Carta Abierta y La Cámpora, el inicio de la guerra contra medios y periodistas críticos y la confiscación de los fondos de pensión privados, el cruce del principal Rubicón reciente en materia de violación de los derechos de propiedad.

A partir del conflicto con el campo germinaron en paralelo los primeros reclamos por la concentración de poder que había logrado Néstor Kirchner a expensas del Congreso y de la Justicia: apareció una exigencia de mayor "republicanismo". Las demandas contra la voracidad fiscal tardaron en volverse más nítidas, pero tienen en esta coyuntura crítica su antecedente principal: el propio gobierno de CFK se vio obligado a repartir algo de la renta agraria entre las provincias para ampliar su base de sustentación. Mejorar la calidad del gasto público es otro asunto prioritario pendiente, pero detrás del escándalo de los pasajes de los legisladores hay una cierta brisa libertaria, casi un conato de rebelión fiscal, vinculable con esta crisis fundacional.

La cadena agroindustrial argentina es el sector más dinámico y competitivo del país. Su capacidad de influencia política jamás logró ser proporcional a su tamaño ni a su importancia estratégica. Nunca alcanzó la capacidad de coordinar las acciones de sus variados componentes, lo que limitó su voz en el diseño y la implementación de políticas públicas. A diferencia de sus pares en otros países, protagoniza una paradoja singular: su notable eficiencia productiva, muy superior al promedio de la economía, la vuelve vulnerable frente a un gran número de actores urbanos que sobreviven gracias a la renta agropecuaria.

Siete años luego de la 125, un ciclo bíblico, Mauricio Macri ganó las elecciones gracias a un ejército de fiscales integrados en buena medida por los mismos protagonistas de los "piquetes de la abundancia" o al menos por quienes simpatizaron con su gesta y su valentía. Mientras la Mesa de Enlace fracasaba en institucionalizar la unidad de los productores, algo más proteico y más relevante sucedía en una sociedad sin representación política consistente, pero con demandas crecientes.

Aunque la 125 no sirvió para que el campo se constituyera en un actor político de peso, fue una suerte de terremoto que reordenó la política argentina con efectos de corta, mediana y larga duración. Catalizó procesos adormecidos, resignificó símbolos y redefinió liderazgos, profundizó tendencias secesionistas dentro y fuera del peronismo, transformó demandas sectoriales en un grito de oposición: antioligárquico para algunos, antiautoritario para otros.

En El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva, Elinor Ostrom estudió cómo se gestionan los bienes públicos con el dinero de los contribuyentes: las sociedades crean y mantienen reglas, normas y sanciones a lo largo del tiempo para garantizar que se utilicen de forma sostenible. Mirado en torno de este paradigma, cuando el agro defiende solamente intereses sectoriales, no logra su propósito, pero si amplía sus demandas y se transforma en el vector clave de un modelo inclusivo y sustentable, incrementa sus chances de éxito.

En un país donde la política es casi siempre parte del problema y casi nunca de la solución, en el que la crisis de representación lleva demasiado tiempo, en el que los que gobiernan no se animan a proponer gestas transformacionales incluyentes y sensatas, pueden ocurrir situaciones impensadas que conmocionan el statu quo y brindan protagonismo a actores que no estaban preparados para asumir semejante rol. Navegar sin un curso de acción definido tiene estos imponderables.

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